“La acusación es muy débil, no tienen nada que los involucre”, afirmó el abogado Eduardo Soares, defensor de Luz Gómez y Diego Romero, una pareja que está acusada por el homicidio del colectivero Roberto Castillo, ocurrido en Castelar el 1º de octubre de 2011. Una mochila que la pareja había dejado olvidada en un remís en julio de ese año y que apareció en la escena del crimen, más el reconocimiento en rueda de personas de Romero, son las pruebas –cuestionadas por la defensa– que expuso el fiscal Marcelo Varona Quintian para pedir la cadena perpetua para la pareja. Sobre la identificación en la rueda de personas, el propio Romero y el defensor Soares señalaron en el juicio que, previo a ese trámite, al imputado “le cortaron el pelo en la comisaría para que se pareciera al identikit del asesino”. Organismos de derechos humanos vienen acompañando el pedido de absolución de Luz Gómez y Diego Romero; hoy a las 11 estarán presentes cuando el Tribunal Oral Nº 5 de Morón dicte la sentencia.

En su momento, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó un amicus curiae (amigos del tribunal) ante la Justicia, para dar su opinión sobre la causa. “El CELS ha observado que el caso de Gómez y Romero presenta una serie de particularidades que requieren de especial atención de la Cámara y que podrían determinar que nos encontramos frente a una causa armada, en el sentido de que se direccionó la investigación hacia los imputados sin prueba determinante”, según dice el escrito firmado por la directora del Area Justicia y Seguridad del CELS, Paula Litvachky.

El defensor Eduardo Soares, al comienzo del juicio, había pedido la nulidad de la investigación de primera instancia, impulsada por el fiscal Matías Rapazzo, que apeló la absolución que había dictado la jueza de Garantías de Morón Mónica López de Osornio. El caso llegó a su instancia oral y el fiscal del juicio, Marcelo Varona Quintian, mantuvo la acusación y pidió la prisión perpetua de la pareja por los delitos de “robo agravado por el uso de arma de fuego, portación ilegal de arma de guerra y homicidio criminis causae”.

Soares afirmó, luego de los alegatos finales de la defensa y la acusación, que “pedimos la absolución de los dos imputados y también que los jueces del Tribunal Oral Nº 5 dicten la nulidad de varios de los procedimientos que la fiscalía adjuntó como pruebas”. Uno de los argumentos objetados a la fiscalía fue el reconocimiento en rueda de personas. “Antes del reconocimiento, a mí me cortaron el pelo en una celda con una maquinita”, declaró Diego Romero, entre sollozos, al hacer su alegato defensivo en la audiencia.

Soares explicó que se trató de “una maniobra para que Diego se pareciera a la imagen del identikit, que mostraba a un hombre de pelo corto y con barba candado, cuando Diego usa el pelo largo”. Además, el joven nacido en Jujuy, al igual que su esposa, tenía una barba apenas visible porque es prácticamente lampiño. Sobre la mochila, varios testigos dijeron que sabían que Luz y Diego la habían perdido en julio de 2011, en un remís; uno de los dueños de la remisería fue condenado en un juicio anterior por el caso del colectivero Roberto Castillo, que fue asesinado dentro de su casa por una pareja que era acompañada por otras personas que esperaban en un automóvil, en la puerta de la vivienda.

En las audiencias, la pareja acusada y sus familiares fueron acompañados por Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Adolfo Pérez Esquivel, del Servicio Paz y Justicia; Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, y por Vanesa Orieta, la hermana de Luciano Arruga. A pesar del pedido de perpetua que pesa ahora sobre ellos, Luz Gómez es optimista: “Más allá de la resolución, nosotros estamos satisfechos porque dejamos en evidencia que la fiscalía investigó mal. Esto el fiscal no lo vio y se sigue agarrando de una rueda de reconocimiento que tuvo irregularidades”.

Aunque sigue sosteniendo que “no hay pruebas para condenarlos”, Soares está preparándose para lo que pueda pasar en una causa “donde no hay pruebas, pero la acusación se mantiene como si las hubiera”. En ese sentido, anticipó que “después de conocer la resolución (del Tribunal) seguramente vendrán las apelaciones, y nosotros ya hicimos reserva para seguir adelante con el reclamo de inocencia ante todas las instancias superiores e incluso llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, si fuera necesario.