A trece años de la primera denuncia, a once de la difusión pública del caso y luego de la ratificación, ahora por tercera vez, de una condena a 15 años de prisión por los delitos de “abuso sexual y corrupción de menores agravados”, el cura Julio César Grassi seguirá sin ir a una cárcel, al menos por ahora. El tercer tribunal que encontró culpable a Grassi, sin atenuantes, fue la Suprema Corte de Justicia bonaerense en un fallo de 165 páginas al que tuvo acceso Página/12. La Corte provincial desestimó los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de la ley interpuesto por la defensa del sacerdote. Los jueces rechazaron todos los planteos en orden a la supuesta violación de los principios de congruencia en la argumentación de la sentencia, garantía de la doble instancia, valoración de la prueba acusatoria y por último respecto de la presunta vulneración de la figura del in dubio pro reo, que establece que ante un nivel de duda razonable se debe beneficiar al imputado. Ahora, a la defensa del cura sólo le queda apelar ante la Corte Suprema nacional y se descuenta que lo hará para seguir extendiendo lo que parece una interminable partida de ajedrez.

Como es propio de las decisiones del alto tribunal bonaerense, los jueces se expidieron sólo sobre las objeciones de la defensa contra el fallo de la Sala II del Tribunal de Casación Penal provincial, que el 14 de septiembre de 2010 confirmó la condena de primera instancia del Tribunal Oral 1 de Moron, dictada el 10 de junio de 2009. Nada dijo acerca de la situación actual de Grassi, quien sigue gozando del beneficio de una libertad con restricciones.

Las fuentes judiciales consultadas por este diario recordaron que hace poco menos de cinco meses, el 22 de abril pasado, la Sala I de la Cámara de Apelaciones de Morón sostuvo que debía “revocarse el régimen alternativo” de la libertad restringida y “proceder a la detención” del sacerdote por haber violado las condiciones que debía cumplir a rajatabla para seguir gozando de ese beneficio. Grassi había incumplido uno de los puntos centrales porque se refirió, en público, al chico conocido como “Gabriel”, por cuya denuncia se lo condenó a 15 años.

El cura tiene prohibido hacer cualquier tipo de alusión pública a cualquiera de las víctimas, dado que también fue denunciado por “Ezequiel” y por “Luis”, por otros 15 casos de abuso sexual. El testimonio de estos dos jóvenes no fue tomado por la Justicia en la sentencia.

Sergio Piris, abogado de “Gabriel”, le dijo a Página/12 que cree que tanto la querella como la fiscalía se tienen que “presentar nuevamente ante el Tribunal Oral 1 de Morón para pedir que Grassi vaya preso”. Ese sería el camino, según Piris, al margen de lo que ocurra con la orden de detención emitida en abril por la Cámara de Apelaciones de Morón, la que fue apelada por la defensa de Grassi ante la Cámara de Casación.

Casación todavía sigue sin pronunciarse sobre si debe o no cumplirse esa orden de detención, lo que permite comprobar la complejidad y la maraña judicial urdida por la defensa de Grassi en esta causa por “abuso sexual y corrupción de menores agravados por su condición de sacerdote encargado de la educación y de la guarda del menor víctima”. El fallo de la Suprema Corte bonaerense que condena por tercera vez a Grassi fue firmado por los jueces Héctor Negri, Daniel Fernando Soria, Juan Carlos Hitters y Luis Esteban Genoud.

Una fuente judicial confirmó lo dicho por el abogado Sergio Piris, en el sentido de que “la decisión sobre si Grassi sigue en libertad vigilada o si va preso a una cárcel común queda otra vez en manos del Tribunal Oral 1 de Morón”, que en distintas ocasiones y con diferente composición, siempre terminó por rechazar los planteos para que el cura vaya preso. Ahora esto puede modificarse por el fallo de abril de la Cámara de Apelaciones de Morón, pero esta instancia de definición sigue en poder de la Cámara de Casación, que todavía no se ha expedido.

La primera denuncia por abuso sexual contra Grassi, titular de la Fundación Felices los Niños, con sede en Hurlingham, se presentó el 29 de noviembre de 2000 ante el Juzgado de Instrucción Nº 3 de Morón. La causa no avanzó, hasta que el 23 de octubre de 2002, el caso tomó estado público a partir de la difusión, por Canal 13, de un programa especial de Telenoche investiga, en el que los mismos chicos que lo llevaron al juicio oral señalaron a Grassi como abusador.

Piris consideró que “luego de la confirmación del fallo por parte de la Suprema Corte, el Tribunal Oral 1 de Morón tendría que resolver el envío a prisión de Grassi. Sobre todo teniendo en cuenta que la sentencia de la Corte provincial ha sido muy rigurosa y detallada, al punto que se dejan de lado todos los planteos de la defensa”. Otras fuentes allegadas al caso estimaron que Casación tendría que expedirse en relación con la orden de detención contra Grassi, “porque ya suman tres las sentencias condenatorias y ya no queda margen para la duda sobre la culpabilidad del sacerdote. Resulta intolerable que siga con prisión domiciliaria”.

Por su parte, el abogado Juan Pablo Gallego, quien representa en la causa al Comité de Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, consideró que es “muy importante el fallo de la Suprema Corte, pero es imprescindible que Grassi vaya preso, porque se trata de un pedófilo peligroso que ha sido condenado en tercera instancia”. Para Gallego, la sentencia del alto tribunal provincial “tiene un carácter que es definitivo, ya no hay posibilidad de que pueda ser absuelto, por eso es imperioso que se disponga su inmediata detención”.

“Este es un fallo que recibimos con mucha satisfacción, que tiene un carácter totalmente definitorio. Ya no hay argumento válido por parte de la defensa porque los jueces de todos los tribunales, en todas las instancias, se han manifestado en forma coincidente para condenar a Grassi. Es un agravio para los menores abusados por Grassi que el sacerdote siga gozando de un beneficio que no se corresponde con una persona condenada por delitos de suma gravedad”.

Gallego insistió en que los defensores “ya han planteado todos los supuestos agravios contenidos en las diferentes sentencias, de manera que ya no tienen más recursos ni más excusas. Grassi tiene que ir preso porque es un delincuente peligrosísimo, un delincuente sexual que ha abusado de chicos que estaban bajo su custodia. El Tribunal Oral 1 de Morón tiene que asumir su responsabilidad y ponerlo entre rejas”.