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Aunque con menos exposición pública, las diferencias de criterio en torno de cuándo ajustar las tarifas públicas también existen entre el ministro de Economía y el de Planificación. Roberto Lavagna no tiene dudas de que, al menos algunas prestaciones, deberían tener un ajuste en lo inmediato. Más preocupado por el cronograma electoral, Julio De Vido prefiere postergarlo tanto como se pueda. En tanto, el dirigente empresario Oscar Vicente ya dio por descontado que la discusión sobre el ajuste de tarifas viene para largo: en una entrevista, admitió que para el Gobierno “lo primero es arreglar con el Fondo Monetario y, una vez establecido el acuerdo, las empresas deben entrar en contacto con sus propios acreedores para ver cómo pagamos; la tercera etapa llevará a la renegociación de las tarifas”.
Roberto Lavagna ya probó su voluntad de reestructurar los cuadros tarifarios de electricidad y de gas con el decreto que impulsó como ministro de Eduardo Duhalde y que la Justicia abortó, acogiendo un amparo presentado por entidades defensoras de los usuarios. De Vido, en tanto, insiste públicamente en que antes habría que hacer un análisis contrato por contrato para decidir qué empresas tienen derecho a la mejora.
Su subordinado directo, el secretario de Energía, Daniel Cameron, ya le indicó el camino con estudios preparados antes de que Néstor Kirchner llegara a la Casa Rosada. Al analizar el impacto que la devaluación tuvo en los contratos, remarcó que el precio del gas cuesta hoy un “56,32 por ciento menos de lo razonable”, brecha que en el caso de la energía eléctrica llegaba al 58,01 por ciento en aquel momento. Pero el responsable del área no propone tiempos, el punto que más perturba al ministro del área al igual que al Presidente. La seguidilla de elecciones, tanto de autoridades provinciales como parlamentarias, hace inconveniente la actualización tarifaria ahora.
Tanto desde el Parlamento como desde las empresas del sector perciben esas diferencias en el seno del gabinete e identifican a Lavagna en su incómodo rol de negociador frente al Fondo Monetario Internacional, que presiona por esa suba. Como juzga en privado el titular del Palacio de Hacienda, sería políticamente mucho más gravoso fracasar en un acuerdo con el FMI que autorizar una suba en el costo de algunos servicios públicos. Con similar discreción, el titular del Palacio de Hacienda explicó a legisladores del bloque oficialista por qué conviene cultivar una buena relación con los Estados Unidos y cuán necesarios son los cambios en la legislación de Patentes, de modo tal que ésta satisfaga las exigencias de los laboratorios de aquel país.
Sin embargo, el presuntamente más confrontador De Vido y el en apariencia más complaciente Lavagna consensuaron hasta la última coma del proyecto de ley que fija pautas para renegociar las privatizaciones hasta diciembre de 2004. Fue el titular de Planificación el encargado de defender esta semana ante un plenario de comisiones del Senado esa iniciativa, que permitirá autorizar aumentos antes de hacer la revisión exhaustiva de contratos que postula el propio ministro.
El proyecto ganó el aval del PJ y la UCR, aunque no impidió que Baglini honrara su rol de opositor alistando un dictamen adverso. Allí el legislador mendocino remarca que el artículo 3 permite “modificar las tarifas con la sola decisión de los ministros competentes, más el referendo del Presidente y sin la mínima intervención del Congreso, sin la obligatoriedad de realizar audiencias públicas”. También subraya que el proyecto “borra de un plumazo los marcos regulatorios (...) e introduce la posibilidad de reformar tarifas sin modificar ni controlar los demás aspectos de los contratos”. Algo que tanto Lavagna como De Vido avalaron.