El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no podrá ser querellante en la causa que investiga la represión de fines de abril en el Hospital Borda. Así lo determinó la Justicia, en una resolución que fundamenta la negativa en la posibilidad todavía no descartada, porque la investigación está en estado “embrionario”, de que funcionarios de la administración porteña estén imputados. La decisión de la Cámara del Crimen desestimó, así, el planteo que había realizado la Dirección General de Asuntos Penales de la Procuración General de la Ciudad. Los oficiales de la Policía Metropolitana que tomaron parte en los hechos sucedidos en el parque del neuropsiquiátrico, razonaron los magistrados, sufrieron “lesiones y a su vez habrían dañado” elementos como cercos perimetrales de la obra, además de haber provocado heridas a “pacientes, médicos y enfermeros (...) periodistas, legisladores y agentes gremiales”. Por ello, al menos de manera preliminar, los jueces consideraron que del episodio “resultan imputados miembros de la Policía Metropolitana y funcionarios del Gobierno de la Ciudad”, entre ellos Mauricio Macri.

La resolución de los camaristas Carlos González, Mariano González Palazzo y Alberto Seijas se refirió a la causa que investiga la represión en el Hospital Borda, ocurrida el 26 de abril, cuando se reprimió la protesta que intentaba frenar la demolición de un taller protegido. Mediante una presentación del jefe de la Dirección General de Asuntos Penales de la Procuración General de la Ciudad, Francisco D’Albora, el gobierno porteño pidió ser “tenido por parte querellante” en la causa.

Los magistrados consideraron que los hechos ocurrieron “en circunstancias en que personal de la Policía Metropolitana prestaba colaboración a fin de que pudiera ejecutarse en ese predio la construcción de los edificios del Nuevo Distrito Gubernamental, y un grupo de personas reaccionó físicamente contra los uniformados”. En ese contexto, los policías metropolitanos asignados al lugar en ese momento sufrieron “distintos tipos de lesiones y a su vez habrían dañado tanto los elementos de protección que portaban estos últimos, como los cercos perimetrales de la obra”.

Pero, además, a causa de la intervención policial, sobrevinieron heridas en las personas que manifestaban y también en la comunidad del Hospital Borda. “Con motivo del accionar policial, también habrían sido heridos pacientes, médicos y enfermeros del nosocomio de mención, así como periodistas, legisladores y agentes gremiales”.

Los hechos sucedidos el 26 de abril en el Borda, continúa la resolución, resultaron en dos causas judiciales, en las que “resultan imputados miembros de la Policía Metropolitana y funcionarios del Gobierno de la Ciudad”. Los camaristas especifican a quiénes se refieren: el “jefe de Gobierno Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta, el ministro de Seguridad Guillermo Montenegro y el ministro de Desarrollo Urbano Daniel Chain, en orden a los delitos de daño agravado, lesiones, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona”.

Al momento de tomar las dos denuncias, el juez de instrucción Jorge Adolfo López resolvió tramitarla por separado. Aunque no resolvió su unificación, la Cámara consideró “evidente (la) relación entre los legajos pues las conductas a dilucidar se ubican en un mismo contexto. Es innegable que todas confluyen en el suceso que tuvo lugar el pasado 26 de abril”. Por ello, el intento del representante de la procuración porteña para “actuar en el proceso en representación del Gobierno de la Ciudad no puede prosperar, pues acceder a ello instauraría en la pesquisa del evento una incompatible asunción de roles antagónicos, como es la de ser los funcionarios públicos imputados y a la vez acusadores”.

De todos modos, la Cámara señaló que la investigación sobre la represión en el Borda aún se encuentra en “estado embrionario”.

El 26 de abril por la mañana, la Policía Metropolitana reprimió una manifestación que protestaba por la demolición de un taller protegido en el hospital. Cerca de cien policías y varias cuadrillas de operarios habían ingresado maquinaria de demolición al predio del lugar, luego de cortar las cadenas de un portón trasero. En la versión oficial, los agentes habían concurrido para verificar que el taller fuera efectivamente derrumbado. Ante la protesta de médicos, pacientes y legisladores, reprimieron. Al menos 20 civiles resultaron heridos y debieron ser hospitalizados por haber recibido perdigones de goma, golpes de cachiporra, chorros de gas pimienta y patadas. Por la tarde, el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, explicó: “No queremos ceder a los violentos”. Pero horas después, un fallo judicial consideró que el procedimiento había sido ilegal, multó a los funcionarios responsables y reimplantó una medida cautelar para detener las obras.