Tras varias semanas de negociación, el Comité de Crisis Rural del Departamento Lacar (Neuquén) logró que el gobierno neuquino aprobara un plan de emergencia elaborado con participación de los propios actores afectados por la caída de cenizas del volcán Puyehue. Por primera vez, el reclamo reunió a pequeños productores criollos e indígenas. Ahora, este ámbito, representativo de más de 400 familias campesinas, administrará y ejecutará fondos para la emergencia agropecuaria aportados por la Nación, para paliar los problemas dejados por la erupción. Coordinado por las autoridades del Parque Nacional Lanín (PNL), y con participación de dependencias nacionales y provinciales, el Comité está compuesto por fomentistas rurales, cooperativistas apícolas y autoridades mapuches. No sin contradicciones, desde el CCR se proponen como “modelo” para el “campo invisibilizado”.

Como primer paso, el Comité debió demostrar que las familias rurales de Lacar se encontraban en emergencia. A través de un informe presentado el 16 de junio por las autoridades del Parque Nacional y la Agencia de Extensión Rural del INTA en San Martín de los Andes, se constató que había parajes en los que la situación era “muy grave” y en donde se necesitaba una “intervención prioritaria y urgente”, ante una capa de cenizas que en algunos sitios alcanzó los 15 centímetros. Casos de “diarrea y abortos” en ganado vacuno y equino, y ovinos “volteados” debido al peso de la ceniza en su lana, y con una probable “muerte inminente”, son algunas de las observaciones sobre los 7617 animales contabilizados en el primer relevamiento.

A la vez que ese sector esperaba la asistencia del Estado, hubo un “circuito preferencial al que se dirigieron las primeras medidas, como las exenciones impositivas o la asistencia vía bancos”, apuntó María Contreras, del Departamento de Conservación y Manejo del Lanín. Marcelo Fernández, coordinador del Comité y representante del parque, amplió: “De dos millones y medio de pesos que llegaron de Nación a Neuquén en un primer momento, la provincia bajó un millón para diez grandes exportadoras de trucha y lo demás fue a todo el resto”. Por ejemplo, “a los productores de Lacar les mandaron 100 mil pesos, dos meses después” del inicio de la crisis. Fernández destacó que, mientras la trucha va a exportación, los pequeños ganaderos producen “el 70 por ciento de las proteínas” de la provincia.

Ante ese panorama, los actores “excluidos” se unieron. “Separados no íbamos a llegar a ningún lado”, reconoció Ariel Epulef, lonco de la comunidad currhuinca, que abarca cuatro parajes con cerca de 70 familias cada uno. La misma actitud adoptó Elvia Fosbori, miembro de la Asociación de Fomento Rural (AFR), organización que nuclea a 14 familias de productores criollos sin títulos de tierra. La mujer relató que ante la mortandad de animales “la ayuda sólo llegaba a los bancarizados”. Fue entonces que, en un “hecho histórico”, mapuches y criollos articularon sus reclamos. Es que “ambos somos sujetos invisibilizados”, argumentó la productora.

También se sumó la Cooperativa Apícola Patagonia Andina. Mario Bravo, miembro de la entidad, narró que “la ceniza actuó como pesticida directo sobre las colmenas”. Los 10 mil kilos de miel que produce esa asociación al año “no mueven la aguja de la economía”, pero es en lo que está depositada “la vida de cada cooperativista”, compartió.

Entre los técnicos del PNL y el INTA, y los propios afectados se elaboró un plan para “que el sector subsista”, indicó Martín Rodríguez, viceintendente del PNL. El proyecto fija un plazo de dos meses, en el que se estima gastar 2.518.119 pesos. La mayor parte se destinará al área ganadera, entre alimentos, insumos sanitarios e infraestructura. El resto se dividirá para asistir a la producción de aves de corral y la apicultura, y otra partida para cuestiones logísticas. Mediante la disposición 171, el Ministerio de Desarrollo Territorial consideró “válidos los criterios” del comité, y ahora se trabaja en el modo y plazos de entrega de los fondos.

De cara al futuro, el Comité aspira a fijar agenda y proponer “políticas estructurales” para quienes “desde hace años están de rodillas”, apuntó Rodríguez. Esa consideración se sustenta en que en el PNL –en un caso único– trabajan hace cerca de 20 años en el manejo compartido del área con indígenas y campesinos, y conocen de primera mano sus problemáticas.

“No teníamos políticas para los pequeños crianceros y ahora las estamos construyendo. Esto se debe mantener”, evaluó Epulef. Fernández dijo que este ámbito “discute un modelo” de gestionar políticas agrarias, “con autonomía y participación de las organizaciones” y “fijó una posición institucional del Parque Nacional Lanín”. “Militamos todos los días para que perdure”, enfatizó el coordinador.

Informe: Leonardo Rossi.