A cuatro años de la sanción de la Ley Nacional 26.657 de Salud Mental, hubo un crecimiento del 88 por ciento en el número de hospitales generales públicos que cuentan ahora con servicio de internación para pacientes de esa especialidad médica. Al mismo tiempo se redujo en un 19 por ciento el número de camas en los establecimientos neuropsiquiátricos públicos, de acuerdo con un relevamiento realizado por la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud. El informe oficial destacó además el crecimiento, en un 64 por ciento, de los centros abiertos y comunitarios en las 18 provincias que enviaron sus informes para la encuesta realizada por la Dirección Nacional, que hizo un relevamiento de los avances que se produjeron entre 2012 y 2014. El informe se dio a conocer en coincidencia con la celebración, hoy, del Día Nacional y Mundial de la Salud Mental.

En el documento oficial, al que tuvo acceso Página/12, se dieron a conocer los números precisos de esos logros “en el camino hacia una salud mental inclusiva en lo social, plural en su abordaje y respetuosa de los derechos humanos. Los datos positivos son los siguientes:

- Los hospitales generales públicos que brindan servicios de salud mental con internación pasaron de 146 a 275.

- Las camas en los establecimientos monovalentes públicos de salud mental se redujeron de 2156 a 1815.

- Están funcionando 233 dispositivos intermedios, entre los que figuran casas de medio camino, residencias, centros de día, centros de rehabilitación psicosocial e infanto-juveniles y emprendimientos socioproductivos. En 2012 sólo existían 142.

Los datos relevados por el equipo de Epidemiología de la Dirección Nacional de Salud Mental, corresponden a las provincias de Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. Hasta el momento, no aportaron sus informes la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Córdoba, Buenos Aires, Formosa, La Rioja, Río Negro y San Juan.

Matilde Massa, titular de la Dirección Nacional, sostuvo que los resultados del relevamiento “indican que la Argentina está encaminada hacia un cambio franco de paradigma en lo que hace a la protección y promoción de la salud mental de su población”. Luego de expresar su “alegría” por los avances y la necesidad de “renovar nuestros desafíos”, aseguró que el crecimiento de las internaciones en los hospitales generales públicos y de los dispositivos intermedios y comunitarios “hará efectivo además un objetivo central del Plan Nacional de Salud Mental: reducir la brecha en el acceso a las prestaciones, una situación que afecta a los sectores más vulnerables”.

Sobre la reducción de las camas en los neuropsiquiátricos públicos, el informe oficial afirma que eso “revela la eficacia de las acciones interjurisdiccionales” realizadas “para hacer efectivo el artículo 27” de la ley sancionada hace cuatro años, “que prohíbe la creación de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones similares, públicas o privadas” y que ordena su “sustitución definitiva” por dispositivos alternativos que eviten el encierro y el aislamiento de los pacientes.

Por aplicación de ese aspecto central de la norma vigente, en abril de este año “41 hospitales públicos”, en su mayoría monovalentes de salud mental, “dieron inicio a su proceso de adecuación institucional”. En el Encuentro Nacional Hacia una Argentina libre de Sistemas Manicomiales, organizado por la Dirección Nacional, 300 funcionarios, directivos y técnicos del sector “delinearon el modelo de atención con base comunitaria y de externación con inclusión social”.

Al mismo tiempo, los funcionarios de todo el país “se comprometieron al fortalecimiento de las redes de salud mental” en sus respectivas jurisdicciones. En esa reunión nacional, recordó ayer la Dirección Nacional, su titular puso énfasis “en la importancia de tomar conciencia que el cambio de paradigma lo hacemos entre todos”. Agregó que no se quiere que haya “personas con padecimiento mental en situación de calle, abandonadas y posteriormente devueltas a los llamados manicomios” porque “carecen del apoyo necesario para su efectiva inclusión social”. Ese compromiso debe ser “de todo el Estado y de cada ciudadano”.

En el marco del Plan Nacional de Salud Mental, la Dirección Nacional está desarrollando “un sistema de información para disponer de datos actualizados” y con esa herramienta lograr “el fortalecimiento de la epidemiología en salud mental y adicciones en las provincias”. Con ese fin se realizaron distintas actividades en 2013 y en el año en curso. En esas reuniones participaron expertos de 22 jurisdicciones nacionales. La idea central es encontrar la forma de “replicar el trabajo en conjunto a nivel nacional en las distintas jurisdicciones, lo que permitirá fortalecer el procesamiento y análisis de la información”.

En el informe oficial se afirma que a fin de año habrá finalizado la Séptima Capacitación sobre el Registro Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental (Resam), “una herramienta cuya implementación es de carácter obligatoria en todos los centros de internación de salud mental y adicciones del ámbito público, privado y de la seguridad social”.

El registro permite conocer el número de personas internadas, condiciones de internación, caracterización sociodemográfica, situación judicial, social y familiar; a la vez que planifica acciones que orienten las políticas públicas.

Otro aspecto importante, señalado en el informe, son los avances en materia de prevención primaria de la salud. Son 101 los equipos de la Dirección Nacional que trabajan en 15 provincias y en la ciudad de Buenos Aires. Están integrados por 390 profesionales y trabajadores que en el primer semestre del año realizaron 14.368 atenciones individuales, 5799 atenciones grupales, 168 eventos culturales, 347 campañas de prevención en salud mental y adicciones, 38 foros de diversas temáticas, 269 actividades de comunicación para la promoción de los derechos que contempla la Ley de Salud Mental, entre otras acciones.

En total fueron 5572 actividades territoriales de un componente intersectorial y 1518 las que involucraron a organizaciones civiles. Además de usuarios y familiares, participaron sindicatos, cooperadoras escolares, entidades religiosas, clubes, asociaciones profesionales y organismos de derechos humanos.