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Resultó responsable sólo en un 20 por ciento. Trece años después de perseguir y matar a dos hombres que le habían robado un pasacasete y convertirse así en un símbolo exaltado por unos y repudiado por otros, el famoso ingeniero Horacio Santos recibió una buena noticia de la Justicia: la Cámara de Apelaciones en lo Civil modificó la sentencia que lo había condenado a indemnizar con unos cien mil pesos a la familia de Osvaldo Aguirre, uno de los muertos. Los camaristas sostuvieron que “debe fijarse la responsabilidad de los ladrones en un 80 por ciento y el 20 ciento en cabeza del demandado” y por lo tanto será sólo ese porcentaje el que Santos deberá sacar de su bolsillo, si es que el fallo queda firme. Unos veinte mil pesos, más intereses.
En verdad es otra su pesadilla: el estigma que impuso su nombre como sinónimo del “justiciero” desbocado. Pese al bajo perfil que asumió -nunca en estos años aceptó dar una entrevista–, el caso vuelve a mencionarse como referente cada vez que alguien pretende hacer justicia por mano propia. Es que Santos produjo, como pocos otros, una furiosa división en la sociedad.
Todo sucedió en la mañana del 16 de junio de 1990. El ingeniero estaba con su mujer en una zapatería de Devoto cuando escuchó la alarma de su Renault Fuego. Al salir, vio a dos hombres que acababan de robarle su pasacasete huir en un Chevy. Se subió a su auto, los persiguió y cuando los tuvo al lado les disparó un balazo en la cabeza a cada uno.
Murieron en el acto. Osvaldo “Topo” Aguirre tenía 32 años y dos hijos varones, Carlos “Pollo” González, un año menor, era padre de dos nenas. Ambos tenían antecedentes penales. En su defensa, Santos dijo que lo habían asaltado diez veces y que por eso llevaba en la guantera el arma que disparó en estado de “emoción violenta”. En primera instancia, la Justicia lo condenó a 12 años de prisión por homicidio. Sin embargo, en la apelación cambió su suerte: la Cámara del Crimen consideró que había sido “exceso en legítima defensa” y bajó la condena a tres años de prisión en suspenso y diez de inhabilitación para manejar armas.
Ya entonces las familias de Aguirre y González le habían demandado ante la Justicia civil un resarcimiento económico. El proceso de los González, sin embargo, se detuvo, ya que por un acuerdo entre partes –con la anuencia del defensor de menores–, Santos les compró a modo de indemnización un departamento cerca del Hospital Garrahan, donde una de las hijas debía ser atendida.
En el caso de los Aguirre, la primera sentencia en 2001 condenó a Santos a pagarles a sus hijos 101.475 pesos. Ambas partes apelaron y en un fallo emitido en julio –aunque recién ahora trascendió–, la Cámara de Apelaciones la revocó. En base a la sentencia del juicio penal, los camaristas remarcan allí “la legitimidad de la conducta del demandado y la agresión ilegítima de los delincuentes”, por lo que sostienen que “existe corresponsabilidad en el hecho” y “la de los delincuentes es mucho mayor que la del demandado” (ver aparte).
Por eso concluyen que debe fijarse “la responsabilidad de los ladrones en el 80 por ciento y el 20 por ciento restante en cabeza del demandado, revocándose así la sentencia”.
Martín Sanguinetti, abogado de la familia Aguirre, explicó a Página/12 que ya interpuso un recurso extraordinario ante la Cámara y eventualmente espera llegar hasta la Corte. “Habrá que ver qué tipo de responsabilidad les toca a los hijos, que son terceros –ironiza–. El reclamo está hecho por ellos, que perdieron a su padre.” Al apelar la sentencia de primera instancia, Sanguinetti también discutió la situación de la concubina, a quien se le rechazó su reclamo porque Aguirre nunca se divorció de su primera mujer. Pero los camaristas nuevamente dijeron que no. Aníbal Piaggio, uno de los abogados de Santos, es renuente a hacer comentarios sobre el fallo, ya que, afirma, “fue apelado y puede parecer que uno quiere influenciar”. Sin embargo, explica la línea que usaron en su argumentación: “Si bien en el juicio civil no se podía pedir que se rechazara la demanda porque ya había condena penal, se podía discutir la posibilidad de culpa concurrente. Nos pareció que había mayor responsabilidad, en un 80 o un 90 por ciento, en quienes lamentablemente fallecieron, porque fueron los agresores iniciales, y un menor porcentaje en el ingeniero Santos. Citamos dos fallos: uno de la Corte de Casación francesa muy parecido a éste, y otro de la Corte de París. Afortunadamente, la cámara hizo lugar a nuestro planteo y entendió que el hecho de que hubiera condena penal no impedía discutir la culpa de cada uno”.
Que el caso Santos sigue siendo un tema ardiente lo demuestra la posición de sus propios abogados. Piaggio quiere dejar en claro que ni él ni el codefensor, Isidoro Goldenberg, hubieran defendido nunca que “lo que hizo Santos estaba bien”. “Tampoco el propio Santos lo hizo –añade–: su defensa en lo penal fue manifestar que él no comprendió lo que hacía. Nunca dijo que estaba bien, nunca se dejó felicitar por nadie ni permitió que sus hijos aceptaran felicitaciones, nunca apareció su cara ni dio un reportaje. Y pese a eso le quedó la fama.”
Quienes lo conocen, dicen que Santos sufre cada vez que su caso vuelve a salir a la luz. Que sueña con que un día la gente se olvide de que él existió. Por ahora, parece difícil.