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Las asimetrías argentinas dan, por ejemplo, para que un represor de la época de la dictadura, Ricardo Cavallo, esté a punto de ser juzgado por genocidio en España, al mismo tiempo que otro de mayor rango aún, Antonio Domingo Bussi, sea uno de los posibles intendentes de la capital tucumana. Y que su principal competidor, Gerónimo Vargas Aignasse, sea hijo de un político desaparecido durante la dictadura. Las 17 urnas que faltan contabilizar dirán hoy si la capital tucumana se convertirá en la capital del absurdo o si evitarán esta vergüenza a los tucumanos.
Dos personas acusadas de haber cometido los mismos crímenes pueden ser juzgadas en cualquier país del mundo y condenadas a cadena perpetua por genocidas. O pueden ser intendentes de una de las principales ciudades argentinas donde cometieron esos delitos.
Como esos cargos son considerados delitos de lesa humanidad, Bussi ha sido reclamado por el mismo tribunal que juzga a Cavallo en España. Y por lo tanto, si Bussi es el ganador de las elecciones municipales, Tucumán tendrá un intendente con pedido de captura internacional. En este momento, Bussi no puede trasponer las fronteras porque la Interpol va tras sus pasos.
El otro absurdo es que el mismo país y el mismo gobierno que impulsó en todos los foros la creación del Tribunal Penal Internacional, al mismo tiempo haya emitido un decreto que rechaza de hecho la competencia de ese tribunal en su territorio. Argentina reconoció el principio de una justicia universal, expresada en el Tribunal Penal Internacional, pero niega la aplicación de ese criterio en su propio espacio.
El tribunal que pidió la captura de Bussi no es el Tribunal Penal Internacional, pero se basa en el mismo principio. Para evitar esa contradicción, el actual gobierno manifestó que trabaja con la idea de anular el decreto de Fernando de la Rúa y que los pedidos de extradición sean resueltos, caso por caso, en la Justicia.
Si el Gobierno decide esta línea de acción, uno de los primeros pedidos de extradición que deberá atender será el de Bussi. Claro que, si se convierte en intendente de Tucumán, esta vía podría quedar en suspenso. En todo caso, primero habría que someterlo a juicio político. Para los acusados de graves violaciones a los derechos humanos, resulta doblemente interesante el acceso a cargos públicos porque de esta manera consiguen inmunidad.
Estas elecciones demostraron que la estrella política de Bussi está en declive, pero el solo hecho de que dispute la intendencia con este final de suspenso resulta agraviante. En gran medida, esto sucede porque los políticos no han sido claros al hablar de la dictadura. Y de esa manera se llegó a una situación donde la democracia y la Justicia, que fueron avasalladas por ella, terminan protegiendo la impunidad de sus personeros, lo cual no es justo ni democrático.