El juez porteño Guillermo Scheibler intimó a la ministra de Salud, Graciela Reybaud, y a la directora de Salud Mental de la Ciudad, María Concepción Grosso, a cumplir con la externación y reubicación de pacientes psiquiátricos internados en una clínica privada donde se registraron casos de malos tratos y “condiciones infrahumanas” de internación, informó la Asesoría General Tutelar (AGT) porteña. Mediante una resolución, el juez fijó un plazo de diez días, a partir del lunes, para hacer efectiva la medida, bajo apercibimiento de aplicar una sanción conminatoria, mediante una multa por cada día de demora.

El magistrado dictó la medida ante el incumplimiento de una medida cautelar dictada el 5 de abril pasado, a solicitud de la asesora tutelar Nº 1, Mabel López Oliva, en la que se ordena el traslado de los pacientes alojados en el Instituto de Psicopatología Nuestra Señora de Luján. En ese momento había internadas allí once personas mayores de edad, de las cuales todavía quedan siete sin ser reubicadas, todas bajo responsabilidad del Gobierno de la Ciudad, que paga sus becas. En el lugar además hay pacientes derivados por otros prestadores y otras jurisdicciones, que no son alcanzados por esta medida.

López Oliva, con el respaldo de la asesora tutelar Nº 1, Laura Musa, había presentado una acción de amparo colectivo el 18 de febrero de este año, con el fin de que el Gobierno de la Ciudad cumpla con su obligación de garantizar el derecho a la protección y cuidado integral de la salud mental de niños, niñas y jóvenes que viven actual o potencialmente en esa institución. A través de un convenio, la Ciudad tenía alojados pacientes en la clínica New Life, Centro Educativo Terapéutico y Centro de Día-Hogar Escuela.

Tanto la AGT como el Registro de ONG del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad, la Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional Neuropsiquiátrico de la Defensoría General de la Nación y la Dirección General de Salud Mental de la Nación constataron en esos dispositivos de salud “irregularidades sistemáticas y de extrema gravedad, que afectan derechos y garantías consagrados en el ordenamiento jurídico local, nacional y que son vulneratorias de los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos”.

“Consideramos que en los distintos dispositivos del Instituto Nuestra Señora de Luján se han violado los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes y de personas afectadas en su salud mental allí alojadas, incumpliendo con los compromisos asumidos por nuestra país en ese tema”, afirmó Musa.