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Diversos estudios realizados en el Area Metropolitana de Buenos Aires y en las provincias “más pobres” (¿o más inequitativas?) señalan que la incidencia del aborto entre las adolescentes es preocupante. Según los profesionales de salud que consultamos en ocasión de realizar un estudio en siete provincias (2005), los riesgos bio-psico-sociales son mayores cuando se trata de una niña o adolescente que en caso de una mujer adulta. La atención de las complicaciones de aborto en la población adolescente genera también dilemas y conflictos “específicos” a algunos profesionales, ya que se requiere de la autorización de un adulto tanto para la realización de determinados procedimientos como para dar de alta a la paciente.

Como dijo una de las ginecólogas entrevistadas, para una mayoría de los profesionales el aborto es una “asignatura pendiente de la salud pública”. Nuestros informantes clave espontáneamente mencionaban que las complicaciones de abortos inseguros son la primera o segunda causa de mortalidad materna (dependiendo de la provincia o el año de referencia) y alertaban acerca de la brecha entre la tasa provincial de mortalidad materna y la tasa nacional. Muchos sabían de memoria las cifras de egresos hospitalarios por esta causa en sus hospitales y maternidades. Con singular lucidez, un médico salteño lo sintetizó así: “El aborto es la primera o segunda causa de muerte materna, según el año. Es un problema serio, no tomado con toda la seriedad ni desde salud pública, ni desde el Estado, ni desde la comunidad. El aborto es la consecuencia de un abandono del Estado dentro de las políticas de salud. Si no se aplica una ley coherente de procreación responsable y de educación, fundamentalmente, volveremos a tener abortos. Esto es un tema hablado. Es un secreto a voces, pero no se toman políticas de Estado coherentes con este tema”.

El testimonio revela, entre otras cosas, la estrecha asociación entre anticoncepción y aborto que predomina en el discurso médico. Para este profesional, como para muchos de sus colegas, la anticoncepción reviste un doble carácter. Por una parte, es la “solución” que permitiría evitar o disminuir la incidencia de una práctica ilegal e insegura. Por otra, es una fuente de preocupación: la prevención no es una prioridad en nuestro deteriorado sistema de salud; la sustentabilidad de los programas de salud reproductiva no está garantizada en algunas provincias; la anticoncepción todavía enfrenta –en pleno siglo XXI– obstáculos extra e intrainstitucionales; sobreviven creencias erróneas y mitos respecto de los métodos anticonceptivos y la sexualidad sigue siendo un tabú (aunque los televidentes de Tinelli no lo crean). Para nadie es noticia que la desigualdad relación de poder entre los géneros afecta fuertemente la posibilidad de muchas jóvenes y adultas de prevenir eficazmente embarazos no deseados e infecciones sexualmente transmisibles.

La solución a tanta hipocresía es sencilla y mucho más “económica” que los años de vida que perdidos por morbi-mortalidad de las mujeres y las cuantiosas sumas de dinero que mujeres, parejas y familias desembolsan cada año para interrumpir embarazos no planeados o inoportunos. “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.” Este es el lema de la Campaña Nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Es también la única forma de terminar con un “secreto a voces” que genera muertes evitables y deberes incumplidos.

* Investigadora de Conicet. Texto escrito a propósito del caso de la nena muerta por aborto inseguro en Salta, publicado en Página/12 el sábado pasado.