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La historia de Ivana Rosales, una sobreviviente de la violencia de género y víctima de una Justicia machista llega mañana a la pantalla de la TV Pública. El documental Ella se lo buscó, que aborda el caso de la mujer neuquina, cuyo esposo trató de asesinarla dos veces en la misma noche –primero ahorcándola y luego golpeándola brutalmente con unas piedras– será emitido el sábado a las 13.30, como parte de la programación especial por la conmemoración, el domingo, del Día Internacional de la Mujer. “El de Ivana es un caso paradigmático, de extrema gravedad, de violencia contra las mujeres que refleja la impunidad que reina en casos similares por la complicidad de una Justicia que interviene de manera discriminatoria, perpetuando condiciones que restringen la igualdad sustantiva en nuestro país”, señaló a Página/12 la abogada Edurne Cárdenas del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entidad que la patrocina en una demanda contra el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se trata del primer caso de violencia de género por el cual el país fue denunciado en el fuero internacional.

El título de la película, de la directora cordobesa Susana Nieri (ver aparte), refleja el mensaje que la Justicia dio sobre el intento de femicidio que sufrió Ivana. En 2003, la Cámara Segunda en lo Criminal de la ciudad de Neuquén encontró a su esposo, Mario Garoglio, culpable de “intento de homicidio agravado”, pero lo condenó a cinco años de prisión –menos de la mitad del máximo previsto para ese delito–, porque consideró que hubo “atenuantes” que justificaron su conducta. Supuestamente, ella le había sido infiel. El caso quedó impune porque él nunca cumplió condena –se mantuvo prófugo hasta que prescribió la pena– ni ella pudo apelar el fallo. Hoy, lo sucedido está en estudio ante la CIDH. En la denuncia presentada en 2005 ante la comisión “se plantea que el Estado argentino ha violado distintos derechos humanos reconocidos en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, entre ellos el derecho a la igualdad, a la defensa, a justicia, y a la integridad personal”, explicó Cárdenas.

–¿Qué sensaciones se le despiertan al ver el documental sobre su propia historia?

–Una mezcla de muchas cosas. Impotencia, porque ha pasado más de una década del ataque y del juicio y hoy se sigue viviendo lo mismo. Lo veo en otros casos de mujeres a las que acompañamos a nivel judicial. Hay leyes que no se aplican. Las cabezas de mucha gente de la Justicia no se han abierto. Y también siento dolor por esa criaturita que no está. Mi hija no va a volver y creo que hay cosas que se podrían haber prevenido.

Ivana Rosales tiene 40 años, se ha convertido en activista por los derechos de las mujeres y trabaja en la oficina del Inadi de la ciudad de Neuquén. Se sigue sobreponiendo a las consecuencias de la violencia machista: su hija mayor, Mayka, que había sufrido abusos sexuales por parte de su padre –durante un régimen de visitas que la Justicia no frenó después de que Garoglio intentara asesinar a Ivana–, se suicidó hace poco más de dos años. El hombre fue condenado por abuso sexual de sus hijos a cuatro años de prisión y hace pocos meses recuperó la libertad.

La violencia machista le dejó otras marcas, algunas más visibles que otras: cicatrices en toda la cabeza y el rostro, parálisis facial del lado izquierdo y epilepsia postraumática. Fue como consecuencia de la brutal paliza que recibió de quien era entonces su esposo –empleado jerárquico de una empresa de servicios petroleros–, en la noche del 18 de abril de 2002. Creyéndola muerta, Garoglio fue a su casa, se despidió de los tres hijos de ambos y se entregó en la comisaría de Plo-ttier, localidad en la que todavía vive Ivana, a 25 kilómetros de la ciudad de Neuquén. La policía encontró viva a Ivana. Garoglio quedó preso, pero a los 50 días fue liberado porque la carátula de la causa fue morigerada de “tentativa de homicidio calificada por el vínculo” a “lesiones graves”. Y luego recibió una condena atenuada por argumentos sexistas y discriminatorios, que nunca cumplió.

“El caso de Ivana ocurrió en el año 2002; trece años después, sigue vigente la necesidad imperiosa de realizar programas continuos de capacitación y sensibilización en temas de violencia contra las mujeres, con perspectiva de género, a funcionarios públicos y población en general. Teniendo en cuenta la experiencia vivida por Ivana es importante el compromiso de asegurar la asistencia, participación y acompañamiento de las víctimas en todas las etapas de procesos de violencia de género”, señaló Cárdenas.

–¿Qué medidas de reparación pedirán para Ivana si prospera la demanda?

–Desde que el caso fue presentado ante la CIDH en la Argentina ha habido importantes avances legislativos. Sin dudas la sanción, en 2009, de la Ley Nacional 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. También la sanción de leyes provinciales para adaptar sus normas a la legislación nacional representa un hito. Una agenda de reparaciones orientada a la no repetición de casos como el de Ivana Rosales implica necesariamente un compromiso firme para la implementación de la ley en todo el país. En este sentido, se hace necesario que el Estado nacional y los estados provinciales otorguen presupuestos adecuados a las áreas competentes –indicó Cárdenas.