Por primera vez, tres personas serán sometidas a juicio oral y público por contaminar una zona poblada con plaguicidas peligrosos para la salud, principalmente el glifosato y el endosulfán. Los imputados son dos productores agropecuarios y un piloto de avión, que están acusados de llevar adelante una fumigación clandestina en Ituzaingó, un barrio cercano a la ciudad de Córdoba.

El juicio se hará entre el 27 de febrero y el 2 de marzo en la Cámara Primera del Crimen de Córdoba. Los imputados son los productores agropecuarios Jorge Gabrielli y Francisco Parra, y el comerciante y piloto Edgardo Pancello. Los tres fueron acusados de haber violado el artículo 58 de la ley 9164 de agroquímicos, que prohíbe la aplicación aérea de endosulfán o glifosato cerca de un sector urbano.

La investigación de la causa fue realizada por el fiscal de instrucción Carlos Matheu y luego terminó convalidada por la Cámara de Acusación de la ciudad de Córdoba.

La ley de agroquímicos prohíbe precisamente la aplicación aérea de determinados productos usados en las plantaciones en un radio menor a los 1500 metros (en el caso del endosulfán) y a los 500 metros (en el del glifosato) de distancia de la población urbana, por tratarse de químicos peligrosos para la salud.

La causa fue iniciada en 2008, cuando el entonces secretario de Salud de Córdoba, Medardo Avila Vázquez, denunció a los productores por considerar que fumigaban al lado del barrio, a pesar de la prohibición.

Las denuncias iniciales se remontan al año 2002, cuando un grupo de mujeres del barrio Ituzaingó denunció que había numerosos casos de cáncer en esa zona periférica. Las viviendas de esas personas están en un sector colindante con extensos campos cultivados. La investigación permitió detectar que casi 200 personas habían contraído cáncer y cerca de cien ya murieron. “Lamentablemente, no se hicieron los análisis del suelo ni seguimiento de chicos enfermos”, dijo Sofía Gatica, quien perdió a una hija con malformación de riñón y tiene otra hija –de 17 años– a la que ya le detectaron agroquímicos en sangre.

Por su parte y al solicitar el año pasado el enjuiciamiento de los tres imputados, el fiscal Carlos Matheu no dudó en afirmar que “estos agroquímicos son cancerígenos”.

La causa fue elevada a juicio tras constatar que la zona estaba contaminada con un cóctel tóxico, según los estudios realizados: el PCB de los transformadores de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) emplazados en el sector, agua contaminada con arsénico y los agrotóxicos por las fumigaciones cercanas.

El abogado Carlos Hairabedian, defensor de uno de los productores agropecuarios, consideró de todos modos que faltaban pruebas para sostener la acusación.

El uso de agroquímicos es cuestionado duramente por organizaciones ecologistas y científicos que realizan monitoreos de la situación. En ese marco, días atrás investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Córdoba dieron a conocer un informe sobre niveles significativos de metales pesados en granos de trigo en siete áreas de la provincia.

El investigador de la UNC y del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal, Gonzalo Bermúdez, explicó a la agencia de divulgación del Instituto Leloir que en los granos recolectados se hallaron “metales y metaloides”, entre ellos “algunos tóxicos para la salud humana y ambiental como el plomo, cadmio, mercurio, níquel, zinc y cobre”.

“Debido a su alta estabilidad no pueden ser degradados o destruidos, por lo que tienden a acumularse en suelos y sedimentos, y a incorporarse en algunos cultivos”, acotó.