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El 17 de septiembre a las ocho de la noche, unos 50 policías sin orden judicial desalojaron a los golpes a 150 aborígenes que vivían, en sus casitas de troncos en La Loma, cerca del pueblo salteño Hipólito Irigoyen. Silvia Cañanima, de la comunidad Ava Guaraní, no estaba allí de pura casualidad. Se enteró cuando todo estaba ocurriendo y corrió con una cámara de fotos para registrar lo que ocurría. Ella sabía, por su militancia social, que ese tipo de testimonio podría servirle paradenunciar los abusos. “Pude fotografiar a los policías de civil y a la gente golpeada. Mi padrastro fue el más afectado, le quebraron las costillas”, repasa. Eso le valió aprietes y amenazas posteriores de policías, que la agarraron en la calle y le advirtieron que no buscara más pruebas o de lo contrario también la arrestarían. “Llevaron a todos detenidos, incluso a mujeres y niños, y salvo los menores quedaron todos presos durante cinco semanas”, denuncia. Silvia, de 21 años, cuenta que la gente expulsada ahora está viviendo “en casas de blancos que les ofrecieron un lugar en el pueblo”. La Loma, el lugar donde tres comunidades indígenas vivieron siempre, dedicados a la siembra y cría de animales y artesanías, está prácticamente desolada. “Un empresario norteamericano, del Ingenio El Tabacal, quiere la zona para plantaciones de caña de azúcar. Además de que es un lugar nuestro, es muy bonito y bastante turístico”, dice. Silvia estaba construyendo su propia casa allí donde ocurrió el desalojo. Mientras tanto seguirá viviendo con sus abuelos, cinco hermanos y los tíos. “Ultimamente comemos día por medio”, dice con increíble naturalidad.