En Chile se aprobó, el 6 de septiembre, en la Comisión de Salud del Senado, la necesidad de discutir la reinstauración del aborto terapéutico. A comienzos de año, en el marco de la movilización de la sociedad impulsada por las agrupaciones estudiantiles, se conformó Miles: Movimiento ciudadano por la Interrupción Legal del Embarazo por tres causales: problemas graves de salud de la mujer, inviabilidad fetal y violación.

En Uruguay, el Frente Amplio está dispuesto a impulsar nuevamente la despenalización y legalización del aborto aprobada por el Parlamento y vetada por Tabaré Vázquez. Pero rige la consejería pre y post aborto, por la cual las mujeres que llegan a un servicio de salud público y plantean que cursan un embarazo no deseado que quieren interrumpir reciben información sobre cómo hacerlo ellas mismas con misoprostol. Según acaba de informar el subsecretario de Salud Pública, Leonel Briozzo, esta política ha tenido como resultado que en los últimos seis años no se haya registrado ninguna muerte por aborto en Uruguay.

En México, la Suprema Corte de Justicia comenzó el lunes a discutir si los congresos de cada estado pueden legislar para penalizar el aborto, en vista de que en algunos de ellos ya se han aprobado reformas en sus Constituciones y leyes que prohíben la interrupción voluntaria del embarazo. El máximo tribunal, compuesto por once magistrados, analizará en principio las normativas aprobadas en los estados de San Luis Potosí, en el norte del país, y en Baja California, en el noroeste. Se espera la decisión de los magistrados para mañana, como fecha tope. El pronunciamiento, sin embargo, afectará a otros 16 estados mexicanos, que suscribieron legislaciones similares en los últimos años, luego de que el Distrito Federal –gobernado por la izquierda– aprobara en 2007 la despenalización y legalización del aborto en las primeras doce semanas de gestación. Uno de los jueces supremos, José Fernando Franco González Salas, presentó un proyecto en el que considera inconstitucionales las reformas de los 18 estados mexicanos que “protegen la vida desde la concepción”, por considerar que van contra el Estado laico mexicano. Los congresos locales “no pueden establecer en sus Constituciones esa protección a la vida en contravención de la Carta Magna, que no la contempla, y de tratados internacionales en la materia”, definió el juez. En su presentación, el magistrado insistió en que esas leyes “atentan contra la dignidad y los derechos fundamentales de las mujeres, particularmente su libertad y salud reproductiva, además de ser contrarias a la Constitución federal”. La Corte ya se pronunció sobre la ley del DF y consideró que es constitucional la despenalización y legalización del aborto.