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Después de dilatar una definición durante casi dos años, la Sala III de la Cámara de Casación Penal dejó firme el procesamiento por asociación ilícita contra Mauricio Macri en la causa de las escuchas. Son las pinchaduras telefónicas que afectaron al cuñado del jefe de Gobierno porteño, Daniel Leonardo, y al dirigente de Familiares de AMIA, Sergio Burstein, quien fue un férreo opositor a la designación como jefe de la Policía Metropolitana de Jorge “Fino” Palacios, otro de los principales acusados por el espionaje. La resolución, firmada ayer, rechaza con argumentos técnicos un recurso que había presentado Macri pidiendo que revisaran su situación: eso basta para despejar el camino hacia la elevación a juicio oral. En el juzgado de Norberto Oyarbide –que condujo la investigación– calculan que estarán en condiciones de concretar ese paso en cuanto termine la feria judicial de invierno. Otro fallo del mismo tribunal agrega un elemento que le quita relevancia al argumento del líder de PRO de que el caso fue armado por el gobierno nacional: sugiere que dilucidar si la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) fue o no la que alertó con un llamado a Burstein sobre la intervención ilegal de su línea no cambia en nada el rumbo del expediente. En definitiva, ésa y otras escuchas, con participación de Palacios y el espía Ciro James, fueron corroboradas por la Justicia.

La decisión de los camaristas Ana María Figueroa, Eduardo Riggi y Raúl Madueño confirma un fallo anterior de la Sala I de la Cámara Federal, que responsabilizaba a Macri del “armado” de una “estructura de inteligencia subterránea” “prohibida por la ley” cuyo funcionamiento estaba vinculado con la Policía Metropolitana, en sus inicios comandada por Palacios. El papel que se le atribuía en esa descripción era el de quien se habría encargado de “asegurar que la matriz del aparato clandestino de inteligencia se instale en su gobierno, se nutra de recursos y, de tal suerte, pueda funcionar”. Aquella resolución de julio de 2010 decía, además, que Macri “sabía y participó” de la intervención de los teléfonos de Leonardo y de Burstein, y por lo tanto se lo debía considerar como alguien que participó de la asociación ilícita.

El jefe de Gobierno porteño le pidió después a la Cámara de Casación que revisara y revirtiera ese procesamiento. El tribunal le rechazó un primer planteo, pero Macri le elevó una queja en septiembre de 2010. Desde ese momento la causa comenzó un periplo increíble y que duró hasta ayer, a pesar de que todo el mundillo judicial sabe que este tipo de recursos se pueden resolver en cuestión de días. Es que Casación sólo revisa procesamientos en casos excepcionalísimos, que revisten una gravedad tal que los haga comparables a una sentencia definitiva. Su función básica, de hecho, es analizar condenas o absoluciones de los tribunales orales y reclamos contra privaciones de la libertad. En el caso de Macri, a lo largo del tiempo se fueron excusando distintos jueces, cuatro en total, y sólo para resolver esas excusaciones sus colegas se tomaban meses. En el ínterin, fueron las elecciones en la Ciudad.

Al banquillo

Recién el 9 de mayo quedó integrada la Sala III para finalmente adoptar una resolución que, como era previsible, rechazó la presentación de Macri por considerar que la confirmación de un procesamiento “no resulta equiparable” a una “sentencia definitiva”. Lo que dicen es que “la obligación de seguir sometido a proceso” no es revisable por Casación y el juicio debe seguir su curso. El voto de Figueroa especifica que no hubo arbitrariedad de parte de los jueces inferiores y ni fue demostrado que hubiera una situación de gravedad institucional. Los abogados defensores –Ricardo Rosental y Santiago Feder– habían sostenido la gravedad institucional basándose en que el caso trascendía a las personas y ponía en juego el interés de la sociedad; también tenían en cuenta que el imputado es jefe de Gobierno y sometido a investigación en la Legislatura; cuestionaban las pruebas y alegaban que la Cámara Federal había cambiado la imputación original de Oyarbide al agregar que se había utilizado el aparato estatal para hacer espionaje.

Macri puede recurrir a la Corte, para lo cual tiene un plazo de diez días, pero todo hace pensar que sus chances de éxito son mínimas. Aunque siga probando suerte en la máxima instancia, no hay ningún impedimento para que Oyarbide eleve la causa a juicio oral y que se sortee un tribunal. Ese trámite incluso está bastante avanzado porque a mitad de mayo el juez informó a las partes que daba por concluida su investigación y les consultaba si tenían algún pedido de prueba pendiente.

La trama

Según dispuso entonces Oyarbide, once personas están en condiciones de ser elevadas a juicio oral por la trama del espionaje, que describió como una asociación ilícita. Macri aparece especialmente comprometido por las escuchas a su cuñado, el parapsicólogo Leonardo, y a Burstein, ambos relacionados de distinto modo con él. El primero en el plano familiar, el segundo porque cuestionaba a Palacios, su comisario de confianza a quien había puesto a armar la Metropolitana. Precisamente, el propio Palacios apareció implicado en la realización de las escuchas en combinación con James, un policía federal a quien conocía de mucho antes. James aspiraba a ingresar a la policía porteña con funciones. Entre tanto tenía un contrato en el Ministerio de Educación porteño, por entonces encabezado por Mariano Narodowski. Figuraba como asesor legal (es abogado), pero no hay rastros documentados de que haya trabajado de eso. Llamativamente, Narodowski registraba por lo menos 68 llamadas directas con él en la época de las escuchas y su cartera le pagó un sueldo de 6000 mil pesos durante casi dos años, algo que la Cámara Federal interpretó como una retribución por sus servicios de espía. Palacios y James llegaron a comunicarse por celular o radio cerca de 200 veces en el transcurso de tres meses, incluso de noche tarde, lo que denotaba una relación de confianza. Esos llamados fueron en momentos claves del desarrollo del espionaje, porque coincidían con el horario (justo antes o justo después) de que James retirara grabaciones en dependencias de la ex SIDE.

El sistema sincronizado para espiar gente, en rigor, empezaba en Misiones, donde James tenía contactos en la policía y la Justicia, entregaba los nombres de las personas que quería espiar y les armaban expedientes truchos que incluían órdenes de intervención telefónica que le daban apariencia de legalidad y permitían grabar cientos de horas. Por esto, además de James, Palacios, Macri y Narodowski, irán a juicio policías misioneros, una secretaria judicial y el ex juez José Luis Rey, destituido a raíz de esta investigación junto con Horacio Gallardo, quien falleció. Están acusados de asociación ilícita, violación de secretos y de la privacidad y falsedad ideológica. En el caso del ex ministro, se le imputa administración infiel, además de miembro de la organización.

Los espiados, hasta donde logró avanzar Oyarbide, fueron no sólo Leonardo y Burstein, sino también el abogado Francisco Castex, el empresario televisivo Carlos Avila, su yerno, Federico Infante (directivo de TyC Sports), dos ejecutivos de supermercados Coto, Susana Saint Porres (esposa de un importante anticuario), Daniela Rocca (vinculada con un empresario de medios) y Jorge Navarro (hermano de Juan Navarro, del Exxel Group). Los tres primeros se presentaron para impulsar la elevación a juicio. En el caso de Leonardo, su escrito tiene la particularidad de adelantar que durante el juicio intentará demostrar que Macri era el jefe de la asociación ilícita, lo que podría agravar su situación. Ahora debe opinar el fiscal Jorge Di Lello y luego el juzgado notificará a las querellas. En tribunales calculan que la elevación a un tribunal oral se hará después de la feria.