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¿Otro Catamarca? El juarismo ya lo había advertido hace una semana: “¿Y si se armara una movilización para demostrar que siguen siendo miles los que creen en sus conductores?”. La pregunta era insinuante. La reprodujo un diario provincial después del paso de Carlos Juárez por la Casa Rosada, cuando crecían las voces que pedían la intervención a la provincia. Ahora esas voces siguen creciendo, pero el juarismo prepara toda su artillería para un contraataque certero, populoso y efectivo al estilo Ramón Saadi en los tiempos de María Soledad en Catamarca. La gran cita será esta tarde, en la Plaza San Martín, preparada por los punteros de las ramas del PJ. Alrededor del palco habrá, calculan, unas 20 mil personas para recordar en público, frente a la Casa de Gobierno y con una misa celebrada por el capellán de la Policía, el aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón, con la presencia estelar de la pareja gobernante. Eso ocurrirá sólo un día después de que el Colegio de Abogados local hiciera un pronunciamiento delicado: convocó a una asamblea extraordinaria para debatir la eventual intervención federal al Poder Judicial y pidió con “urgencia” el tratamiento de los pedidos de juicio político pendientes contra diez magistrados, entre ellos Dardo Herrera, quien en este momento tiene en sus manos la causa del doble crimen de La Dársena.
La cita será la esquina de Rivadavia y Alem, en pleno centro de Santiago. Allí, a las siete de la tarde, llegarán colectivos del interior, una parte de los 37.800 empleados de la administración pública provincial, otra porción de los 1400 del municipio de La Banda y alguna fracción de los 2900 de la Capital. No faltarán los beneficiarios de los planes trabajar, unos 55.000 en todo el territorio del juarismo, una de las provincias alimentadas estructuralmente por los fondos del Estado. Sobre esa plataforma vienen trabajando desde hace días los punteros políticos del partido. Tal como lo confirmó una fuente de Casa de Gobierno a este diario, serán ellos los encargados de la organización y de la movilización de la gente para la celebración de esta tarde, que comenzará con la misa a cargo de Eduardo Navellino, el cura de la policía. E incluirá una marcha espontánea, pero ya pautada con la televisión local, que terminará frente a un opositor de los Juárez: el Obispado.
Históricamente, este acto no era un acto masivo sino un oficio religioso reservado y a puertas cerradas. Los responsos por la memoria del General se hicieron durante años en la Catedral, un escenario que permaneció disponible hasta la época del obispo Gerardo Sueldo. Las denuncias de Sueldo contra el juarismo generaron más tarde un enfrentamiento político que terminó con la muerte del obispo. Desde entonces, Juárez buscó lugares alternativos: algunas veces fue la parroquia de La Merced y el año pasado concentró a su gente en el Club Dorrego.
Ahora las cosas son distintas y el show huele a Catamarca. También allí, con las marchas del silencio a pleno, Ramón Saadi puso en acción su recordada caravana donde su gente fue a buscarlo al aeropuerto como a Perón en Ezeiza.
La gran movilización de esta tarde será una respuesta a los embates contra los abusos de poder. El palco está preparado, expuesto y terminado desde hace tres días en la plaza. De todos modos, el acto no es la única respuesta del juarismo. El Tribunal Superior de Justicia está dando pasos acelerados en el mismo sentido: parar la intervención al Poder Judicial, pedida por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Nación y con tratamiento previsto para el próximo jueves. Ayer, el presidente del tribunal, Ernesto Kosameh, anunció formalmente que el fiscal del cuerpo, Arrulfo Hernández, “tomará a cargo el estudio exhaustivo y pormenorizado de todas aquellas causas –en especial del fuero criminal– que motivan o pudiesen motivar algún reclamo de parte delos familiares de las víctimas por algún tipo de demora en los procesos”. Justamente, uno de los argumentos de la posible intervención. La decisión fue anunciada por el vocero de los supremos e incluyó, además, la decisión de enviarle una nota con el anuncio a la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, al presidente de la cámara y a un sinfín de funcionarios.
Para la revisión “pormenorizada” de los casos, Arrulfo Hernández trabajará con el Consejo de la Magistratura, pero los casos que estudiarán no son los 250 denunciados por la comisión sino unos 20, “de los que se ha tomado nota -.explicaron ayer a través de un comunicado-. en virtud de diferentes informaciones periodísticas”. La necesidad de ponerse al día es tal que los jueces se han puesto en contacto hasta con la Comisión de Derechos Humanos del Obispado, convertida durante estos años en uno de los pocos ámbitos receptores de este tipo de situaciones.
Sobre el Poder Judicial se aproxima ahora una nueva tormenta. El Colegio de Abogados, uno de los ámbitos con representación en el Consejo de la Magistratura, se dispone a evaluar formalmente el pedido de intervención judicial. Después de una reunión ampliada donde participaron entre 70 y 80 abogados, el Colegio dispuso convocar a una asamblea en la que se discuta la intervención federal a la provincia. Luis Lugones, presidente del Colegio, explicó a Página/12 la decisión: “En este momento -.dijo-. existe pleno consenso de que el Poder Judicial está absolutamente en crisis”. En ese contexto, los abogados evaluaron la intervención: “Existen sectores que sí desean la intervención federal y otros que prefieren un recambio por otras vías institucionales, porque las experiencias pasadas en materia de intervención no fueron satisfactorias”.
Durante la reunión, los abogados pasaron revista a los expedientes dormidos de juicios políticos para diez jueces. Entre ellos, el de Dardo Herrera, el juez de La Banda a cargo del caso La Dársena, con denuncias por asociación ilícita y por desarreglo de conducta.