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La Aduana puso en la lupa al grupo Macri al iniciar una investigación por presuntas irregularidades en la compra de un avión que la firma de la familia del candidato a jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, ingresó al país en el 2001.
Se trata de un Gulfstream G-5, de procedencia norteamericana, que de acuerdo a la factura del despachante de aduana, la firma Macair Jet S. A., importó por un valor de 41.671.647,21 dólares.
Es la nave que la Sociedad Macri solía prestar al ex presidente Carlos Menem para que realizara vuelos de cabotaje. Es un secreto a voces que son esos viajes los que en el balance de Macair Jet S. A. figuran como deudas “incobrables”.
Según fuentes de la Aduana, hay numerosas “inconsistencias” en los registros que un cuerpo fiscalizador analiza con detenimiento. Una de ellas es que a pesar del valor de la nave, al ingresar al país le asignaron el “canal verde”. Dicho en criollo: el avión no debió atravesar ningún tipo de control.
Existen otros dos canales: el “naranja”, donde se fiscaliza la documentación, y el “rojo”, donde además de la documentación hay una inspección del objeto físico. Pero ambos, al menos en este caso específico, fueron descartados.
La investigación también se orienta hacia el papel adoptado por la propia Aduana en aquel año, cuando su director general era Eduardo Cassullo. Concretamente, se sospecha que los controles podrían haberse “relajado”, ya que al pasar por el “canal verde” nadie constató si el avión era nuevo o usado. ¿La diferencia? En el primer caso está exento de pagar impuestos, tasas y derechos. En cambio, si hubiese tenido horas de vuelo debía haber sido gravado.
Existe en la Aduana una Comisión de Selectividad, que define qué objeto es revisado en un período determinado. Aun así, en la Aduana están convencidos de que un objeto físico de ese valor –más de 40 millones de dólares– despierta un “interés fiscal”. Curiosamente, cuando el grupo Macri se desprendió del avión, dos años después, también se exportó por el “canal verde”.
“Es realmente llamativo porque, al igual que el proceso de compra y venta de un auto, se deben cotejar los motores, accesorios, etcétera. Y acá, en cambio, nadie revisó nada”, señaló a Página/12 una fuente de la Aduana.
Hay otros dos datos contradictorios que pudo cotejar este diario:
u La no coincidencia entre el número de despacho, que consta en la factura del despachante de aduanas Rodolfo Antonio Fernández, y el número de registro, en los papeles de importación que guarda la Aduana de Ezeiza. Deberían ser los mismos y sin embargo en un caso figura el 000128 G y en el otro 000291 G.
u Tampoco coincide la “Vía”, es decir, donde se especifica de qué manera llegó al país la nave. En la factura del despachante se menciona como medio de transporte a la empresa Lan Chile. En los papeles de la Aduana dice “propios medios”.
Hay otras curiosidades, vinculadas con Macair Jet S. A. pero no con la compra del avión. Macri, como concesionario del Correo Argentino, se autocontrataba para realizar a través de Macair Jet. S. A. el reparto de cartas. Lo hacía a través de contratos directos estimados en más de 5 millones de dólares. Y se cobraba 2,19 pesos el kilómetro de vuelo, cuando el valor de plaza era de 1,60. Un dato llamativo, por cierto, sobre todo para una empresa como el Correo, que en la actualidad debe alrededor de 400 millones de pesos de canon.
Que el apellido Macri aparezca entre los investigados sin dudas agrega un condimento más en la campaña por la Jefatura de Gobierno porteño. No obstante, fuentes de la Aduana consultadas Página/12 se preocuparon en aclarar que se trata de una entre cientos de causas que la nueva administración fiscaliza desde que asumió, hace poco más de tres meses.
Lo sugestivo es que la importación del avión sucedió durante la administración de Cassullo, la misma persona que como director general de Aduanas ordenó desistir de la querella en la causa “Marenghi, Alfredo s/contrabando” que involucraba a Peugeot Citroen Argentina S. A., continuadora de Sevel Argentina S. A., una de las firmas más conocidas del grupo Macri.
Pero eso no es todo: pocos meses antes de que eso sucediera, el abogado de la Aduana Jorge Oyuela, que llevaba la causa, renunció sin motivo aparente y aproximadamente seis meses después comenzó a trabajar para el estudio del doctor María Romero Zapiola, quien ejerce la representación en el ámbito aduanero de la firma Peugeot Citroen Argentina S. A. y también del Correo Argentino, entre otras.