Como fruto de una extensa y compleja negociación, la Legislatura aprobó ayer un paquete de designaciones de cargos a organismos de control y de la Justicia. En la Defensoría de Pueblo, sobre cuarenta postulantes fueron elegidos cinco actuales legisladores y un ex diputado que renueva su mandato en la Defensoría. De los seis, tres están alineados con el macrismo. Otro diputado del PRO fue elegido como fiscal general de la Justicia porteña, mientras que uno de la oposición consiguió una vocalía en el Ente de Control de los Servicios Públicos de la Ciudad.

El nuevo defensor del Pueblo, en reemplazo de Alicia Pierini, que ocupa ese lugar desde hace diez años, es Alejandro Amor, hasta ayer diputado por el Frente para la Victoria (tenía mandato hasta 2015). Amor es abogado e integró la conducción del Sindicato Unico de Trabajadores de la Ciudad (Sutecba), que conduce Amadeo Genta.

No hubo sorpresas en esa designación, ni en la de los adjuntos, cuyos nombres circulaban como favoritos. Amor estará acompañado por los también legisladores Claudio Presman, de la UCR; Oscar Zago y Lidia Saya, del PRO; y María América González, quien hasta hace poco perteneció al bloque Buenos Aires para Todos, pero se apartó en las últimas semanas, cuando aprobó varios proyectos del oficialismo. El quinto es José Palmiotti, quien tiene en la actualidad mandato en la Defensoría y fue diputado por el macrismo. Reemplazarán a Graciela Muñiz, Andrés Eliseche, Atilio Alimena, Gerardo Gómez Coronado y Eugenio Semino.

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad es un órgano con autonomía funcional y autarquía financiera, cuya misión es la defensa, protección y promoción de los derechos humanos tutelados en la Constitución Nacional, de la Ciudad y las leyes frente a los actos, hechos u omisiones de la administración, de prestadores de servicios públicos y de las fuerzas que ejerzan funciones de policía de seguridad local.

Las designaciones fueron aprobadas por 49 votos a favor, mientras que se registraron 6 votos negativos y 2 abstenciones. Los que votaron en contra del acuerdo fueron Delia Bisutti (Nuevo Encuentro), Jorge Selser y Virginia González Gass (PSA), Adrián Camps, Pablo Bergel y Alejandro Bodart. Se abstuvieron Gabriela Cerruti y Edgardo Form (Nuevo Encuentro).

Bergel había presentado una lista alternativa encabezada por Eugenio Semino como titular e integrada por Fernanda Gil Lozano (ex diputada de la Coalición Cívica), Vilma Ripoll (MST), el abogado ambientalista Gustavo Desplats, Eduardo Fachal y Federico Tornarelli. La propuesta, más bien testimonial, ni siquiera fue considerada al ser aprobada la lista consensuada por la mayoría.

Los cuestionamientos a las designaciones se centraron en que de los seis candidatos elegidos, cinco eran legisladores en funciones que terminaban votándose a sí mismos. Esos señalamientos habían sido realizados también por organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), ADC, Poder Ciudadano, FEIM y el Inecip. Acudió en defensa de los nominados Helio Rebot (PRO), quien defendió la trayectoria de los designados y rechazó que los nombramientos fueran a cambio de votos de otros proyectos. No hubo otros discursos a favor del acuerdo.

Para evitar la molestia de que los candidatos tuvieran que votarse a sí mismos, se puso a consideración cada cargo por separado, de manera que cada uno se abstuvo cuando se trataba su nominación, lo cual no afectó el resultado final.

Otros dos legisladores también resultaron favorecidos. Uno es Julio Raffo (Proyecto Sur), a quien votaron como vocal del Ente Regulador de los Servicios Públicos. La titular de ese organismo será Paola Michielotto, propuesta por el jefe de Gobierno, Mauricio Macri.

El otro legislador que cambia de funciones es Martín Ocampo (PRO), quien reemplazará a Martín Garavano como fiscal general de la Justicia porteña. Su designación fue objetada por las mismas organizaciones civiles mencionadas arriba, las que argumentaron “falta de idoneidad comprobada”, pero advirtieron sobre las “serias limitaciones en la independencia de criterio”, en razón de la filiación política de Ocampo. Aseguran que nadie contestó a las impugnaciones presentadas y argumentan que la elección se hizo pese a existir una medida cautelar que les da la razón.

No obstante, Ocampo obtuvo 42 votos a favor y 15 en contra. En el mismo paquete entraron las designaciones del camarista Osvaldo Corti como defensor general, en reemplazo de Mario Kestelboim (ambos cercanos al kirchnerismo), y de Yael Bendel como titular de la Asesoría Tutelar, en lugar de Laura Musa. Bendel también había sido cuestionada por su desempeño como titular del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y por su cercanía a la administración macrista. “¿Podrá actuar en la tutela de menores y personas con discapacidad mental que sufran vulneraciones de derechos cometidos por organismos estatales?”, se preguntan las voces críticas.

Ayer terminaron su mandato, además, Daniel Amoroso, Fabio Basteiro, Delia Bisutti, Adrián Camps, Rubén Campos, Fernando De Andreis, Laura García Tuñón, Rafael Gentili, María José Lubertino, Adriana Montes, María Elena Naddeo, Francisco Nenna, Mateo Romeo, Rocío Sánchez Andía, Bruno Screnci, Jorge Selser y Marta Varela.