La Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal expresó su “solidaridad con el juez Raúl Zaffaroni”, recordó “su permanente lucha contra la explotación humana” y denunció “el daño institucional generado por la intencionalidad, ligereza o juicios apresurados” en las denuncias formuladas en su contra. Por otra parte, la titular de la Asociación de Meretrices recordó la actuación que tuvo Zaffaroni en la derogación de los edictos policiales porteños, y denunció un recrudecimiento de extorsiones y amenazas policiales.

El documento –con las firmas de Carlos Caramuti, presidente de la Asociación; Marcelo Riquert y Daniel Domínguez Henain, vicepresidentes; los directivos Marcelo Buigo, Guillermo Llaudet y Luis María Bunge Campos; y los ex presidentes Daniel Erbetta, Javier De Luca y José Buteler–- expresa “solidaridad con el profesor Eugenio Raúl Zaffaroni frente a las denuncias que pretenden involucrarlo en graves hechos impropios de su función. La participación o complicidad con dichos hechos es incompatible con su hombría de bien, su pensamiento y conducta humanistas y su permanente lucha en defensa de los derechos humanos y contra cualquier forma de explotación, que le ganaron prestigio y honorabilidad en los ámbitos académico, profesional y judicial, nacional e internacional, y contribuyeron a la formación de generaciones de profesionales”, sostiene la Asociación, y señala “el daño institucional generado por la intencionalidad, ligereza o juicios apresurados en la comunicación”.

Zaffaroni fue cuestionado a partir de informaciones según las cuales departamentos de su propiedad, alquilados, se habrían usado para trabajo sexual. Elena Reynaga, titular de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar), recordó que Zaffaroni, como legislador porteño, “fue uno de los autores de la derogación de los nefastos edictos policiales; recordamos su respeto y su disposición a escuchar. Defendemos que un grupo de mujeres alquile un departamento sin proxenetas: las situaciones de miedo y clandestinidad hacen que resulte más difícil alquilar o que las inmobiliarias aprovechen para cobrar más, y hay policías que les exigen 300 pesos por semana a las compañeras en departamentos, por eso importa la regulación legal de este trabajo”. Además, “en plaza Once, policías presionan a las compañeras diciéndoles que ‘ahora la Presidenta prohibió el trabajo sexual’; ‘Negras de mierda, váyanse a su país’, les dicen a las dominicanas”.