El Senado convirtió en ley el nuevo régimen penal para evitar y sancionar las maniobras de lavado de dinero. Fue por 61 votos afirmativos contra dos negativos, por parte de los peronistas disidentes Adolfo Rodríguez Saá (San Luis) y Roberto Basualdo (San Juan). Luego de esta votación, se aprobó un proyecto “correctivo”, que pasó a la Cámara de Diputados. La sanción de la nueva ley crea un capítulo dentro del Código Penal, bajo el título de “Delitos contra el orden económico y financiero”, el cual establece que las actividades de lavado de activos configuran un crimen autónomo. Esta fue una iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo y reclamada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, durante la inauguración de las sesiones ordinarias, para evitar una sanción de los países que integran el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El radical Ernesto Sanz reconoció que la norma representa un “avance institucional del país”.

El oficialismo y la oposición de la Cámara alta coincidieron en señalar la relevancia de aprobar esta norma y la calificaron como “imprescindible”, más allá de que fue sancionada contra reloj para evitar las sanciones del GAFI. “La tarea de la Presidenta y la oposición demostró interés por resolver esta problemática. Por eso quiero reivindicar el rol del Congreso”, señaló Miguel Angel Pichetto, titular del bloque del FpV.

Uno de los pedidos del organismo internacional había sido que el Código Penal sancionase lo que se conoce como autolavado. Por eso se avanzó en la definición de delito autónomo. Con la normativa actual, si se descubría que una persona había incurrido en alguna acción de lavado como parte de otro crimen, como el narcotráfico, se lo investigaba sólo por este último hecho, ya que el lavado era tipificado como “encubrimiento” del delito mayor. Es decir que a partir de ahora no habrá que probar que una persona es narcotraficante para luego poder condenarlo por lavado.

Uno de los aspectos que fueron limitados durante el debate en la Cámara de Diputados fue la capacidad de la Unidad de Información Financiera (UIF) de constituirse como querellante para agilizar los trámites judiciales. Para la oposición, ésta era una especie de “carta blanca” para “la discrecionalidad”. Por eso se le quitó esta facultad. También se fijaron pautas para el mecanismo de elección de las autoridades de la UIF, que a partir de ahora deberá ser por concurso público.

Sobre la actitud de la UIF, Rodríguez Saá trajo al recinto las denuncias de lavado formuladas por la diputada de la Coalición Cívica Elsa Quiroz, contra Sergio Schoklender, ex apoderado de las Madres de Plaza de Mayo.

El mismo día en que se sancionó esta ley, la UIF cursó la denuncia al fiscal Raúl Pleé, titular de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. La denuncia es por la compra de tierras en el partido de José C. Paz, en febrero de 2008. En defensa del titular de la UIF, José Sbatella, quien presenció el debate parlamentario, Pichetto manifestó que la causa no estuvo paralizada, sino que el funcionario le remitió al fiscal un expediente con “4000 fojas”.

“La UIF es un organismo pequeño, muy concentrado, pero con un plexo de atribuciones muy grande. Por eso creo que debería ser un órgano extra poder. Sin embargo, destaco el marco teórico que estamos sancionando. Nadie podrá decir ahora que no hay legislación específica para perseguir el lavado. Pero lo más importante es el marco práctico para perseguir y juzgar al crimen organizado. De nada servirá asistir a la próxima reunión del GAFI para mostrar una ley pero sin tener la voluntad práctica y política de querer juzgar estos delitos”, manifestó Sanz.

Ningún senador quiso quedar vinculado a una posible sanción dentro del GAFI, por eso votaron la norma tal cual llegó de la Cámara de Diputados, para evitar cualquier dilación. Sin embargo, avanzaron con la sanción de una “ley correctiva”, impulsada por Escudero y los radicales Sanz y Gerardo Morales, que ahora deberá ser debatida en la Cámara de Diputados.

Este proyecto correctivo modifica la nómina de sujetos obligados a informar a la UIF. Los escribanos públicos y los profesionales en Ciencias Económicas serán sujetos obligados cuando lleven a cabo operaciones para su cliente relacionadas con compraventa de bienes inmuebles, administración del dinero, cuentas bancarias y compraventa de entidades comerciales. También se incluyó a las personas que reciben donaciones, modificación que incluye a los partidos políticos. A su vez, “los sindicatos y obras sociales cuyos síndicos estén obligados a reportar cualquier operación sospechosa de configurar el delito de lavado, también quedan dentro de la ley”, aclaró Escudero.

El proyecto que fue convertido en ley fija una multa de dos a diez veces del monto de la operación. La ley correctiva fue aprobada por 57 votos afirmativos y una abstención.