El asesor tutelar porteño, Gustavo Moreno, amplió ayer la denuncia penal contra el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y otros funcionarios por la represión en el Hospital Borda e incluyó en su acusación a la ministra de Salud, Graciela Reybaud, porque teniendo conocimiento de que se realizaría un procedimiento de demolición con presencia policial en un centro de su órbita, “omitió deliberadamente poner en conocimiento previo al director del hospital”, de manera que pudiera proteger a los pacientes, “a fin de que no se filtrara información del procedimiento”. A raíz de esa conducta, consideró Moreno, Reybaud “puso en riesgo y permitió que se registraran lesiones y perjuicios concretos” a los pacientes representados por la Asesoría Tutelar.

Moreno, en representación del Ministerio Público Tutelar, actúa en representación de los pacientes con padecimientos mentales internados o que concurren al Borda. En esa condición realizó una reconstrucción de los hechos ocurridos el 26 de abril en el hospital. Así, obtuvo el testimonio del director administrativo del Borda, Roberto Romero, le refirió que “a las 6.30 de la mañana, su asistente Estela Ojeda le comunicó la presencia de la Policía Metropolitana en el hospital”. Cuando llegó al hospital, a las 7.30, Romero “pudo divisar tres líneas” de efectivos: “una, con pechera amarilla, otra de Infantería y una tercera antimotines”. Romero y un colaborador vieron alrededor de las 8 a “la vicejefa de Gobierno, María Eugenia Vidal, ingresar junto con su comitiva a las viejas instalaciones del Taller Protegido Nº 19”, que luego sería demolido.

A partir de esa declaración, Moreno consideró “mendaz” la versión de los hechos que dio el ministro de Seguridad y Justicia, Guillermo Montenegro, cuando en la Legislatura porteña dijo que recién a las 9.30 “se solicitó mayor presencia de la Policía Metropolitana”, después de que un grupo de personas agrediera a personal de seguridad privada e intentara evitar que las empresas continuaran con el trabajo.

Un acta firmada a las 7.16, da cuenta incluso de la presencia en el hospital de policías de la Unidad Criminalística, de la Dirección de Intervenciones Complejas, la Brigada Rápida de Intervención, la División de Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM)y de la Superintendencia de Investigaciones, todas de la fuerza de seguridad porteña.

Como prueba de los abusos policiales, Moreno incluyó en su presentación el testimonio de un psicólogo quien relató que el viernes 26 “entre la Policía Metropolitana había un efectivo con boina que provocaba a los trabajadores y les decía ‘muchachos, traigan más gente, miren todas las municiones que trajimos nosotros”.

En su presentación, agregó que la secretaria de la Asesoría, Irene Marcó, quien ese día llegó al hospital a las 10.10 relató que el jefe de la Metropolitana, Horacio Giménez, a cargo del operativo, le informó que actuaba “por orden del ministro de Desarrollo Urbano (Daniel Chaín)”.

El dato se contradice con lo afirmado hace una semana por Chaín en la Legislatura, cuando aseguró que no había dado órdenes ni mantenido contacto con la Metropolitana ese viernes. “Lo llamativo es que en el lugar de la demolición se encontraba junto al jefe de policía Giménez, el jefe de Gabinete de Desarrollo Urbano, Juan Carlos Alesina.” Este funcionario le había informado a la secretaria Marcó que la demolición había comenzado a las 9.15. A las 11 ya había finalizado.

El asesor tutelar insiste en que el jefe de Gobierno actuó a sabiendas de que existía una medida cautelar vigente, “no quiso esperar la decisión de la Cámara (de Apelaciones) y ordenó la demolición”, en una actitud que, según consideró ese tribunal “no puede considerarse meramente negligente sino evidencia de una verdadera intención de desconocer las decisiones” judiciales. La presencia de Vidal en el lugar “avala que las instrucciones provenían directamente del señor Macri”, advierte Moreno.

Moreno había presentado el lunes 29 la denuncia penal contra Macri, Chaín, Montenegro y Giménez por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, desobediencia y lesiones. Ahora agregó a esa lista a la ministra Reybaud.