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Era el año ‘78. Angela del Rosario Pérez de Arias era la esposa de un desaparecido. Una noche caminó hasta la Secretaría de Informaciones de Santiago para preguntar por su pareja: “Musa Azar le dijo que si no declaraba en contra de su marido la iba a meter presa y le iba a hacer quitar los chicos”. El testimonio de Angela del Rosario forma parte de la veintena de causas relevadas por la Conadep contra el ex comisario Musa Azar, jefe del aparato represivo y de inteligencia del juarismo, desplazado por los coletazos del doble crimen de La Dársena. Aquella veintena de casos serán retomados ahora para impulsar la apertura de un juicio por la verdad contra el ex comisario. El juicio será pedido por el abogado Luis Horacio Santucho a la Justicia federal de Santiago y cuenta con el aval de la Comisión de Derechos y Garantías del Senado de la Nación, que tiene en marcha un proyecto para que se lo declare de interés parlamentario. Eso ocurre mientras los familiares de las víctimas vuelven a pedir su detención por el doble crimen y piden la captura de los llamados hijos del poder en una causa que por ahora se quedó con un solo detenido.
El juicio contra Musa Azar seguirá el mismo camino por el que se reabrieron, en distintos puntos del país, nuevas instancias procesales contra los militares beneficiados por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Se busca encontrar nuevos objetos procesales que no hayan sido amparados por las llamadas leyes de impunidad.
Esta es la situación del ex comisario, imputado entre otros cargos por la desaparición de 23 santiagueños durante los años que permaneció al frente del estratégico D-2, la Dirección de Investigaciones de Santiago. Musa Azar llegó a esa dirección promovido por Carlos Juárez, ya por entonces jefe del gobierno de Santiago del Estero: fue designado policía en 1967, poco después entró al Departamento de Informaciones Policiales hasta 1975 y allí fue nombrado jefe de Superintendencia de Seguridad y comisario. Poco más tarde, a un mes del golpe de Estado, quedó a cargo del D-2 durante dos años. En ese lapso se incorporó a la maquinaria de desaparición de personas administrada por el Estado: los expedientes dan cuenta de su rol como jefe de los escuadrones de la muerte, como administrador e ideólogo de las sesiones de torturas y de los campos de exterminio y de su lugar en la designación de perseguidos, liberados y desaparecidos de la provincia.
Su actividad está ahora compilada en unas 60 fojas que entrarán en los próximos días al único despacho de la Justicia federal de Santiago del Estero. El juez Angel Toledo tendrá en sus manos la posibilidad de darles lugar o no a los expedientes que le presentará Luis Santucho. Los antecedentes destinados al magistrado son idénticos a los que en este momento revisa la Comisión de Derechos Humanos y Garantías del Senado de la Nación. Diana Conti, titular de ese ámbito, revisó ayer el expediente para incorporarlo a los fundamentos del proyecto de intervención federal al Poder Judicial de la provincia que en este momento estudia la Comisión de Asuntos Constitucionales.
La posibilidad de que prospere el juicio contra Musa Azar estará sujeta en una primera instancia a la decisión de Toledo. En ese sentido, Santucho está convencido de que una de las causas que ya se tramita en ese juzgado puede servir como puerta de ingreso: “Toledo tiene la causa de Armando Arqueti”, dice sobre el caso de uno de los desaparecidos del ‘77 donde se lo imputa a Musa Azar. “Aquel expediente –continúa Santucho– nos permite ahora iniciar los juicios por la verdad.”
Además de impulsar este juicio, Santucho es el abogado de los familiares de Patricia Villalba, una de las dos jóvenes del caso que hizo sonar nuevamente el nombre del ex comisario. Musa Azar estuvo al frente de esa SIDE provincial hasta que los efectos del doble crimen lo corrieron. Para comienzos de junio era el jefe operativo de la tropa de la policía provincial sospechada del sinfín de irregularidades cometidas durante laprimera etapa de la investigación. En ese contexto, Musa Azar se convirtió en el primero de la lista de descabezamientos que incluyó a la cúpula policial y al vicegobernador Darío Moreno. Hasta ese momento la relación de Musa Azar con los crímenes era de encubrimiento. Su rol había servido, según la denuncia de los familiares, para tapar la relación de los hijos del poder con la fiesta en la que habría muerto Leyla Bshier Nazar. Pero la relación del ex comisario con la causa se complicó con los aportes de nuevos testigos. Los Villalba incluyeron a su hijo entre los “hijos del poder” ligados a la fiesta y al crimen de Leyla. Y lo sindicaron como instigador de la muerte de Villalba. Los signos de tortura encontrados en su cuerpo y la presencia de un cable como parte de la técnica empleada para el crimen fueron leídos como parte de la metodología típica de los grupos de tareas.