Las localidades de Caviahue y Copahue, en Neuquén, remiten a paraísos invernales. Allí el gobierno neuquino concedió terrenos a una empresa canadiense para emplazar un proyecto de energía geotérmica, que consiste en producir electricidad a partir de la presión de vapores subterráneos. En una medida que sienta precedente, una jueza frenó esa iniciativa aplicando la flamante Ley 26.639, de Glaciares. La decisión, que hace lugar a una acción de amparo presentada por una asamblea vecinal, adopta una medida preventiva ante la presunción de que la planta se construirá sobre un área periglaciar. La cuestión se hubiera resuelto de manera más certera de contar con el demorado inventario de glaciares, exigido por la ley. Ante ese vacío, la jueza en lo civil y de minería 1 de Zapala, Ivonne San Martín, aplicó el principio precautorio frente a un posible daño ambiental irreversible. El gobierno neuquino no contestó las consultas de este diario, pero hizo saber que apelará el fallo.

A fin del año pasado, San Martín ya había dictado una resolución similar ante un amparo presentado por un vecino de Loncopué, localidad ubicada a 40 kilómetros de Caviahue. Ante una apelación del gobierno, el caso llegó al Tribunal Superior de Justicia de la provincia, que lo revocó por falta de algunos fundamentos.

Ante la preocupación de que la empresa canadiense Geothermal One avanzara con sus acciones, Paula Kubli y Verónica Mulloni, de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Caviahue, presentaron un nuevo amparo. Entre sus argumentos, recordaron que el senador nacional del Movimiento Popular Neuquino Horacio Lores, mientras se discutía la aprobación de la Ley de Glaciares, mencionó que con la prohibición de la actividad minera en zonas periglaciares se verían “comprometidos” una serie de proyectos de energía geotérmica en la provincia. Por ejemplo, el ubicado en la mina Las Mellizas, próximo a las poblaciones de Caviahue y Copahue, motivo de la demanda judicial. También puede leerse en la página del gobierno neuquino una carta que el gobernador Jorge Sapag envió por ese entonces a la Comisión de Ambiente de la Cámara alta. Allí manifestó concretamente que el texto en discusión afectaba “la generación geotérmica en las entubaciones cordilleranas”.

En su segunda resolución, la jueza apeló a la Ley General del Ambiente y a los derechos de tercera generación. Aplicó “el principio de prevención” ante posible daño irreversible que puede causarse en el ambiente y a generaciones futuras. Bajo este marco, las “explotaciones sospechadas de contaminantes deben detenerse”, apuntó la magistrada.

El pedido de las demandantes se basó en la presunción de que el emprendimiento geotérmico “resulta violatorio” de la Ley de Glaciares. Según el artículo 6, inciso C, de esa norma, están prohibidas la exploración y explotación mineras en áreas periglaciares que, según la ley, son zonas de suelos congelados, próximas a los glaciares, que actúan como “reguladores del recurso hídrico”.

San Martín también cuestionó la validez del estudio de impacto ambiental presentado por el gobierno provincial, ya que la actividad geotérmica tiene “prohibición absoluta” en sitios como Las Mellizas. La zona está próxima al volcán Copahue, donde se emplaza un glaciar. Asimismo, para la legislación nacional, la energía geotérmica se enmarca en el Código de Minería, bajo la figura de “vapores endógenos”, por lo que el caso calzó justo con la ley de presupuestos mínimos que protege las masas de hielo naturales.

La Asamblea de Vecinos se puso en guardia, además, debido a que la planta geotérmica se radicará –según la propia Agencia para la Promoción de Inversiones de Neuquén (ADI)– “en las proximidades” de la laguna Las Mellizas, única fuente de agua potable de la comunidad, y “a pocos kilómetros de las termas”. Ese centro de atracción turística sustenta buena parte de la economía local, que emplea a unas 500 personas de la zona.

“Nadie nos garantiza que no se vea afectada la laguna ni que no se sequen las termas”, planteó Paula Kubli. Al mismo tiempo los vecinos temen que la afectación del ambiente limite la práctica trashumante de los pequeños criadores de ganado, mapuches y criollos. Paula Mulloni, artesana, cuestionó además que la planta se radicaría “dentro de un parque provincial” y calificó el emprendimiento como parte de “una clara política extractiva y de acaparamiento de tierras” a favor de una multinacional.

Informe: Leonardo Rossi.