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Un nuevo capítulo sindical se sumó ayer al informe que por estas horas analiza Néstor Kirchner para decidir si finalmente interviene el PAMI. Se trata de un fuerte planteo de la Unión de Trabajadores del Instituto (UTI), el gremio más cercano a Luis Barrionuevo, que podría desembocar en el corto plazo en un conflicto gremial con las nuevas autoridades del organismo.
La UTI le acercó en las últimas horas una carta al presidente del PAMI, Juan González Gaviola, preguntándole sobre la manera en que hará honor al compromiso de pagar el 13 por ciento que le descontaron a los trabajadores del instituto durante la administración de Fernando de la Rúa.
La pregunta era retórica: el directorio removido por Kirchner ya se había comprometido a realizar esa devolución en efectivo. Pero, al parecer, el actual Gobierno aún no confirmó ni el momento ni la modalidad de pago. Más aún, estableció un orden de prioridades en la que los trabajadores no están precisamente en la cúspide.
“Primero tenemos que ocuparnos de los jubilados, en segundo lugar de los acreedores del PAMI, y recién después veremos qué haremos con la deuda salarial con los trabajadores”, sentenciaron ayer en la Casa Rosada, donde Gaviola llevó una montaña de carpetas con los detalles de éste y otros conflictos en puerta.
Si bien entre los gremios que representan a los trabajadores de la obra social de los jubilados están ATE y UPCN, la formalización del pedido se dio a través de UTI, que históricamente mantiene un vínculo con el barrionuevismo.
Se sabe: la inquina de Kirchner y Barrionuevo se remonta a los tiempos de campaña. El entonces mandatario de Santa Cruz y su mujer, la senadora Cristina Fernández, buscaron desplazarlo una y otra vez del Congreso y cuestionaron legalmente su candidatura a gobernador de Catamarca.
Recién como Presidente el santacruceño logró su primer éxito, al lograr que la CGT remueva del PAMI a Domingo Petrecca y Reynaldo Hermoso, los dos directores barrionuevistas.
Ahora, para enfrentar el conflicto con la UTI, el Gobierno estableció una estrategia, que ayer se conoció extraoficialmente: contrastará el salario promedio de los trabajadores de la obra social –en Gobierno hablan de más de 1500 pesos– con la jubilación promedio, de apenas 250 pesos. “¿Está claro por qué nuestra prioridad son los jubilados? ¿no?”, decían una y otra vez cerca de Kirchner.
Ese, al parecer, también será el argumento público que en breve esgrimirán los hombres del Presidente para hacer cintura a un reclamo que, más allá de la puja política, es legítimo.
El capítulo gremial será crucial en la decisión de Kirchner sobre una eventual intervención. Sobre todo porque una de las inminentes reformas programadas por Gaviola y también José Granero, el otro representante estatal en el organismo, es el cumplimiento de las horas de trabajo.
Según algunos datos que acercaron los nuevos gerentes al directorio, en varias sedes porteñas hay trabajadores con jornadas laborales exiguas. “Ojo que acá no se trata de despedir a nadie. Ese no es nuestro objetivo. Lo que queremos es que los trabajadores trabajen”, se preocuparon en señalar en Gobierno, buscando diferenciarse de las políticas de ajuste de las anteriores administraciones.
Si bien se mantiene el enigma de la intervención, hay una diferencia entre ésta y la semana anterior: desde ayer el Gobierno está legalmente posibilitado de llevarla a cabo. De todos modos, el vocero presidencial, Miguel Núñez, dijo que la decisión final no será necesariamente inmediata. Más aún: dejó abierta la alternativa de que ello suceda luego de la gira europea que Kirchner iniciará la próxima semana.
Igualmente el tema no saldrá de la agenda. Hoy mismo, Gaviola concurrirá a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para informar sobre lasituación del PAMI. El titular de la obra social limó con Kirchner los ejes de la exposición que realizará desde las 14 al grupo de legisladores. Pero nada dirá allí sobre la posible intervención, una decisión que –todos insisten hasta el cansancio en la Casa Rosada– el Presidente evaluará únicamente con su almohada.