La Justicia porteña ordenó ayer frenar las obras para enrejar el Parque Centenario, al hacer lugar a una medida cautelar solicitada por la asamblea de vecinos, aunque dispuso que continúe el actual vallado, hasta tanto se resuelva si es procedente o no el cierre del lugar. La medida judicial fue solicitada por los vecinos y puesteros conformados en asamblea que ayer por la mañana presentaron el recurso de amparo. “En este momento (por ayer por la noche) no están cumpliendo porque continúan con las obras”, contó el abogado integrante de la Comisión de legales de la asamblea, Jonatan Baldiviezo. Legisladores, organizaciones sociales y de derechos humanos repudiaron ayer la represión de la Policía Metropolitana sobre los vecinos que manifestaban pacíficamente frente al parque. El Ejecutivo porteño insistió en que las rejas son un pedido de los vecinos y que su colocación había sido resuelta por la Junta de la Comuna 6, pero en la resolución de ese cuerpo, a la que accedió Página/12, no se hace mención al cierre del perímetro del parque.

Los asambleístas –más de 500 personas– optaron por interponer el recurso judicial antes de que el martes a la medianoche se desatara una nueva represión sobre ellos. Debatieron durante horas desde las 18 y se dividieron en comisiones, como parte del plan de resistencia al enrejamiento del centenario parque público. La represión se desató después de que alguien arrojara basura sobre la vereda “sin agredir a la policía”. La policía disparó balas de goma, y varios de esos proyectiles hirieron a la periodista de la Televisión Pública Julieta Egul.

Luego, los manifestantes que quedaban hicieron una sentada ante el cordón de Infantería de la Policía Metropolitana, unas personas se empezaron a pelear y pronto los efectivos “hicieron una encerrona que se les fue de las manos y terminaron en realidad encerrando a los periodistas, empujando a todos hacia una confitería que está en la esquina del parque”. Tres personas que fueron detenidas por personal de civil fueron liberadas ayer por la mañana.

“Macri gobierna con una actitud profundamente autoritaria, en vez de construir una mesa de diálogo con todas las organizaciones barriales avanza con represión. No escucha, ni consulta a los comuneros, a los bloques de la oposición de la Legislatura”, sostuvo la diputada porteña del Frente Progresista Popular, María Elena Naddeo. “Es parte de la política represiva de un proyecto de ciudad de exclusión”, denunció la organización Hijos. Por su parte, el legislador del Partido Socialista Auténtico Adrián Camps denunció la presencia de un grupo “parapolicial”: “Las imágenes transmitidas por un medio televisivo revelan que había agentes de civil, sin identificación de pertenencia a fuerza de seguridad alguna, ejercieron violencia física y colocaron precintos plásticos sobre personas que se manifestaban”.

El recurso contra las rejas fue presentado ayer por la mañana junto con un petitorio firmado por más de cincuenta personas y la jueza Andrea Danas decidió hacer lugar a una medida precautelar para frenar las obras, hasta tanto se expida respecto del tema el juzgado de primera instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 1. Lo que sucederá luego del viernes, cuando finalice la feria judicial.

La jueza ordenó que se “mantenga la situación actual del Parque Centenario”, por lo que “deberá abstenerse de continuar las obras de enrejado”. Aclaró que “ello no implicará en modo alguno la apertura, sino la estricta continuidad de la situación actual”.

Los vecinos aducen la “ilegalidad de forma que tiene que ver con el avasallamiento de las competencias exclusivas de la comuna y el hecho de que no se dio intervención al Ministerio de Cultura, siendo que el parque fue declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad el año pasado”, explicó Baldiviezo. También señalan que “el enrejamiento se decidió sin realizar una consulta amplia e informada a los habitantes de los barrios aledaños ni a los feriantes”.

La resolución Nº 11/12 de la Junta Comunal 6, a la que tanto el gobierno porteño y los comuneros se refirieron en distintos sentidos, no se pronuncia por la colocación de rejas. El Ejecutivo sostuvo que la Junta avaló el plan de obras para el parque. Sin embargo, además de eso la Junta Comunal resolvió en el artículo 2 “conformar una Comisión de Seguimiento de las iniciativas impulsadas por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público”, que integrarían los miembros de la Junta, el ministerio, vecinos y representantes de organizaciones públicas o privadas de la comuna. Los comuneros Martín Iommi, de Proyecto Sur, y Ariel Angrisano, del Frente para la Victoria, precisaron a Página/12 que el pedido fue aceptado personalmente por Diego Santilli, a cargo de la cartera ambiental.

Informe: Carla Perelló.