Las Abuelas de Plaza de Mayo expresaron ayer su “preocupación frente a los intentos de frenar la mudanza del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG)” que está prevista desde el Hospital Durand, donde funciona actualmente, a un edificio perteneciente al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. El cambio de escenario fue suspendido temporariamente por el juez Ernesto Marinelli en base a un recurso de amparo presentado por la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, la Asociación Anahí y otras agrupaciones que cuestionan el traslado porque creen que derivará en el “desguazado” de la institución y exigen la declaración de inconstitucionalidad de los dos artículos de la ley del BNDG que circunscriben la función del mismo a casos de desapariciones sucedidos durante el terrorismo de Estado.

“Mientras esperamos cautelosos la definición de la Justicia no entendemos el objetivo de la demanda, cuyo reclamo es inteligible”, expresó Alan Iud, abogado de Abuelas, quien consideró que “se trata de una jugada política con ningún interés en los derechos humanos”. De la misma manera analizó la intención de la senadora Norma Morandini (FAP), de tratar hoy el tema en una “audiencia pública” en el Congreso.

El jueves pasado, Marinelli dio tres días de plazo a la cartera dirigida por Lino Barañao para que presentara un informe que refutara la denuncia en la que se argumentaba que el traspaso “compromete la cadena de custodia de las muestras resguardadas en el BNDG” y que “quieren convertirlo en la plataforma para la creación de un instituto de genómica humana en sociedad con capitales y laboratorios privados”. “La demanda confunde al Banco con un laboratorio. En los casos de desapariciones posteriores, como la de Julio López o Luciano Arruga, lo que se necesita es un laboratorio para llevar a cabo un análisis de AND, no el BNDG”, explicó Iud, que desmintió que se vaya a utilizar la institución para los fines denunciados: “El Banco realiza investigaciones, pero nunca utiliza o utilizará las muestras de familiares de desaparecidos. Sería violar la ley que las protege”, remarcó en referencia a la 26.548.