El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerense resolvió que es admisible la apertura del juicio político a las dos fiscales y al juez de Garantías que investigaron la desaparición de Luciano Arruga, hallado enterrado como NN en el cementerio de Chacarita en octubre pasado, tras ser buscado durante casi seis años. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) informó que esta resolución alcanzó a los fiscales Roxana Castelli y Celia Cejas y al juez Gustavo Banco, del Departamento Judicial La Matanza, quienes fueron acusados de haber entorpecido la pesquisa. “A partir de ahora se iniciará el sumario para formalizar la acusación y decidir sobre la actuación de los funcionarios judiciales bonaerenses”, indicó el organismo. Arruga tenía 16 años cuando el 31 de enero de 2009 fue visto por última vez y su familia denunció su desaparición y la vinculó con el accionar de policías bonaerenses, ya que había estado detenido en el destacamento de Lomas del Mirador, donde su hermana, Vanesa Orieta, escuchó que fue torturado porque se negaba a robar para policías. “El proceso de juicio político que se abre con la decisión de hoy será fundamental para ver si el sistema político provincial le exige al Poder Judicial criterios de actuación claros de protección de los derechos humanos para enfrentar las prácticas arraigadas de violencia policial. No puede haber impunidad para los abusos policiales ni tampoco para los funcionarios políticos o judiciales que responden con desidia, formalismos o complicidad”, agregó el CELS.