La Universidad Nacional de Luján llevó adelante un juicio académico contra un profesor que fue denunciado por una estudiante por acoso sexual y laboral. El tribunal instructor conformado por tres docentes lo encontró “culpable”. El 1º de septiembre el Consejo Superior deberá dictaminar qué tipo de sanción le impone: un llamado de atención, la suspensión sin goce de haberes por 180 días o la expulsión. Organizaciones estudiantiles que acompañaron a la alumna durante todo el proceso reclaman que se le aplique el castigo máximo como medida ejemplificadora frente a “los actos de violencia hacia las mujeres”. La persecución y el hostigamiento que sufrió la joven llegaron a tal punto que tuvo que recurrir a la Justicia. El Juzgado Civil de Mercedes le impuso al profesor la prohibición de acercarse a la estudiante en un perímetro de 200 metros. También la UNLu “en forma preventiva” lo suspendió en sus cargos –con goce de haberes– y le prohibió el ingreso a todas las sedes de la casa de altos estudios, desde hace poco más de un año. De todas formas, se comprobó que violó ambas restricciones en varias oportunidades.

El profesor acusado y condenado es el ingeniero agrónomo José Luis Torella. Con veinte años de docencia, trabajaba para el Departamento de Tecnología en la carrera de Ingeniería Agronómica, y era profesor adjunto de la asignatura Manejo del Sistema Agropecuario, cuando fue denunciado por la joven E. Ella durante el año 2009 trabajó en una pasantía que estaba a cargo de Torella.

“El acoso psicológico o mobbing implica un acto de discriminación, una perturbación de la autonomía individual y una coacción del individuo que vulnera los derechos humanos, constituye violencia económica y afecta de diversas maneras a los que la sufren, en este caso la dignidad, la integridad moral y psíquica. Todo esto le ocurrió, según se ha probado, a la estudiante”, escribió en su voto una de los tres profesores integrantes del Tribunal Académico Instructor, Alicia Itatí Palermo. El veredicto fue por unanimidad.

Por Resolución 06 del Consejo Superior de la UNLu, Torella está suspendido en sus funciones desde el 18 de febrero de 2010.

En la UNLu hay becas para el alumnado. Todos los becados deben tener un docente “tutor”, cuya función es firmar una planilla al final de cada cuatrimestre donde consten las materias que aprobó el alumno. Como esa planilla debe ser entregada a la oficina de Servicio Social en determinado plazo, lo más habitual es que el docente tutor sea alguien que los becados vean seguido, para poder cumplir con ese requisito. Torella era docente tutor de la estudiante, cuyo nombre será mantenido en reserva. La joven declaró que el profesor le hacía comentarios de vuelo sexual, la perseguía dentro y fuera de la universidad, hasta llegó a ir a su casa varias veces a buscarla. La llamaba por teléfono: un día, quedaron registrados diez llamados, según el informe que suministró a la UNLu la empresa de telefonía celular. “Según pudo reconstruir la instrucción del juicio, ante las negativas de la estudiante a sus proposiciones, el docente planteó a Servicio Social, mediante cartas y personalmente, que se le dé de baja a la beca, una medida que no está dentro de las atribuciones de un docente-tutor, lo cual significa que es ilegal dentro de los reglamentos de la universidad, y el Tribunal lo consideró como una forma de violencia económica”, contó a Página/12 Natalia Mezzasalma, testigo del juicio, de 22 años, secretaria general del Centro de Estudiantes de Agronomía.

La joven, que ahora tiene 26 años y continúa sus estudios, lo denunció por acoso sexual, persecución, violencia económica, abuso de poder y amenazas dentro y fuera de la universidad. Primero lo hizo ante la Comisaría de la Mujer de Luján y luego ante el Juzgado Civil de Mercedes.

“Una vez iniciada la denuncia en la Comisaría de la Mujer, este docente amenazó a la estudiante, y la persecución se acrecentó. Luego de iniciado el juicio académico, su forma de ejercer la violencia fue a través de amenazas hacia varios testigos, tratando de iniciarle un sumario académico a la estudiante –que fue desestimado por la universidad–, pagando solicitadas en diarios locales para ‘hablar mal’ de ella, tratando de desprestigiarla, de dañar su integridad moral, así como también de los testigos por supuestos falsos testimonios y de las organizaciones, argumentando que todo esto era una mentira montada para expulsarlo porque teníamos algo en contra de él o cosas así”, detalló Laura Kreser, otra estudiante de la UNLu.

Durante el proceso, la estudiante tuvo la representación legal de la abogada Adriana Maggio, asignada por el Colegio Público de Abogados de Luján, ante un pedido de las organizaciones estudiantiles, que la acompañaron, entre ellas el Movimiento Independiente de Agronomía que forma parte del Frente Popular Darío Santillán, y el Frente Universitario de Luján, que está dentro del Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social.

El Tribunal Académico Instructor se constituyó el 20 de mayo de 2010. Luego de un extenso proceso, donde tomó declaración a múltiples testigos de cada una de las partes llegó a su veredicto a comienzos de junio. Lo encontraron culpable por su conducta de tres de las seis causales que ameritan un juicio en el Reglamento de Juicio Académico de la UNLu: a) Incumplimiento de sus obligaciones académicas o administrativas; b) incumplimiento de la función encomendada; c) Falta de respeto a docentes, autoridades, alumnos o empleados (ver aparte).

Durante el juicio quedó en evidencia, además, que Torella miraba pornografía infantil en la computadora de su oficina, en presencia de estudiantes y otros docentes.

El Tribunal Académico, que tuvo a su cargo la investigación del caso, estuvo integrado por los profesores Alicia Itatí Palermo, José Escudero y Alfredo Silibián, titular emérito del Departamento de Ciencias Básicas. A lo largo de la instrucción, Torella presentó diversos recursos e impugnaciones que fueron considerados improcedentes y alargaron el juicio, según quedó asentado en el dictamen del Tribunal. Palermo recordó en su voto la jerarquía constitucional de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación de la Mujer, que ampara “la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación”. Y concluyó: “Frente a esto la sanción al profesor es un elemento clave en el camino a la reparación que una institución universitaria debe asegurar a sus integrantes”. El Consejo Superior –integrado por el rector y los consejeros estudiantiles, docentes, no docentes y graduados de la universidad– resolvió a comienzos de agosto que la decisión sobre la sanción que le aplicarán será tomada en una reunión convocada para el 1º de septiembre.