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Después de pasear por varios despachos, y tras un larguísimo viaje, el pedido de extradición del represor Alfredo Astiz llegó finalmente a la Justicia de Bahía Blanca. Ahora el juez Alcindo Alvarez Canale podría ordenar la detención del ex capitán, que se encontraría refugiado en Río Santiago, para que cumpla la condena que Francia le impuso por la desaparición de las monjas Alice Domon y Leonie Duquet. La solicitud fue recibida por el Gobierno el 1º de septiembre, la Procuración General la envió a Bahía Blanca el 4 pero llegó a esa ciudad recién ayer. El fiscal de Cámara Hugo Cañón hizo una denuncia penal para que se investigue la demora.
Fuentes de la Cancillería y de la Procuración explicaron el periplo que hicieron los documentos enviados por el gobierno francés, y confirmaron que “ahora Francia mandó el tema resuelto desde lo formal”. La aclaración alude a la supuesta ausencia en el pedido anterior –que había llegado el 8 de agosto– de una frase que ratificara el compromiso de reciprocidad de los franceses para un futuro caso, condición que exigía la Cancillería argentina ante la ausencia de un tratado de extradición entre ambos países. Según indicó el fiscal Cañón a Página/12, “el dictamen de la Cancillería era innecesario, porque no tenían que abordar la cuestión de fondo”. El funcionario entendió que esto contribuyó a la demora, pero le resultó “inexplicable” que el fiscal Luis González Warcalde, encargado de estos asuntos en la Procuración, haya enviado el pedido de extradición el 4 de setiembre y la Policía Federal tardó una semana en hacerlo llegar hasta su despacho. Además, enterado de la llegada al país de esos papeles, Cañón los había reclamado. En teoría, estos trámites deberían haberse agilizado, tras la derogación del decreto de Fernando de la Rúa, que impedía las extradiciones de represores acusados por delitos de lesa humanidad, y por el compromiso del Gobierno de pasar al ámbito judicial las solicitudes que llegan desde el exterior.
Aunque Astiz tiene domicilio radicado en Capital, la solicitud francesa fue remitida a Bahía Blanca porque allí tramitaron los anteriores pedidos de captura que emitió ese país. En 1990, la Justicia francesa condenó en ausencia a este represor de la ESMA por el secuestro y asesinato de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, ocurridos durante la dictadura, por lo cual es requerido para el cumplimiento de su pena. El gobierno francés había expresado semanas atrás que mantendría el reclamo sobre el marino a pesar de su reciente liberación, decidida por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral a raíz de la decisión del gobierno español de suspender los pedidos de extradición de otros 39 represores. Según explicó días atrás a este diario la abogada Sophie Thonon, que representa a los franceses desaparecidos en la Argentina, ese pedido ya estaba en la Cancillería y el organismo “no hizo absolutamente nada hasta que la embajada francesa, el Ministerio francés de Justicia y yo nos pusimos a preguntar qué pasaba”. Y agregó que el supuesto “error formal” carece de “fundamento legal” y se trata más bien de “una explicación diplomática que no hace al fondo de la cuestión”. Thonon agregó que “ni siquiera se trata de un papel, de un documento, sino de una frase. Por lo tanto, en términos de derecho, la exigencia no se ampara en la legalidad”. Para Francia el pedido estaba completo desde el primer momento, pero ahora ya estaría cubierta la exigencia de la Cancillería argentina y será el juez bahiense quien determine si Astiz vuelve a perder su libertad.