En Córdoba, al menos dos adolescentes solicitaron acceder a la interrupción de los embarazos que gestan por haber sido violadas. En compañía de su madre y su padre, ayer una chica de 13 años concurrió a la Maternidad Provincial, en la capital cordobesa; también ayer trascendió que el hospital provincial Pasteur, en Villa María, evalúa el pedido de aborto que presentó la familia de una chica discapacitada violada. A diez días del fallo de la Corte Suprema que ratificó que los casos de aborto no punible no deben judicializarse, voceros del Ministerio de Salud cordobés explicaron que aún esa cartera no había decidido el protocolo de atención para esos casos. A la niña de la Maternidad “se le dijo que se le va a solucionar el problema” pero que para ello debe firmar una declaración jurada que debe elaborar el ministerio del área, advirtió el médico Luis Picón Ponce. En tanto, el decano de la Facultad de Medicina, de la cual dependen dos hospitales, explicó que “como institución pública, vamos a adherir a este fallo” de la Corte y practicar las interrupciones de embarazo no punibles sin añadir requisitos al pedido.

“El espíritu del fallo de la Corte es no judicializar. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Una chica de 13 años que sufre una violación, ¿para qué tiene que ir a contar de nuevo, hablar con un juez, si se puede hacer con una declaración jurada y un consentimiento?”, planteó el médico de la Maternidad Picón Ponce, consultado acerca del trámite que debe seguir el pedido de la chica de 13 años. Fue el mismo profesional quien informó que la chica y sus padres se habían reunido con las autoridades del centro médico para pedir la interrupción del embarazo originado en una violación y, por eso mismo, no punible.

En ese encuentro, a la chica “se le dijo que se le va a solucionar el problema”, aunque antes ella y sus padres deberán presentar una declaración jurada “que el Ministerio de Salud de la provincia va a enviar en el día de la fecha”, por ayer. Además de eso, la niña deberá firmar un consentimiento informado “conforme con los padres porque es menor de edad”. Picón Ponce explicó, también, que el hospital podrá habilitar una lista de profesionales que no están dispuestos a realizar abortos por “objeción de conciencia”, aunque, tal como señaló el fallo de la Corte, “el gobierno provincial tiene que brindar la posibilidad de realizarse el aborto no punible”. En un caso como el de la chica de 13 años, añadió, podría practicarse un aborto farmacológico, habida cuenta de que la droga para ese fin está “aprobada por la Anmat”.

Del otro pedido de interrupción de un embarazo gestado a causa de una violación ha trascendido solamente que lo formuló en Villa María la familia de una menor de edad discapacitada. Ignacio Bruno, subdirector del hospital provincial Pasteur, del barrio San Vicente, donde fue planteado el caso, explicó que el pedido data de la semana pasada y que aún “está siendo analizado por autoridades del hospital y de Salud provincial”.

Sucede que el Ministerio de Salud de la provincia todavía no elaboró un protocolo de procedimiento para aplicar ante los casos de aborto no punible. Fuentes de la cartera señalaron ayer que “se está estudiando con mucha profundidad y desde todas sus aristas” cómo se instruirá a los centros de salud en concordancia con el fallo de la Corte. El Ministerio de Salud de la Nación elaboró una primera Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos no Punibles en 2007 y una actualización en 2010.

A la prensa local el Ministerio de Salud cordobés adelantó que la resolución al respecto podría darse “a conocer entre lunes y martes”. “Por el momento no se ha bajado información a los hospitales y la dinámica es la misma que se venía aplicando. Se van a realizar procedimientos de aborto sólo con resolución judicial hasta tanto haya un lineamiento. Hoy por hoy, si se presenta un caso, como el de la niña de la Maternidad, se va a aceptar el pedido formal, los papeles y los médicos irán haciendo exámenes, pero se le va a pedir que espere hasta la semana que viene.” El fallo de la Corte respaldó la interpretación no restrictiva del Código Penal, según la cual no es preciso judicializar el pedido de aborto, sino que debe alcanzar la declaración jurada de la mujer ante el médico.

Picón Ponce, de la Maternidad provincial, indicó que todavía hoy “algunos médicos quieren judicializar los casos de aborto no punible por temor a que haya ‘casos fabricados’”, y ello aun cuando “la Corte es bien clara al respecto en cuanto a que por más que pueda haber casos fabricados, prevalece el derecho que tiene una mujer violada a realizarse un aborto no punible”.

Por su parte, el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba advirtió que los dos hospitales que dependen de esa casa de estudios acatarán sin más el fallo de la Corte y realizarán los abortos no punibles sin judicializar. “Nosotros, como institución pública, vamos a adherir a este fallo”, declaró Gustavo Irico, cuya decisión repercute sobre la Maternidad nacional y el Hospital Nacional de Clínicas cordobeses. “Vamos a seguir el protocolo que ya está funcionando, cumpliendo con todos los pasos jurídicos que correspondan”, como la declaración jurada de los interesados, “y todas esas cuestiones que deben estar presentes al tomar este tipo de decisión”, añadió.

El protocolo de atención de abortos no punibles contempla que el médico deberá pedir una constancia de denuncia o una declaración jurada.