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La niña de 14 años que denunció que fue embarazada como consecuencia de una violación y reclama en Misiones hace más de una semana el acceso a un aborto no punible para poner fin a esa gestación forzada todavía sigue sin respuesta. “Mi hermana quiere abortar, no quiere tener esa criatura. Pero la jueza no la autorizó”, dijo anoche a Página/12 uno de sus diez hermanos, Carlos, de 18 años. En realidad, la jueza de Familia N° 2 de Posadas, Marta Alegre, que tenía el caso en sus manos, firmó una resolución en la que aclaró que no habría impedimento legal para llevar adelante la práctica –al tratarse de un aborto no punible–, pero al mismo tiempo, y por segunda vez, se desentendió del problema y no se pronunció dándole su aval, al señalar que no se requiere autorización judicial en esos casos. La indefinición de la magistrada dejó desprotegida a la niña y a su familia: en el Hospital de Maternidad y Obstetricia de la capital provincial, donde se debería llevar adelante la interrupción del embarazo, sus directivos expresaron ayer –según pudo saber este diario– que no están dispuestos a realizar el aborto sin una autorización judicial.

La resolución de la jueza Alegre fue firmada el viernes, pero recién trascendió ayer. La magistrada habría argumentado que al no haber una negativa formal al aborto en un hospital de la provincia, no están dadas las circunstancias para que ella tenga que intervenir. Es cierto que la familia no había pedido el aborto en el hospital y que un aborto no punible no requiere un permiso legal. Pero también es real que sin ese aval en muchos hospitales públicos no quieren realizar la interrupción legal de embarazo. La defensora oficial de la familia, Elsa Gertrudis Molinas de Fragueiro, tiene la decisión de apelar el fallo de la magistrada: buscará que haya un pronunciamiento donde quede claro que hay una autorización judicial para llevar a cabo el aborto no punible, para evitar trabas en el Hospital de Maternidad y Obstetricia.

Misiones, a diferencia de otras provincias como Chubut, Buenos Aires y Neuquén, no tiene un protocolo para la actuación hospitalaria frente a un aborto no punible.

De todas formas, el Ministerio de Salud de la Nación, en la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles, actualizada en 2010 por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, establece con claridad el procedimiento a seguir cuando el embarazo es producto de una violación como en este caso y señala que el médico tratante “debe solicitar a la mujer constancia de la denuncia de la violación” o “una declaración jurada de la mujer”, como único requisito.

La provincia de Santa Fe incorporó como resolución ministerial esta Guía nacional entre las normativas de cumplimiento en su territorio.

Según informó ayer Carlos, uno de los hermanos de la niña, el embarazo ronda las nueve semanas de gestación. Carmen F., la mamá de la niña, está desesperada. “Tampoco quiere que mi hermana tenga esa criatura”, afirmó Carlos, en diálogo con este diario. Viven en un barrio humilde de la ciudad de Posadas.

La niña denunció que fue violada por un tío, en represalia porque lo denunció por haber abusado sexualmente de una hermanita de 10 años y haber intentado hacerlo también con ella. El hombre ya fue detenido.

Los abusos salieron a la luz en la escuela: en una actividad escolar tenían que contar el día más triste de sus vidas: así las chicas describieron que dos años atrás un tío había abusado de la menor y la mayor había intentado defenderla. La madre tomó conocimiento y denunció penalmente al hombre.

Las chicas contaron los hechos en Cámara Gesell en el Juzgado de Instrucción N° 6 a cargo de Ricardo Balor. Pero mientras se sustanciaba la investigación, el tío se enteró de la denuncia y, al parecer, para vengarse, encontró a la sobrina y la violó. Producto de ese ataque habría quedado embarazada.

Desde hace más de una semana que en la Justicia se pasan el pedido de aborto de la niña de un lado a otro y dilatan una solución. El tiempo juega en contra: a medida que avanza el embarazo se hace más complicado el aborto. La familia expresó su decisión de interrumpir la gestación en un primer momento ante la jueza Alegre, a través de la defensora Fragueiro. Pero la magistrada le pasó el expediente al juez Balor, que investiga los delitos penales. Balor señaló que el caso no requiere autorización, pero pidió ser apartado y se inhibió de resolver “por una cuestión de principios religiosos” y le devolvió la causa a la jueza Alegre. La magistrada elevó la causa al Superior Tribunal de Justicia de Misiones. La Corte provincial hizo un acuerdo extraordinario el jueves y le ordenó a la jueza que se pronuncie. La magistrada podría haber actuado de otra forma, como lo hizo en 2010 ante un hecho similar el juez de instrucción de Bariloche Martín Lozada, que para evitar que una adolescente que había denunciado una violación deambulara por los tribunales, firmó –sin dudar– el permiso, aunque aclaró que no era necesario. Esa intervención de Lozada fue luego avalada por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.