Una carpa frente al Congreso, donde se podrá participar de talleres sobre educación sexual y consejerías pre y post aborto, entre otras propuestas, será el epicentro de las actividades que se realizarán en el país hoy en el Día de Lucha por la Legalización y Despenalización del Aborto en América latina y el Caribe.

La carpa estará abierta el público desde las 12 hasta las 19. Habrá, además, asesorías legales, muestras de fotografía e intervenciones artísticas. A las 18 comenzará una sentada frente al Congreso para reclamar el tratamiento y aprobación del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, presentado por la Campaña y que cuenta con la firma de más de 50 diputadas y diputados y el apoyo de más de 250 organizaciones sociales, políticas y académicas y de derechos humanos. También están previstas otras movidas en ciudades como Mendoza y Rosario, entre otros lugares.

El Día de Lucha por la Legalización y Despenalización del Aborto se celebra desde México hacia el sur del continente, con múltiples actos, charlas, exposiciones artísticas, bicicleteadas y otras actividades convocadas por organizaciones feministas. Se trata de una jornada de activismo. Se instituyó hace 21 años –durante el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe que se llevó a cabo en el balneario bonaerense de San Bernardo– para reclamar a los gobiernos cambios en las legislaciones que penalizan la interrupción voluntaria del embarazo, con graves consecuencias en la salud de las mujeres. “Este 28 nos encuentra más cerca del debate en el Congreso. Es un logro que la discusión se haya visibilizado”, comentó a Página/12 Elsa Schvartzman, socióloga, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Por primera vez en la historia argentina, ya está fijada para el 1º de noviembre una reunión de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados para analizar una serie de iniciativas sobre el tema: el temario incluye el proyecto de la campaña y otros que pretenden regular los abortos no punibles, ya contemplados en el artículo 86 del Código Penal, imponiendo, en algunas propuestas, aún más limitaciones.

En casi todos los países de América latina y el Caribe las legislaciones que regulan la interrupción del embarazo son sumamente restrictivas. Las excepciones son Cuba, Guyana, Puerto Rico y el Distrito Federal de México, donde es permitido el aborto sin limitaciones hasta la duodécima semana de embarazo. Mientras que Chile, El Salvador, Honduras, Nicaragua y la República Dominicana prohíben la interrupción del embarazo bajo cualquier circunstancia, incluso cuando éste es producto de una violación o cuando la vida de la mujer corre grave peligro. Otros países, a pesar de no prohibir completamente el aborto, solo lo permiten en situaciones extremas (violación, o cuando peligra la vida o la salud de la mujer). Sin embargo, aun cuando está despenalizado por esas causales, el acceso a los servicios de aborto legal es sumamente limitado. Este es el caso de Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Haití, Paraguay, Perú y Uruguay. Estadísticas recientes de la Organización Mundial de la Salud indican que el 95 por ciento de los abortos que se llevan a cabo en América latina son ilegales, clandestinos e inseguros y sus consecuencias representan la causa del 11 por ciento de las muertes maternas en la región. En la Argentina son la principal causa de mortalidad materna desde hace casi tres décadas, de acuerdo con cifras oficiales: casi un tercio de las muertes de mujeres por causas vinculadas con el embarazo, el parto y el puerperio tienen su origen en prácticas precarias de interrupción voluntaria de la gestación. Desde la recuperación democrática se contabilizan cerca de 3000 muertes evitables de mujeres por esa razón.