De las 1941 familias que el Gobierno de la Ciudad tiene que mudar de la orilla del Riachuelo, para cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, hasta ahora sólo trasladó a 275. Y en la mayoría de los casos les otorgó viviendas que, aunque nuevas, tienen graves problemas de construcción. Así, esas familias ya no están a la vera de un río contaminado, pero viven en casas cuyas paredes de plástico chorrean agua, producto de la humedad condensada en los días fríos, o se les llueve el baño con los desagües del vecino de arriba, por relatar sólo dos de las falencias que constan en un informe de la Defensoría General porteña. Un conflicto con una empresa constructora dejó a medio hacer unas 200 viviendas en el predio conocido como Mundo Grúa, destino de un grupo de habitantes de la Villa 21-24 de Barracas, donde además está pendiente una pericia para determinar si el terreno –que hasta no hace mucho fue un basural– ha sido rellenado correctamente para soportar el peso de las construcciones. Las deficiencias y los atrasos en el cumplimiento de los plazos constan además en un informe elaborado por Acumar y en otro realizado por una legisladora que integra la Comisión de Vivienda.

El complejo de Portela y Castañares, en el Bajo Flores, aparece a simple vista casi como un centro habitacional modelo: juegos para niños y hasta una cancha de fútbol y de básquet. Pero los problemas aparecen a la vista apenas uno ingresa a las viviendas. “Cuando nos bañamos, aprovechamos para baldear la casa”, ironiza Angélica, que vive en uno de los departamentos de ese complejo. Es que el agua de la ducha (no hay bañera ni receptáculo) va para cualquier lado menos hacia el desagote: la caída es hacia el living, por el pasillo, y hacia los dormitorios.

Hace poco más de un año que se mudaron allí y no paran de tener problemas: todavía no tienen conexión definitiva de electricidad, hay pérdidas de gas y serios problemas de humedad: “Venía una cuenta de 370 pesos, por eso me di cuenta de que había una pérdida en la cocina”, relata Angélica. La estufa del living no funciona y en los cuartos no hay calefacción: “Los enchufes no aguantan los calefactores eléctricos, se queman”, cuenta a Página/12.

El departamento es amplio. Tiene tres dormitorios, pero lo entregaron sin cerámica en los pisos, con una carpeta de cemento. Pero el problema mayor es el método de construcción. “Optaron por un sistema industrializado, que consiste en perfiles de PVC que son rellenados con hormigón, pero modificaron el método original y decidieron no colocar un revestimiento de telgopor y PVC, que actuaría como aislación térmica”, advierte el arquitecto Ignacio Sagasti, del equipo técnico de la Defensoría General porteña, autor de un informe para el seguimiento de las construcciones.

El método es el Royal Building System. La modificación de su versión original no está aprobada por el Ministerio de Planificación Federal, que es el que financia la construcción de las viviendas con finalidad social.

En el complejo Portela viven 130 familias provenientes del asentamiento El Pueblito de Pompeya, y 33 del Magaldi, que estaba en La Boca. Son viviendas distribuidas en planta baja y dos pisos. Y según los casos, tienen dos y tres dormitorios. El nivel de precariedad en la construcción está a la vista hasta en la cabinas de gas. “Los reguladores son más chicos que los reglamentarios. Por eso, cuando los vecinos detectan un problema, no llaman a Metrogas, porque les cortaría el suministro”, dice Mauro Chellillo, abogado y prosecretario administrativo de la Defensoría. “La única vez que llamaron a la empresa, hubo que romper la cabina para que entrara el regulador reglamentario”, comenta.

En la recorrida realizada por Página/12 puede comprobarse lo escrito por el arquitecto Sagasti en su informe. “Las ventanas y puertas balcón son de muy mala calidad, construidas con componentes inapropiados, de menor peso y espesor que las indicadas por el fabricante”, advierte el profesional. Como consecuencia, las ventanas quedan fuera de escuadra y se producen filtraciones de agua y aire.

El agua no sólo entra desde afuera. Por la “mala colocación del sellado con siliconas” entre la pared y la losa o el piso, el agua del baño puede filtrarse al dormitorio. “Entre lo que entra por la ventana, lo que transpiran las paredes y lo que viene del baño, tengo todos los colchones mojados”, se queja Angélica.

Otros departamentos que recorrió este diario presentan los pisos de cerámica parcialmente levantados, y en algunos se evidencia un notorio olor a gas. “Cuando nos mudamos, en diciembre de 2011, no había electricidad, teníamos un generador para todo el barrio”, cuenta Raúl Cárdenas, uno de los delegados del barrio. Recuerda que antes de mudarse habían acordado con el Instituto de Vivienda de la Ciudad la construcción de unas bauleras fuera de los edificios. “Muchos somos albañiles y no tenemos dónde guardar las herramientas. Yo tengo la mezcladora en uno de los cuartos”, cuenta Raúl. Hasta ahora no es más que una expresión de deseos.

Los edificios fueron construidos por la empresa Tawer Constructions, la misma que tenía a su cargo la construcción de las viviendas en Barracas, con el mismo cuestionado método de construcción con PVC y hormigón, en las que se reubicaría a un grupo de familias de la Villa 21-24. Esa obra fue suspendida por un conflicto con la empresa, que habría dejado de pagarles a sus trabajadores, según denunció la Uocra.

Problemas similares de habitabilidad se presentan en las viviendas del complejo de Castañares y General Paz. “Tienen problemas de terminación en las instalaciones. Las cañerías de desagüe de los baños pierden y el agua cae al departamento de abajo”, explica Sagasti. Como consecuencia, los cielorrasos están enmohecidos, carcomidos o directamente destruidos, algo inexplicable para un edificio que tiene poco más de un año de uso.

Los departamentos de Castañares no tienen problemas estructurales: son los edificados por el programa Sueños Compartidos, de Madres de Plaza de Mayo. Fueron entregados hasta con muebles y cortinas.

Allí viven unas 60 familias que provienen del asentamiento Magaldi, en La Boca. Se sumaron al barrio que ya habitaban los ex vecinos de la Villa Cartón, destruida en un incendio en febrero de 2007. Los nuevos vecinos denuncian problemas de convivencia: el ingreso a cada departamento tiene doble puerta, una de rejas de hierro y la tradicional, de madera, para evitar asaltos. “No hay vigilancia en el barrio, la policía sólo custodia los edificios sin entregar para que no los ocupen, pero no atienden denuncias”, se queja Fernando Ramos, uno de los delegados del complejo.

En el complejo Los Piletones, un sector fue destinado a parte del ex asentamiento Magaldi, que terminó partido en tres. Allí se ven las huellas de un incendio que afectó a uno de los departamentos. “No podían apagarlo porque el IVC nunca entregó los matafuegos, los tiene a todos en una oficina, dicen, para que no los roben”, comenta Diego Fidel, otro integrante del equipo de la Defensoría que interviene en el control y la organización de los reclamos vecinales.

La construcción de los edificios, que también estaba a cargo de Sueños Compartidos, quedó a cargo de la Corporación del Sur, que subcontrata a una Federación de Cooperativas, integrada por algunos de los obreros que trabajaban para el anterior emprendimiento.

“Las demoras en la construcción y el atraso en los planes de vivienda generan conflictos, porque se terminan entregando a las familias que vienen del Riachuelo, para cumplir con la sentencia, viviendas que estaban destinadas a familias de los asentamientos”, advierte Chellillo. “Además, la resistencia de la Ciudad a utilizar terrenos disponibles en las zonas donde están los asentamientos provoca el desarraigo de los habitantes”, sostiene. “Además –agrega Fidel–, la Comuna 8, adonde va la mayoría de la gente, carece de infraestructura en escuelas y transporte.”

“La Ciudad lleva un retraso importante en las relocalizaciones de las familias de la cuenca, especialmente en la Villa 26 y en la 21-24. Los plazos a los que ellos mismos se comprometieron en audiencia pública están con más de un año de atraso y las obras no tienen fecha de finalización cierta, o muchas de ellas no se han iniciado”, dijo a Página/12 el vicepresidente ejecutivo de Acumar, Antolín Magallanes. “La Nación aportó los fondos para las obras –agregó–, pero todavía no se han ejecutado.”

Según la diputada Rocío Sánchez Andía (Coalición Cívica), integrante de la Comisión de Vivienda de la Legislatura, “a la fecha deberíamos encontrarnos con todas las viviendas construidas y entregadas, y las familias, relocalizadas; y sólo se ha cumplido con la construcción del 14 por ciento” (ver nota aparte). La legisladora denuncia que fue discontinuado el trabajo de las mesas de trabajo participativas entre el Gobierno de la Ciudad y los vecinos, lo que “dejó a los vecinos sin una instancia de diálogo con el gobierno para denunciar las demoras y el paupérrimo estado en que se encuentra la mayoría de las viviendas entregadas”.