Un jurado integrado por un ama de casa, dos jubilados, un pedicuro, tres docentes, un fotógrafo, un investigador científico y un técnico del área de salud entre otras personas de diferentes orígenes y actividades, serán los encargados de determinar si es culpable o inocente un joven que mató de un balazo en el pecho a su ex cuñado bebedor y violento. Se trata de un caso complejo, lleno de contradicciones y dudas que deberán ser analizadas por los jueces populares elegidos por sorteo antes de dar su veredicto, en el debut del juicio oral por jurados en la provincia de Buenos Aires. La audiencia, que continuará hoy y mañana, despertó el interés de la familia judicial, que llenó de jueces, fiscales, asistentes y estudiantes avanzados de Derecho la remodelada Sala A de los Tribunales de San Martín. El gobernador bonaerense, Daniel Scioli (ver nota aparte), al apoyar la nueva modalidad de juicio oral en su jurisdicción, llamó a confiar en la “madurez y responsabilidad” de la gente común.

El proceso que llevó a la elección del jurado comenzó meses atrás con un sorteo electrónico, sobre la base del padrón electoral bonaerense, del que surgieron 48 nombres. Del total, ayer, en las primeras cuatro filas de asientos se ubicaron 42 de los convocados. En la apertura del debate, el juez Francisco Pont Vergés, el magistrado “técnico” que coordina el proceso y que fijará la pena en el caso de que el imputado sea declarado “culpable” por los 12 integrantes titulares del jurado, explicó que su misión es brindar asesoramiento a los ciudadanos sobre las normas del proceso judicial y garantizar un desarrollo armonioso.

Pont Vergés calificó de “histórico” el juicio iniciado ayer y les hizo saber, a los 42 aspirantes, previamente a la elección del jurado, también por sorteo, que la fiscal del juicio, Ana María Armetta, y la defensora oficial del único acusado, Verónica Jollice, les iban a formular preguntas para profundizar sobre algunas cuestiones que habían sido abordadas por los candidatos al responder un cuestionario que les fue entregado antes de la apertura de la audiencia.

Dieciocho de los aspirantes tuvieron que responder preguntas puntuales, tanto de Armetta como de Jollice. Las consultas giraron, en algunos casos, sobre el uso de armas, mencionado por varios de los presentes; un hombre mayor aclaró que sólo manipuló armas cuando hizo de joven el Servicio Militar Obligatorio, otro dijo haber sido vigilador privado. Un hombre aseguró que sólo tuvo armas “para salir de caza” en su provincia natal y una mujer aclaró que lo único que accionó alguna vez fue un rifle de aire comprimido.

Aunque no se dio explicación al respecto, las preguntas parecieron apuntar a conocer qué concepto tenían los interrogados acerca de la violencia familiar, la “justicia por mano propia” y otras cuestiones que tienen que ver con el delito que deben juzgar. El hecho ocurrió el 31 de enero de 2014 en Villa Hidalgo, un barrio obrero de la localidad de José León Suárez, en el Partido de San Martín. A las 23.30 de ese día, el imputado Guillermo Alberto Barros, de 28 años, luego de una violenta discusión mató de un balazo en el pecho a Germán Armella, de 30, ex pareja de Claudia Barros, hermana del acusado.

La fiscal quiso saber, al dirigirse a algunos de los aspirantes, si habían buscado información acerca del caso, con el propósito de analizar si ese conocimiento y esa búsqueda pueden haber instalado en ellos una hipótesis firme que pueda rozar el prejuzgamiento. Tanto el juez Pont Vergés como Armetta y Jollice abonaron la idea de la necesidad de dejar de lado los preconceptos en favor de “la imparcialidad que deben tener” sobre la base de que Barros “es inocente hasta que se demuestre lo contrario sobre la base de pruebas concretas y objetivas”.

“No estoy de acuerdo con la justicia por mano propia y entiendo que el juicio es necesario para poder analizar lo que dice cada una de las partes y sacar conclusiones”, fue la respuesta que dio una de las mujeres elegidas, que dijo ser ama de casa. Como cierre de esta etapa, el juez coordinador les preguntó a todos si alguno de ellos consideraba que no debería ser elegido como integrante del jurado. Nadie respondió.

Luego se pasó a un cuarto intermedio, durante el cual se hizo el sorteo que eligió a los 18 miembros del jurado, doce de ellos titulares y los otros seis suplentes. Todos deben concurrir al juicio los tres días previstos y los suplentes pasarán a ser titulares si alguno de los doce primeros tiene algún problema de salud o si es recusado por haber cometido alguna falta grave.

Los 18 tienen prohibido hablar entre ellos antes del día del veredicto; tampoco pueden hacerlo ni con la fiscal ni con la defensora oficial y tampoco, obviamente, con el imputado. Incluso se les aclaró que “no deben hablar ni con su familia, y eso es ahora, durante el juicio y también en el futuro”. Antes de elegir a los 18, la fiscalía y la defensa plantearon ocho recusaciones, sin mencionar la causa, de manera que esos ocho aspirantes quedaron fuera en la previa a la definición.

Durante la interrogatoria que hicieron Armetta y Jollice, ambas se dirigían a los aspirantes citándolos por su número de identificación, 17, 35, 16 o el que correspondiera. Sin embargo, cuando se leyó la lista de los elegidos, se los citó con nombre y apellido. Después se pidió a la prensa mantener el anonimato y se aclaró que la situación no querida se debió a un problema técnico inesperado.

Antes de que comenzara el juicio propiamente dicho, con el llamado a los seis testigos que se presentaron ayer, Pont Vergés les dijo a los jurados elegidos que les tocó en suerte “la tarea más importante para un ciudadano, que es la de establecer si una persona es culpable o inocente del delito que se le imputa”. Insistió en que la decisión que deben tomar tiene que estar fundada “en la prueba escuchada durante el juicio”. Se les aclaró, una vez más, que no pueden dar “ninguna opinión pública ni privada sobre el desarrollo del proceso” ni hablar entre ellos “ni personalmente, ni a través del teléfono o por correo electrónico”.

Al mejor estilo de las películas, la fiscal hizo luego la presentación del caso, desde la óptica de la acusación. Recordó que el imputado Barros está en el banquillo porque se lo considera autor del asesinato de Armella. Dijo que el primero, en la noche del 31 de enero de 2014, estaba buscando a Armella. La rivalidad entre ambos se debía a que Armella tenía antecedentes de violencia familiar en perjuicio de Claudia Barros, su ex pareja, hermana del acusado.

La fiscal desechó el argumento que desarrollará la defensa a lo largo del juicio; Jollice sostuvo a su turno que lo que hizo Barros fue un acto de “legítima defensa”. Armetta, ante el jurado, anticipó que frente a ese argumento, en caso de no prosperar la acusación de homicidio simple, piensa demostrar que cuando menos hubo por parte del imputado “un exceso en la legítima defensa”.

El primer testigo del juicio fue Raúl Daniel Salvatierra, quien tenía buena relación, según dijo, tanto con la víctima como con el victimario. Salvatierra, con evidentes problemas de dicción, relató que la noche del hecho vio a Armella, conocido en el barrio como El Boli, en estado de embriaguez y de muy mal humor.

El testigo aclaró que no vio el desenlace del enfrentamiento entre los dos hombres, aunque escuchó un disparo y cuando fue hacia el lugar, vio a El Boli tirado en el piso con una herida en el pecho. Salvatierra llamó a una ambulancia, pero como pasó media hora sin que nadie llegara, llevó a su amigo al Hospital de Boulogne en una camioneta, acompañado por policías de la seccional cuarta de José León Suárez.

En la información previa, se dijo que el arma utilizada por el imputado por el hecho fue una escopeta de caño recortado. Tres policías que declararon ayer dijeron que en la escena del crimen no se encontró el arma utilizada. Una testigo aseguró que esa noche Armella tuvo un incidente cuando fue a la casa de su ex pareja a llevarle unos regalos a sus hijos, que vivían con la madre.

La mujer declaró que después El Boli se peleó en la calle con un joven y cerca de las diez de la noche, en la casa de la testigo, arrojó por la ventana un arma que llevaba consigo. La testigo dijo primero que el arma que llevaba El Boli era una Itaka y luego se rectificó diciendo que se trataba de una escopeta de aire comprimido. Este punto será aclarado hoy por los peritos balísticos.