La Sala I de la Cámara Penal y Contravencional porteña hizo lugar a la apelación del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y ordenó que se reabra la causa por la toma del Parque Indoamericano. El caso había sido cerrado en marzo pasado por la jueza María Cristina Nazar, quien señaló entonces que era imposible atribuir el delito de usurpación a los ocupantes y planteó “la inconveniencia de criminalizar la pobreza”. Pese al reclamo de la fiscalía porteña para apartarla, el tribunal decidió que Nazar continúe al frente de la causa, aunque juzgó “arbitraria” y “carente de fundamentación” su resolución y adujo que la pobreza de los ocupantes “no alcanza para descartar posibles delitos”. De ser apelado este fallo, firmado el 15 de julio pasado, la causa llegaría al Tribunal Superior de Justicia porteño. Por el momento, no se harán efectivas las seis detenciones de delegados solicitadas por los fiscales.

“Consideramos que no es posible descartar que se haya configurado un presunto despojo de la posesión y la limitación al ‘uso’ normal del parque en cuestión; tanto para el disfrute de la sociedad cuanto para el tránsito de peatones y la circulación de vehículos por las calles internas del mismo”, afirmaron en su fallo los camaristas Marcelo Vázquez, Elizabeth Marum y Sergio Delgado. “Sostener lo contrario es excluir indebida e injustificadamente los bienes destinados al uso común, otorgándole una menor protección que la brindada a los bienes de dominio privado”, agregaron los camaristas.

Nazar había resuelto cerrar la causa planteando que el parque es un bien de dominio público del Estado y no un bien privado: “Por lo tanto, es un bien que no se encuentra en el comercio. Así, no puede ser poseído, es decir que los ocupantes nunca se podrían convertir en poseedores ni tenedores, ni podrían haber despojado a nadie de su posesión”. La jueza insistió en que “la cuestión excede el marco del Derecho Penal y se enrola en una cuestión social que debe estudiarse y resolverse, como sucedió, a través de las instituciones previstas por la Constitución local”.

Los camaristas siguieron el argumento presentado por el fiscal de la Cámara Contravencional, Walter Fernández, quien criticó a Nazar por su cambio de opinión, ya que había ordenado el desalojo el 7 de diciembre del año pasado en el predio (que sería reocupado dos días después) y tres meses más tarde afirmó que no hubo delito. “Se trató de una visión prima facie (a primera vista) del problema, en el marco de una medida precautoria”, fue la justificación que dio Nazar.

Tras el desalojo de la segunda ocupación, el fiscal Fernández había pedido la detención y el allanamiento de las casas de seis delegados de las villas 20 y Los Piletones: Diosnel Pérez Ojeda, Luciano Nardulli, Noemí Mónica Ruejas y Berta Elizabeth Revilla, Antonio Marcelo Chancalay y Alejandro “Pitu” Salvatierra. “Ya no tiene mucho sentido allanarles la casa, sobre todo si este fallo es apelado y se resuelve a favor nuestro en un mes”, comentó anoche una fuente de la fiscalía. Sin embargo, la idea es continuar con el caso, agregó, “más allá de que resulte llamativo que no hayan apartado a la jueza Nazar”.

Sobre este último punto, los camaristas comentaron que “no existen motivos para suponer, de momento, comprometida su imparcialidad”. Según estimó el juez Sergio Delgado, ahora Nazar “deberá imprimir al proceso un trámite ajustado al criterio aquí sustentado”. El criterio de esta sala es que “si los parques, como el Indoamericano, son bienes de dominio público, y como tal, todos los habitantes son titulares del derecho de uso común, en modo alguno pueden uno o más de ellos arrogarse un poder sobre esos bienes que restrinja el derecho de los demás”.

Ni la fiscalía ni la defensa fueron aún notificados oficialmente de la decisión de la Cámara Penal y Contravencional porteña, que tampoco constituye una definición de fondo sobre el caso. Fuentes de la Defensoría General porteña, que defiende a dos acusados, aseguraron a este diario que hoy habrá una reunión entre los letrados Mario Kestelboim, Alejandro Slokar y Marcelino Civitillo. “Vamos a pensar una estrategia, creemos que cuando existen necesidades insatisfechas y se ocupa un espacio público no puede ni debe plantearse el delito de usurpación”, dijeron.