Trabajadores de la salud de 25 hospitales porteños realizarán mañana una Marcha Blanca desde Avenida de Mayo y 9 de Julio hasta la Jefatura de Gobierno, contra los recortes presupuestarios en salud y la rebaja salarial que sufren desde junio, producto de la supuesta rectificación de una liquidación en exceso que se repitió nueve meses. En tanto, desde la Asociación de Médicos Municipales (AMM) dijeron que no adhieren ni convocan a la movilización, ya que son un “sindicato serio”, que está negociando este tema con distintos sectores del gobierno porteño.

“Las rebajas salariales entre el 10 y el 20 por ciento se mantienen. Nos volvieron a descontar este mes de julio y ahora profundizamos la lucha. En un sueldo de 10 mil pesos el descuento es de 1500, aproximadamente la misma cifra que el aumento que percibimos en abril. Paralelamente, a través de la Resolución 582/13, se reasignaron al rubro de publicidad y propaganda 40 millones de pesos que iban a los hospitales y a programas de desarrollo social y se subieron los sueldos de Jefatura de Gobierno”, afirmó en diálogo con Página/12 Jorge Pachamé, médico de terapia intensiva del Hospital Ramón Sardá.

En cuanto a la rebaja que afecta a 15 mil trabajadores, el profesional, que integra el Frente de Recuperación Gremial, explicó que no hubo ningún acto administrativo en el que el gobierno de Mauricio Macri explicara el supuesto error por el que se liquidó de más nueve meses seguidos, desde septiembre de 2012, y ahora les están haciendo este descuento. “El Gobierno de la Ciudad no presentó una resolución informando del error. No hay acto administrativo ni nota explicativa. No presentaron el error. Es un atropello a los derechos laborales. La gente está muy enojada, no acepta esto. Es una política de ajuste y empezaron con los profesionales porque son los menos reaccionarios, pero no previeron las consecuencias.”

En este sentido, Pachamé apuntó contra la intervención de la AMM. “La Asociación está de acuerdo con todo y quiere cerrar el conflicto a pesar de que nadie pudo presentar la demostración del error. Ahora están muy preocupados porque se enteraron de que hay 1500 cargos concursados sin los fondos. Son unos encubridores, sostenedores de la política del gobierno porteño. Frente a la fuerza de los trabajadores, la semana pasada convocaron a asambleas en todos lados intentando romper el cerco de la movilización y perdieron. Ahora no hablan y están a la espera de lo que pase después de mañana.”

Por otra parte, el presidente de la AMM, Jorge Gilardi, explicó en diálogo con este diario la postura del gremio. “En este momento estamos tratando estos temas en la paritaria. Ni convocamos ni adherimos a esta movilización porque somos un sindicato serio, que busca soluciones. Estamos negociando, tratando los temas en diferentes sectores del gobierno. Reconocido que hubo un error, estamos en tratativas para ver las soluciones posibles. Además, en la marcha participan distintos gremios.”

Sin embargo, los profesionales y no profesionales no marcharán sólo por la cuestión salarial, sino que hablan de “un ataque global a la salud pública” por parte del macrismo.

Entre los problemas, Pachamé enumeró los magros salarios de los enfermeros, el estado del Hospital Alvarez –que no fue reconstruido tras un incendio el año pasado–, la reducción de camas y salas de internación en general y la demora de la puesta en marcha del Servicio de Neurocirugía del Hospital Santa Lucía, que sigue cerrado.

Además, el médico puso especial énfasis en la situación del hospital psiquiátrico Borda y denunció una supuesta transferencia de pacientes a clínicas privadas. “Hay un incumplimiento de la Ley de Salud Mental, ya que no hay casas de medio camino para la progresiva externación de los pacientes. Hoy hay 640 pacientes en el hospital, un 40 por ciento menos que hace cinco años, pero esto no es un efecto de la aplicación de la ley, sino que trasladaron pacientes a hospitales privados de provincia. Están haciendo negocios a partir de la enfermedad. En lugar de invertir en hospitales públicos, invierten en clínicas privadas. Están privatizando la salud.”

Sobre este tema también se manifestó la legisladora del Partido Socialista Auténtico Virginia González Gass. “Se está incumpliendo la Ley 448, de Salud Mental, porque no existen las casas de medio camino. Hay una de mujeres y otra de hombres y hace poco abrieron una para menores del Tobar García frente a Villa Zabaleta, en la que no puede rehabilitarse nadie. Además, no hubo ninguna respuesta ni sancionados por la represión de la Policía Metropolitana cuando demolieron el taller protegido número 19.”