El presidente ruso, Vladimir Putin, envió a la Cámara de Diputados de ese país un proyecto de ley que propone una amnistía general a unas 20 mil personas acusadas y condenadas por distintos delitos. El titular del Consejo de Derechos Humanos del Kremlin aseguró que la iniciativa incluye a los activistas de Greenpeace procesados por una protesta en el Artico, entre los que se cuentan los argentinos Camila Speziale y Hernán Pérez Orsi. Desde la organización ambiental, sin embargo, se mostraron cautos, al observar que “entre las categorías penales contempladas por la medida no se menciona la absolución a causas por vandalismo organizado, por el que fueron acusados los militantes”.

El titular del Consejo de Derechos Humanos ante el Kremlin, Mijail Fedotov, anunció el último lunes la presentación del proyecto a la Duma, la Cámara de Diputados rusa. Esta amnistía pretende ser concedida con motivo de la conmemoración del vigésimo aniversario de la adopción de la Constitución poscomunista y, de acuerdo con el diputado Pavel Krasheninnikov, será debatida por la Duma a partir del 17 de diciembre.

Si bien el proyecto no menciona nombres de acusados o condenados, concibe la liberación de ciertos grupos relacionados con causas específicas, que incluyen delitos con penas menores a los 5 años de cárcel cometidos por menores de edad, embarazadas, mujeres con hijos, mayores de 55 años y discapacitados. Según el proyecto, no serán amnistiados los delitos de sangre, que incluyeran el uso de la fuerza o representaran amenazas para la sociedad.

Según Fedotov, los activistas de Greenpeace acusados de “vandalismo organizado” por una protesta en aguas del Artico serán amnistiados por el presidente ruso. A pesar de ello, la organización internacional tomó la noticia con mesura, ya que el proyecto de ley no contempla al artículo 213 del Código Penal ruso, referido a esta modalidad delictiva, que supone la alteración del orden público y el uso de la violencia por medio de armas. “Los activistas están acusados de un delito que el proyecto no tiene en cuenta”, explicó a Página/12 Mauro Fernández, director de los

proyectos de Clima y Energía de Greenpeace, entre los que se encuentra la campaña Salvá al Artico. “Además, la ley ampara a aquellos con condena o en juicio y los activistas no aplican en ninguna de las dos categorías.”

En la misma línea, Pérez Orsi, uno de los activistas argentinos acusados, sostuvo que “la amnistía por ahora no está confirmada, es un borrador y en él están incluidos los condenados por vandalismo, pero no nosotros”. Al mismo tiempo, agregó que “todavía no hay nada dicho, hay que ser cautos. Aunque la legislación nos incluyera más adelante, el trámite administrativo es largo, debe pasar por el Parlamento y luego bajar al juzgado, que examina caso por caso; tenemos que esperar”.

Fernández destacó que si el panorama en el futuro incluyera a los activistas, se levantarían todos los cargos. Mientras tanto, se “vive un clima de expectativa e incertidumbre” por el juicio que deben afrontar. A su vez, los abogados defensores “presionan con pedidos para que se los deje salir del país, ya que son acusados de un disparate. Se hizo una protesta pacífica contra la explotación petrolera por parte de las empresas Shell y Gazprom, que puede ocasionar consecuencias nefastas en el medio ambiente. Nunca se ejerció la violencia ni se utilizaron armas. Tampoco se alteró el orden público, ya que el reclamo ocurrió en altamar”.

Los activistas argentinos Speziale y Pérez Orsi recibieron la noticia junto a su madre y su mujer e hija, respectivamente. Desde Argentina, Néstor Speziale, padre de Camila, comentó ilusionado que, “aunque todavía no tengo confirmación oficial, esto de la amnistía significaría que Camila quede libre de toda acusación y pueda volver a su país y continuar con su vida normal. Para nosotros sería una alegría inmensa”.

Speziale y Pérez Orsi, junto a otros 26 activistas de Greenpeace y 2 periodistas independientes, fueron detenidos en Rusia el 19 de septiembre, cuando intentaron abordar una plataforma de perforación petrolera en el Artico, propiedad de la compañía estatal rusa Gazprom, acusados por piratería. Luego, la Justicia rusa rebajó la causa a vandalismo organizado, un cargo con una pena máxima de siete años de cárcel. Los activistas fueron excarcelados bajo fianza tras dos meses de prisión y, en la actualidad, permanecen en un hotel de San Petersburgo a la espera del juicio.