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Una Presidenta, que no se define feminista, levanta una de las banderas del movimiento de mujeres y la enarbola, asumiéndola como propia y al mismo tiempo la socializa al convertirla en política pública.

Los anuncios del rubro 59 venden a las mujeres. Las cosifican. Las denigran. Las humillan. No sólo con sus textos. También con sus imágenes. Se presume que muchos de esos clasificados podrían encubrir situaciones de proxenetismo, abuso sexual infantil y trata de mujeres y niñas. Los diarios se enredaban, a conciencia, con posibles mafias de prostitución y trata. No hay moral ni responsabilidad social empresaria cuando la factura es grande.

La trata para esclavitud sexual es un negocio global y complejo, el tercero más redituable de los negocios ilícitos, después del narcotráfico y el tráfico de armas. Hay grandes y pequeñas redes involucradas. Es probable que quienes lucran con el cuerpo ajeno, sometiendo a jóvenes vulnerables a condiciones de explotación inimaginables –violadas para vencer sus resistencias, drogadas, con jornadas en las que son obligadas a mantener relaciones sexuales con más de una docena de clientes-prostituyentes– busquen otras formas para ofrecer su mercancía. Desde hace pocos años ha crecido exponencialmente, al menos en la Ciudad de Buenos Aires, la cantidad de oferta sexual a través de papelitos pegados en marquesinas publicitarias, postes de luz, semáforos. Los pegan a lo largo de todo el día. Se puede sentir el pegamento fresco a cada momento que se los arranca para tirarlos a la basura. Son desafíos a enfrentar.

El decreto 936 reactualizó el debate del problema de la trata y la explotación sexual. No es poco. Eliminar de los medios de comunicación los anuncios que degradan la dignidad de las mujeres contribuirá a combatir la discriminación hacia las mujeres y la violencia simbólica. La discriminación y la violencia de género son dos caras de la misma moneda: la discriminación –plasmada en los avisos de comercio sexual– promueve la violencia hacia las mujeres; la violencia profundiza la discriminación.

La discusión por la reforma del Código Civil para permitir que parejas del mismo sexo pudieran casarse y tuvieran los mismos derechos derribó poco a poco prejuicios arraigados, o los puso tan en evidencia que, al quedar en ridículo en el ámbito público, los exorcizó. Quedan todavía, seguro, mentes obtusas que se escandalizan ante la idea de que dos mujeres casadas puedan ser reconocidas legalmente como dos mamás o puedan adoptar conjuntamente una nena o un nene. Pero las nuevas generaciones crecerán en una sociedad que amplió derechos y las resistencias se irán apagando.

Katherine MacKinnon, en Hacia una teoría feminista del Estado, escribió: “El Estado, a través de la ley, institucionaliza el poder masculino sobre las mujeres institucionalizando en la ley el punto de vista masculino. Su primer acto de Estado es ver a las mujeres desde la perspectiva del dominio masculino; el siguiente es tratarlas de esta forma. Este poder, este Estado, no es un lugar concreto, sino una red de sanciones repartidas por toda la sociedad que ‘controla los medios principales de coacción’ que estructuran la vida diaria de la mujer”.

Ayer, el Centro de Comunicación y Género de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata recordó las palabras de la reconocida jurista feminista estadounidense. Y consideró que el decreto firmado el martes por la Presidenta escapa del punto de vista masculino. “Esta normativa que ya rige en todo nuestro país es un pequeño paso para transformar una matriz cultural machista y desnaturalizar esos discursos que objetifican a la mujer”, opinó el Centro. Seguramente no será suficiente, pero tal vez no sea tan pequeño el paso.