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El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deberá acordar con organizaciones sociales la metodología y fecha para la realización de un censo de personas en situación de calle con un criterio mucho más amplio que el actual, a partir de la reciente reglamentación de la Ley 3706 de Protección de Derechos de las Personas en Situación de Calle.

A través del Decreto 310/2013, publicado el viernes pasado en el Boletín Oficial, el gobierno porteño comenzó a saldar un reclamo que desde hace casi tres años venían realizando diferentes organizaciones sociales: la reglamentación de la Ley 3706, que había sancionado en 2010.

“Entre muchos otros aspectos, la ley amplía el concepto sobre lo que es una ‘persona en situación de calle’ incluyendo no sólo al que duerme en la vía pública, sino también a los que cobran subsidios habitacionales, los que se encuentran en peligro de desalojo o tienen viviendas temporarias”, dijo Horacio Avila, de la organización Proyecto 7, a la agencia Télam.

“Estamos contentos, pero no eufóricos con la reglamentación, ya que esto no es una solución, pero sí es un paso más en el reconocimiento de derechos de personas que se encuentran en una situación muy vulnerable”, agregó Avila.

El Espacio Carlos Mugica, integrado por unas 50 organizaciones (entre ellas Proyecto 7), emitió un comunicado en el que sostuvo que “la reglamentación de esta ley es un objetivo clave en la agenda de nuestro espacio, porque entendemos que eleva el piso de derechos y garantías para quienes atraviesan una situación de alta vulnerabilidad”. La reglamentación de la ley establece, en primer término, que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Desarrollo Social porteño, y que de él dependerá “diseñar e implementar políticas, planes y programas de promoción y desarrollo social destinados a la población en situación de vulnerabilidad social”.

Según las organizaciones sociales, en la Ciudad hay unas 17.000 personas en situación de calle. “Que el gobierno porteño tenga que aceptar este número que nosotros venimos diciendo a partir de realizar un censo propio lo va a obligar a tener que diseñar políticas públicas más concretas para revertir la situación”, concluyó Avila.