Un fiscal pidió la detención del director de la Unidad penal 45 de Melchor Romero, al que acusó de “abandono de persona seguido de muerte” en perjuicio de un interno que murió como consecuencia de las heridas sufridas a manos de otros presos en el interior de la cárcel. Ese interno había sido llevado a la U45 desde otro penal, la Unidad 48, donde supuestamente participó de una presunta “revuelta” que terminó con otro preso muerto. Tal como ya se informó en este diario, ese episodio ocurrió después de la visita a ese lugar por parte del vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, y el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el periodista Horacio Verbistky.

El pedido de detención lo formuló el fiscal platense Alvaro Garganta, quien imputó ese delito a Mario Alberto Vargas, por el crimen del interno José Burela Sombras, ocurrido el 31 de marzo en esa cárcel.

La defensa del penitenciario presentó un pedido de eximición de prisión ante el juez de Garantías de La Plata Juan Pablo Massi, quien debe resolver también la solicitud del fiscal.

Según Garganta, el 31 de marzo, “alrededor de las 16 horas, el jefe de la Unidad 45 de Melchor Romero autorizó el ingreso de un detenido que venía en traslado desde la Unidad 48 de San Martín por estar involucrado en la muerte de otro interno”. Consideró que “pese a no contar con una parte de su legajo y sin realizar un estudio de admisibilidad del detenido, fue ingresado en una celda cerrada del pabellón 5, munido de un arma blanca, con internos de alta peligrosidad, quienes también se encontraban armados, y uno de ellos con problemas previos con él”.

Según la investigación, minutos después de ingresar al pabellón, “tres internos identificados como Brian Carlucci, Ramón Torres Pedroso y Leonardo Caroni Piedrabuena asesinaron a Burela Sombras mediante el empleo de armas blancas tipo caseras” conocidas como facas.

Para el fiscal, el director de la Unidad “ordenó la recepción del interno sabiendo que no contaba con un tomo del legajo, situación ésta no permitida por reglamentación y que impediría una correcta evaluación de su admisibilidad”. Además, consideró que “las propias reglas de su profesión indicaban que la única manera de evitar los riesgos que ello generaba para la integridad física del interno era preservarlo de la población conflictiva”.

Agregó que también “debió haber tomado los recaudos en las revisiones de ingreso para evitar que los internos tengan en su poder armas de puño de fabricación casera como las que se utilizaron en este caso”. Sostuvo que “el riesgo al que expuso al interno colocándolo en esas circunstancias en un pabellón ordinario era tal, que apenas minutos después de su ingreso se produjo su muerte”.

Garganta tomó en cuenta también que, según los peritajes, “fue adulterado el Libro de Control de Vigilancia y Tratamiento de la Unidad 45 adelantando la hora de ingreso del interno Burela a los pabellones, para atribuir la muerte a una circunstancia sobreviniente y no a la situación en la que se lo colocó”.

Burela estaba alojado en la Unidad 48 de San Martín y fue trasladado a La Plata tras ser acusado del homicidio de Juan Romano Verón, asesinado en una supuesta pelea entre internos. En su momento, el Servicio Penitenciario Bonaerense calificó ese episodio como una “revuelta generalizada”. Llamativamente, ocurrió tras la visita a la U48 por parte de Mariotto y el presidente del CELS, Horacio Verbitsky, entre otros representantes de organismos de derechos humanos.