La inscripción online y los desajustes que provocó en la educación porteña sigue generando consecuencias en las escuelas. En el Normal en Lenguas Vivas Sofía E. Broquen de Spangenberg (conocido como Lengüitas) la Justicia porteña ordenó desmantelar las aulas containers allí instaladas porque provocaron “descargas eléctricas” a un directivo del colegio y pese a eso volvieron a ser utilizadas para el dictado de talleres, pese a la prohibición judicial existente. Además, una inspección encabezada por el juez Roberto Gallardo detectó que una de las salidas de emergencia, en esa misma escuela, está clausurada con candado, lo que convierte al lugar, “en caso de un eventual siniestro, en una especie de trampa sin salida”, según el magistrado. Por inclumplimiento de una sentencia anterior, Gallardo le impuso al ministro de Educación, Esteban Bullrich, una multa diaria de 27.850 pesos a partir del 5 de marzo último.

Las aulas “containers” habían sido instaladas en el Lengüitas para afrontar el mayor número de inscriptos, derivado de las fallas en la inscripción por Internet. Tras un reclamo de padres autoconvocados y el pedido de la asesora tutelar Mabel López Oliva, el juez prohibió, el 20 de febrero último, la utilización de los containers (que el gobierno llama aulas modulares) para albergar alumnos de cualquier nivel. También pidió que ningún aula que se construyera fuera usada sin previa habilitación de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal.

La última intervención del juez se produjo después de conocerse que el rector del colegio, Horacio Badaracco (hoy jubilado), sufrió “dos descargas eléctricas” en una de las aulas modulares, el 17 de abril. Luego de esa situación, un grupo de padres denunció que el mismo container fue utilizado para dictar un taller de huerta, con alumnos de la escuela. Tras la presentación, el juez dispuso una inspección de la Superintendencia de Bomberos, que detectó “irregularidades en la instalación eléctrica” de los dos módulos: “Los cables subterráneos de alimentación no cumplían con los requisitos de seguridad exigidos por la normativa vigente” y “los disyuntores instalados no poseían descarga a tierra, lo que impedía que cumplan con su función”. Los bomberos procedieron a cortar de inmediato el suministro eléctrico a ambos módulos. Ahora, el juez le dio al Gobierno de la Ciudad un plazo de diez días para desarmarlos y removerlos, bajo apercibimiento de “ejecución forzosa”.

Desde la fallida inscripción por Internet, el Lengüitas amplió su matrícula en 120 vacantes, ya que hubo que ubicar a todos a quienes se había dejado afuera y tenían prioridad por reglamento escolar (niños con hermanos en la escuela, entre otros). Descartados los containers, las autoridades resolvieron construir dos aulas dentro del edificio en el hall de planta baja.

“Hay 120 chicos que exceden la capacidad del colegio y la voluntad de readecuar las instalaciones no alcanza”, dijo Julieta Risso, una de las madres autoconvocadas. “Los chicos de primer grado usan aulas en planta alta y mobiliario de adultos para dejarles espacio a los más chicos.”

Gallardo ordenó a la Superintendencia de Bomberos que releve las condiciones de seguridad contra incendios y salidas de emergencia de esas nuevas aulas que, a dos meses y medio del comienzo de clases, aún no fueron terminadas.

La situación en el Lengüitas generó preocupación, ya que no es el único colegio con aulas modulares. “Estamos muy preocupados por las condiciones de seguridad de las aulas containers; una vez más, la falta de inversión en infraestructura escolar y la improvisación de la gestión PRO está poniendo en riesgo la vida de los alumnos y trabajadores de la educación”, expresó Lorena Pokoik, integrante del interbloque kirchnerista.

El legislador Pablo Ferreyra (Izquierda Popular) coincidió con el diagnóstico. “Nos preocupa la exposición de los chicos y de los trabajadores de la educación a este tipo de situaciones. A estas cosas nos referimos cuando afirmamos que las aulas container no son una solución adecuada al problema de falta de vacantes y al recorte de casi un 50 por ciento en el presupuesto destinado a infraestructura escolar implementado por el macrismo”, advirtió.

Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, presentó un proyecto para que el Ministerio de Educación informe por qué se dictó un taller con alumnos en una de las aulas modulares donde se había producido una descarga eléctrica, en tanto que Paula Penacca (FpV) reprochó que “desde febrero esperamos que el ministro de Educación se presente a dar explicaciones ante la Comisión de Educación de la Legislatura”.

Pero la titular de esa comisión, Victoria Morales Gorleri (PRO), se manifestó en contra de la convocatoria al funcionario.

“Una vez más el gobierno de Macri desconoce un fallo judicial”, expresó el titular de UTE, Eduardo López. El sindicato volvió a reclamar que no se aplique el sistema online para la inscripción al próximo ciclo lectivo.