En el barrio de Caballito hay constructoras que tienen coronita. Porque desde 2008, cuando la Legislatura porteña sancionó una ley que limita la altura de las edificaciones en un polígono de esa zona, la mayoría de las empresas se avino a cumplir con las normas y en los lugares donde iban a construir torres levantan edificios que no tienen más de 14 metros de altura. Sin embargo, otras se han embarcado en edificaciones de hasta 90 metros, que aniquilan la fisonomía tradicional de un barrio de casas bajas. Es el caso de las tres torres que un grupo inmobiliario construye desde hace cinco meses en un terreno delimitado por las calles Méndez de Andés, Rojas y Colpayo. Un grupo de vecinos que desde hace cuatro años pelea contra la construcción indiscriminada de edificios en altura, presentó un recurso de amparo que fue rechazado en primera instancia y ahora espera revertir esa decisión mediante una apelación ante la Cámara. También solicita la creación de una Comisión Legislativa que investigue todos los permisos tramitados y aprobados durante el tratamiento de la ley que le pone límites a la altura de los nuevos edificios y que se estaría vulnerando con algunas construcciones en marcha.

Uno de esos casos es el de la autorización para construir los edificios de Méndez de Andés al 600. Allí, la empresa IRSA proyecta levantar tres torres, de 30, 25 y 21 pisos en un mismo terreno –donde funcionó durante años la planta de Panificación Argentina– con frentes a esa calle y a las dos laterales. Una de las construcciones ya está tomando altura y en otra ya se inició el proceso de excavación, que no se ve desde la vereda pero se detecta por los temblores en las casas vecinas, de acuerdo con los testimonios de familias que viven sobre la calle Rojas. Como una muestra de lo que le espera al barrio, la nueva obra es custodiada desde cerca por una torre de 35 pisos –ya terminada y habitada–, sobre la calle Felipe Vallese (ver foto).

Los planos para la construcción de esas torres fueron presentados por la empresa el 19 de junio de 2008, casi un mes después de que la Legislatura aprobara, en segunda lectura (por unanimidad, y después de una audiencia pública) un límite de 13,50 metros para la construcción de edificios en 50 manzanas de Caballito, que incluían a las de IRSA. Claro, faltaba un detalle: la ley aún no estaba promulgada y el 1º de julio de ese año fue vetada por el jefe de Gobierno, Mauricio Macri. La ley fue ratificada luego por la Legislatura en pleno, pero el daño ya estaba hecho. El trámite de la obra estaba en marcha.

Para los vecinos de la organización SOS Caballito, ésa no es la única irregularidad que vicia la construcción. Sostienen que después de aquella presentación de planos, la obra no se inició hasta mediados de este año, una demora que –según dejan constancia en la denuncia judicial– obligaría al Gobierno de la Ciudad a exigir una reválida del permiso, con la consiguiente adaptación a la nueva norma. “Según el Código de Edificación, cuando se comprueba que una obra no avanza durante seis meses, la autoridad debe declararla paralizada, tras lo cual el dueño de la obra deberá readecuar sus proyectos a la normativa vigente”, afirma Mario Oybin, integrante de la asociación vecinal.

El reclamo de los vecinos tiene un fundamento estético y ambiental. “Vivimos en un barrio de casas bajas y no queremos que se altere su fisonomía ni nuestra calidad de vida”, dice Rodolfo Diringuer, otro integrante de la asociación. Pero también exponen razones prácticas, vinculadas con el suministro de los servicios públicos, que ya están al borde del colapso: los tendidos de agua corriente y cloacas apenas son suficientes para abastecer a los vecinos que hoy viven en el barrio, dicen.

“Cuando trabajan en la obra no puedo usar el agua en el baño”, se queja Olga Romero, que vive al lado de uno de los frentes de la construcción. El argumento de los servicios colapsados es el que movilizó a los vecinos desde 2006, cuando el auge del negocio inmobiliario hacía brotar edificios de altura en todo terreno libre de la ciudad, especialmente en las zonas bien cotizadas, como Caballito. Producto de la rebelión vecinal, el entonces jefe de Gobierno, Jorge Telerman, frenó por decreto la edificación de nuevas torres y, meses después, impuso como exigencia para las constructoras un estudio de prefactibilidad, otorgado por la empresa AySA, como requisito para autorizar una nueva construcción de altura en las zonas de conflicto. Ese requisito, extendido a las empresas de gas y electricidad, quedó plasmado en una ley, la 2359, que entró en vigencia en julio de 2008, un año después de haber sido sancionada. Para los vecinos, esa demora constituyó un año de gracia para que los constructores pudieran presentar pedidos de permisos de obra sin quedar alcanzados por esa exigencia.

Un ejemplo es el de la calle Méndez de Andés, donde la empresa AySA dice que es necesario hacer una obra nueva para aumentar el caudal de agua. “La obra no se ha hecho, pero los edificios se siguen construyendo”, denuncia Oybin.

La polémica obra en esa calle se inició en junio de este año. Los vecinos presentaron el reclamo ante las direcciones de Registro de Obras (Dgroc) y de Fiscalización y Control de Obras (Dgfyco). Ante la falta de respuestas, resolvieron formular un recurso de amparo ante la Justicia porteña, para pedir la paralización de la obra. En noviembre, la jueza Elena Liberatori denegó el pedido, argumentando que primero los vecinos debían agotar la instancia administrativa.

“El reclamo por vía administrativa puede demorar hasta siete meses. En ese tiempo, la obra, cuya construcción se basó en la violación de una ley, ya va a estar concluida”, argumenta Diringuer. El razonamiento es uno de los ejes de la apelación que presentaron los vecinos ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo.

También refutan el argumento de los derechos adquiridos, que esgrimen las constructoras –y el propio gobierno macrista– para defender los permisos tramitados antes de la sanción de las leyes que imponen restricciones. En Caballito recuerdan que en septiembre de este año, la misma Cámara les dio la razón a los vecinos de otro barrio, Villa Pueyrredón, que reclamaban que todos los permisos en trámite, solicitados antes de las leyes que limitan las alturas de las construcciones, debían otorgarse de acuerdo con las nuevas normas. La Cámara respondió así a una apelación del Gobierno de la Ciudad, que defendía el “derecho” de las constructoras que ya habían iniciado el trámite a ajustarse a reglamentaciones anteriores.

“Nadie puede alegar derechos adquiridos para dañar el medio ambiente”, sostuvo entonces la diputada Rocío Sánchez Andía, promotora de la presentación judicial. “La importancia de este fallo excede los límites de Villa Pueyrredón”, vaticinó. Eso esperan los vecinos de Caballito. “Ese fue un fallo histórico, porque el Gobierno de la Ciudad venía otorgando permisos de obra presentados antes de la publicación de las leyes aduciendo derechos adquiridos por los constructores”, concluye Oybin.