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Extraño caso el de Juan Carlos Canale. Detenido por la policía de General Acha, La Pampa, Canale terminó muerto de dos formas diferentes. Una versión, jurada y perjurada por los uniformados con los deditos en cruz sobre los labios, sostiene que Canale fue trasladado de la comisaría a la alcaidía más sano que nunca, según el parte del médico policial Gustavo Pérez Carranza. La misma versión asegura que en la alcaidía cuatro presos lo mataron a golpes y puntazos. Una faca fue recogida como prueba. La otra versión contrasta al punto de parecer que se trata de otro caso: según la autopsia, Canale recibió de todo, menos puntazos. También demostró que los golpes fueron dados cuando se encontraba en la comisaría y no tras ser llevado a la alcaidía. Para colmo, desde la comisaría llamaron al funebrero para que recogiera el cadáver a las 12.40. Cuarenta minutos después, Pérez Carranza daba fe de que Canale estaba sanito. El caso de la doble muerte está sembrado de curiosidades. Una de ellas: la Justicia se niega a investigar a la policía. Otra: Pérez Carranza es asesor del gobierno pampeano.
Juan Carlos Canale, de 47 años, era jornalero desocupado y vivía con su madre discapacitada en General Acha, población de diez mil habitantes ubicada a 130 kilómetros al sudoeste de la capital, Santa Rosa. El 31 de octubre pasado, alrededor de las 10, el suboficial principal Angel Villena y el agente Félix Miranda pasaron por su casa para notificarle que debía presentarse en la comisaría. No llevaban denuncia ni notificación por escrito. Canale pidió que lo acercaran porque no tenía movilidad propia. El viaje parece que fue, según Villena, un viaje plagado de chistes y buen humor. Lo cierto es que alrededor de 10.30 Canale ingresaba a la comisaría.
Según la versión oficial, una denuncia por exhibiciones obscenas motivó la citación. En principio, hasta las 12.15 Canale permaneció demorado en la comisaría. A esa hora fue derivado a la alcaidía, que se encuentra comunicada con la parte posterior de la seccional. Allí lo sentaron a almorzar con otros diez presos. A las 13.20, lo retiraron para que el médico policial Gustavo Pérez Carranza lo revisara, acto que el facultativo cumplió ante tres testigos, el cabo de guardia Omar Macci, el sargento ayudante José García y el sargento Poblet. Carranza fue exhaustivo en su tarea. Tanto que lo encontró sano, excepto por leves escoriaciones de larga data en la rodilla y el codo derechos.
Tras la revisación, Canale fue reincorporado con el resto de los presos. La versión oficial termina a las 15.15, cuando el preso Miguel “el Porteño” Rodríguez descubrió a Canale muerto en una celda del fondo.
Durante la noche se abrió un sumario policial en el que se imputó de homicidio a cinco internos: Andrés Cheade, Pedro “Sapo” Roveda, Alejandro Tressen, Gustavo Alarcón y Miguel Rodríguez. Cheade luego fue apartado de la causa. Los testigos de la acusación fueron otros cuatro presos: los hermanos Raúl y Luis Aguayo, Pablo Monaiser y el ex policía Sandro Luna, detenido por abigeato. Como prueba fue presentada la supuesta arma homicida, una faca.
El caso quedó a cargo del juez de instrucción 2, Alvaro Reyes, y del fiscal Pablo Balaguer. El testimonio acusador de los cuatro presos fue la base del procesamiento dictado por Reyes. Los testigos tuvieron contradicciones, menores según el criterio del juez, que no las tomó en cuenta. “Luna, por ejemplo, aseguró que los acusados ‘lo molieron a palos’ –dijo a Página/12 Omar Greubers, defensor de Rodríguez junto a Miguel Busquet–. Raúl Aguayo dijo que le pegaron cachetazos y palmadas en la cabeza. Y Monaiser dijo que Canale ya se sentía mal cuando ingresó a la alcaidía”.
El dato oficial sobre las puntadas corrió por cuenta de Monaiser, quien dijo haber escuchado al Porteño cuando le decía a otro de los acusados “lo pinché a ése y se me fue la mano”, y agregó que luego escondió la faca debajo de una mesa en el comedor. Allí fue donde los policías rescataron la presunta arma homicida. Sospechosamente presunta porque la autopsia nada mencionó sobre heridas cortantes o punzantes como las que suelen provocar cuchillos, facas y armas por el estilo.
La preocupación del juez Reyes por el caso fue notoria. El 1º de noviembre, sábado a la madrugada, tomaba testimonios e indagatorias. Lo acompañaba el fiscal Pablo Balaguer, en su única intervención en el caso porque poco después se iba de vacaciones. En diez días, Reyes dictaba los procesamientos.
Ya se dijo que la autopsia, realizada por el forense Jorge Di Liscia, nada decía de heridas de faca. El forense sostuvo que Canale falleció entre las 14 y 15 de aquel día producto de una feroz golpiza “con o contra objetos duros y romos” (habitualmente palos, que los presos no tienen a disposición). El forense observó “fractura de siete costillas, perforación de un pulmón por una costilla, explosión de diafragma, aparición de órganos del abdomen en el tórax y viceversa, fractura de tabique nasal en dos partes”. En las muñecas observó marcas compatibles con la presión de pulgares, de lo que se dedujo que Canale era agarrado de sus extremidades mientras otros lo golpeaban. Curiosa contradicción con el testimonio de los presos acusadores (Luis Aguayo afirmó que “todos vieron cómo le pegaban. No lo tenían sujeto a ningún lado ni tampoco de las manos”). Di Liscia agregó que si Canale hubiera sido atendido de inmediato le habrían salvado la vida. Y que la golpiza tuvo lugar tres horas antes de su muerte, o sea, entre 11 y 12, cuando Canale estaba en la comisaría y al menos una hora y media antes de la revisación supuestamente realizada por Pérez Carranza y en la que el médico policial salvo viejas escoriaciones no encontró nada.
El propio testigo de la acusación, Sandro Luna, aseguró que cuando Canale se sentó a su lado para almorzar se quejaba de dolores y dijo que llegó a verle los brazos y el cuerpo llenos de moretones. Todos los presos coinciden en que Canale ingresó al lugar quejándose, preguntándose por qué lo habían golpeado, con dolores en la nuca, e inapetente.
Tras la flagrante contradicción entre la autopsia y la versión del médico policial, Pérez Carranza fue citado a declarar. El médico aseguró que Canale “ingresó en alto estado de ebriedad”, pese a que la autopsia indicaba un grado de alcoholemia mínimo. Pero Carranza ni siquiera registró en su informe el supuesto estado de ebriedad por una razón atendible: “No lo asenté por error..., estaba sin comer mi hijo de ocho años –declaró ante el juez– desde las 7 horas y eran las 13.30 horas, tenía miedo de que le cerraran el lugar donde debía buscar la vianda”. Luego agregó que ya en la morgue le resultó “inexplicable ver una persona normal a las 13.20 y saber que luego estaba muerto, lo cual no le resultaba agradable, tenía miedo de haberme equivocado cuando lo revisé pero uno no es infalible en un cien por cien y tiene sus temores”.
Darío “Pinocho” Villalba es el funebrero del pueblo y fue citado como testigo. Villalba sostuvo que “fui llamado a concurrir por orden del oficial (Néstor Martínez, segundo de la comisaría). El (sargento Víctor) Zuenger me avisó, lo hizo alrededor de las 12.40”. A Villalba lo llamaron para que retirara el cuerpo de Canale. Alrededor de las 13, acompañado por Zuenger, Villalba vio el cadáver. No quiso levantar el cuerpo hasta recibir orden del forense. “Regresé por segunda vez alrededor de las 15 horas”.
A su vez, Zuenger coincidió con los horarios con Villalba. Dijo que a la “una y pico de la tarde había algún movimiento en la comisaría que señalaba que algo había pasado”. Y aseguró que a las 13.30 “Canale ya estaba muerto”. Agregó además un detalle que ejemplifica los criterios policiales para preservar las pruebas: “... alrededor de las 13.30, como el cadáver tenía un poco de olor le manifesté al subcomisario (Jorge Escobar, titular de la comisaría) si se le podía echar algún desodorante,por lo que el subcomisario accedió y le eché flit en aerosol del tipo Raid y otro de una marca que no recuerda a los costados del cuerpo”.
Zuenger declaró el 11 de abril pasado. Pero no podrá participar en el juicio oral: diez días después de declarar murió de un infarto. Según la información oficial, el infarto se originó en un accidente automovilístico ocurrido un año antes, tras una agotadora rehabilitación.
De todos modos, los horarios que surgieron de los testimonios de Villalba y Zuenger corrieron la hora de la golpiza antes aun que lo señalado por la autopsia. Si Canale fue golpeado tres horas antes de morir, y a las 13 ya estaba muerto, debió haber sido golpeado apenas pisó la comisaría.
Además, los propios presos testimoniaron que una vez que se hizo pública la muerte de Canale, el oficial de guardia, Carlos Vargas, retiró la cámara de video que controla los pasillos de las celdas, según dijo, “para limpiarla”, hecho que sorprendió a los presos porque jamás había sido sacada del lugar. La orden fue cumplida al pie de la letra: la cámara no volvió a aparecer. Para agregar más sospechas al caso, pasado el mediodía, todas las celdas que habitualmente se encuentran cerradas quedaron abiertas y los guardias se retiraron. “Si las dejaban cerradas –señaló Greubers–, no hubieran podido explicar que los presos se juntaran para golpearlo y si dejaban la cámara se hubiera visto que los presos no estaban en el lugar porque a la hora en que dicen que lo golpearon estaban en horario de visitas.” Durante el horario de visitas, Rosa Gómez, madre de Pedro Roveda, estaba viendo a su hijo, uno de los acusados. Pero imprevistamente la obligaron a retirarse a la comisaría. En ese momento, vio entrar a Pérez Carranza. Según declaró la mujer, Carranza comentó a los policías: “Muchachos, al final se les fue la mano”, mientras los policías le hacían desesperadas señas con las cejas indicando la presencia de la testigo.
Pese a tamañas contradicciones, los jueces Filinto Rebecchi, Carlos González y Abel Depetris, de la Cámara en lo Criminal 2 de Santa Rosa, rechazaron las apelaciones de las defensas y confirmaron la decisión del juez. Sólo desprocesaron a Cheade. En su dictamen, los camaristas desestimaron la autopsia, señalando que el horario fijado por el forense “resulta ser una estimación, lo cual no quiere decir que indefectiblemente la agresión debió haberse producido tres horas antes”.
Desde que Canale murió asesinado, en General Acha se sucedieron las marchas de reclamo. Todas apuntan contra todos los uniformados de la comisaría, contra el juez Reyes y la Cámara, pero, especialmente, contra el gobierno: el médico policial Pérez Carranza figura como asesor del ministro de Gobierno, César Ballari, socio de Rubén Marín en el bufete jurídico que tiene el gobernador en pleno centro de Santa Rosa.