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Los atribulados empleados del Repar (Registro Provincial de Armas) no tienen paz. Primero tuvieron como jefe al represor Luis Tejerina. En marzo de este año, cuando Tejerina dejó el Repar para su frustrada asunción como director de Antecedentes de la Bonaerense, en su lugar fue designado José Aurelio Ferrari. Ferrari había sido desplazado como jefe de la Departamental de San Nicolás, tras ser denunciado por entrar a la casa de un cartonero y detener al jefe de familia y a su hijo mayor, previo ablande a golpes. Como prueba de peligrosidad secuestró una pistolita lanzaflechitas de plástico con la que jugaba el menor de los hijos del cartonero, de 9 años. No fue su único mérito. Un tribunal de San Nicolás lo cuestionó severamente por proteger a un cabo procesado por homicidio y condenado a 16 años. Y durante su gestión en San Nicolás, las denuncias por apremios a detenidos se septuplicaron. Ahora, el mismísimo Ferrari trepa a la cresta de la ola: Felipe Solá, preocupado por la población armada, dispuso que el Repar actualizara el registro mediante inspecciones en los domicilios de todos los poseedores de armas legítimas. En la movida no serán incluidas las lanzaflechitas.
Durante el fin de semana pasado, el gobernador Felipe Solá y sus colaboradores directos habían comenzado a hilvanar la idea de un canje de armas. Los motivaba la sustentada preocupación por la cantidad de armas en manos de la población. El canje de armas al estilo mendocino quedó en veremos, pero en cambio el gobernador tomó la decisión de rejerarquizar al Repar. El primer paso de la rejerarquización fue ordenar que todos los poseedores legítimos de armas revalidaran su condición de tales. Se realizarán campañas gratuitas para que las armas en negro sean registradas y campañas para desalentar la compra. Y ordenó al Repar realizar inspecciones domiciliarias para determinar si las armas registradas están realmente en posesión de sus dueños.
El segundo paso de la rejerarquización es más dudosa, al menos tal como está el organigrama: por el momento, José Aurelio Ferrari será el rejerarquizado jefe. Ferrari fue desplazado a la titularidad del Repar a comienzos de marzo pasado, tras un escándalo desatado por una nota de Página/12. A mediados de enero, este diario informó sobre el caso Quintana, ocurrido en San Nicolás y denunciado por la familia Quintana ante la Justicia. Pablo Andrés Quintana, de 18 años, regresaba a su casa en bicicleta el 2 de diciembre pasado. A pocos metros de la puerta un auto con vidrios polarizados se cruzó en su camino. Del vehículo bajaron cuatro policías: el comisario Alejandro Barreiro, segundo de Ferrari; el cabo primero Alfredo Saucedo, chofer de Ferrari; y el cabo Román Guevara. Al frente de la Brancaleone y corriendo detrás de Quintana, el mismísimo Ferrari. Según la posterior denuncia, los policías se la tomaron con Pablo y con su padre, Alberto. A Pablo, Ferrari lo sacudió de un puñetazo en la nariz. Alberto logró zafar de las manazas que lo tomaban del cogote, pero Ferrari le clavó el caño de su arma en el estómago.
Después, arrastraron a padre e hijo de los pelos hasta dos patrulleros y los llevaron detenidos esposados a la seccional 3ª de San Nicolás. Para evitar aquel fastidioso asunto de que “los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra”, cual experto perito, Ferrari reunió probanza y evidencia en apoyo: secuestró la bicicleta de Pablo, que había sido regalada por su madre, Rosa Brest, y un arma que demostraría la peligrosidad del asunto. El arma en cuestión, una pistolita de plástico azul lanzaflechitas con ventosa en la punta, fue arrancada de manos de Rodrigo, de 9 años, hijo menor de los Quintana que jugaba al poliladron en la puerta con un amiguito. Cuando Rosa fue a reclamar a la comisaría, Ferrari la atendió y le dijo: “No pasa nada, señora, es una boludez” y agregó que perseguían a Pablo, porque “se metió en una casa y no nos quedó otra que entrar y detenerlo”. Ferrari alegó que la fiscalía ordenó la detención, aunque en ninguna fiscalía sabían nada del asunto.
La nota fue publicada el 15 de enero pasado. En marzo fue desplazado. El primer lunes de marzo, Ferrari asumía en su nuevo puesto: a cargo del Repar.
El caso Quintana no es el único escalón del legajo del rejerarquizado. A fines de agosto de 2002, el cabo primero Rubén Galloso fue condenado a 16 años por el homicidio de Emanuel Ríos, de 17 años. El Tribunal 2 de San Nicolás encontró probado que la Bonaerense simuló un intento de robo y enfrentamiento, que presentó testigos falsos, que limpió el arma usada por Galloso y que plantó otra a la víctima. Y no sólo eso. La detención de Galloso demoró ocho meses. Durante ese tiempo, Ferrari acogió al cabo en problemas como chofer, una sutil forma de protección. Cuando Ferrari declaró en el juicio, no le tembló un músculo de la cara para decir que “soy muy desconfiado y lo quise tener cerca para ver si se sinceraba conmigo”. “¿Se sinceró?”, le preguntaron los jueces. “Terminé convencido de que (Galloso) es un buen hombre y de que hubo un enfrentamiento.” El Tribunal terminó advirtiendo seriamente a Ferrari y a la Bonaerense por “la intención de favorecer la situación del acusado”.
Más escalones: Ferrari grabó subrepticiamente una conversación entre un detenido y el defensor oficial Gabriel Ganon y la presentó como prueba en defensa del comisario Rubén Gatti, regresado a la actividad pese a estar condenado por torturas por la Suprema Corte. Ocurre que Gatti había apelado ante la Corte nacional, suficiente para que lo reintegraran.
Durante la gestión Ferrari-Gatti, las denuncias por apremios ilegales a detenidos en San Nicolás se multiplicaron por siete.
También recibió en homenaje al cabo primero Alberto Castillo, procesado en el caso Ramallo y luego desvinculado por falta de pruebas (ver aparte). Más allá de la desvinculación de Castillo, Ferrari asumió una posición que luego repetiría con Galloso: lo recibió con honores en su despacho, cuando todavía estaba procesado.
Ahora, sobre los hombros de Ferrari se apoya la solución a una de las preocupaciones del gobernador Solá: el desarme de la población. No está claro qué métodos empleará ni si incluirá en el registro las lanzaflechitas de plástico.