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La Policía detuvo ayer en Merlo, en la provincia de Buenos Aires, a cuatro integrantes de una banda que a fines del mes pasado habría matado en la misma localidad a un remisero y secuestrado a la mujer que viajaba en el remís: en uno de los allanamientos los investigadores encontraron un uniforme de una empresa de seguridad privada y una carpeta con datos sobre la secuestrada: “Lo que ocurrió hoy (por ayer) se debe a que el sistema hasta ahora no fue controlado y todo es posible”, dijo el camarista de San Isidro, Fernando Maroto, quien había denunciado que varias agencias de seguridad “venden información sobre potenciales víctimas”.
Investigadores de la DDI de Mercedes realizaron ayer cuatro allanamientos (dos en Merlo y dos en Moreno) y detuvieron a dos hombres y dos mujeres acusados de integrar la banda que el 25 de setiembre asesinó al remisero Carlos Sánchez, de 60 años, y secuestró a la pasajera que estaba en su vehículo, Susana Contreras, de 45, que estuvo diez días en cautiverio hasta que fue rescatada por la policía.
Contreras, dueña de un local de lencería femenina en Merlo, regresaba el jueves 25 en el remís de Sánchez a su casa del country San Diego, en Moreno, cuando un vehículo los interceptó en la avenida Antártida, a tres cuadras de Rivadavia: “El remisero no frenó y uno de los delincuentes quiso golpearlo con el arma pero se le escapó el tiro, que entró por el hombro izquierdo y atravesó el corazón. El chofer murió al instante; después agarraron de los pelos a la mujer y se la llevaron. Fue un secuestro extorsivo: no era una banda profesional pero desde hacía días seguían a Contreras”, contó una fuente de la DDI, a cargo del caso.
La policía intervino las líneas de la casa de la secuestrada e identificaron un teléfono celular cuando los secuestradores llamaron para pedir a su familia un millón de dólares de rescate (luego bajaron a 300 mil): con esa pista, los investigadores allanaron el sábado 4 una casa ubicada en De la Rivera 978, en Merlo, donde estaba la secuestrada: “Rescatamos a Contreras, que estaba sola y atada a una cama. El celular seguía activo y así localizamos otros domicilios”, explicó la fuente a Página/12.
Por orden del juez Jorge Rodríguez, titular del Juzgado Federal Nº 2 de Morón, la DDI hizo ayer los cuatro allanamientos y detuvo a Gabriel Ortiz (26), su hermano Ismael (19), Anahí Salazar (34) y Marcela Silva (que se encontraba a seis cuadras del lugar de cautiverio). “En una de las casas encontramos un uniforme completo de una empresa de seguridad privada, un plano del comercio de lencería y una carpeta con información sobre Contreras”, señaló un policía. Los investigadores intentan ahora establecer si hay alguna conexión entre la banda y la empresa: “No tiene relación con el country San Diego”, dijeron. También buscan a un entregador y a un quinto integrante que está prófugo.
Según contó una fuente del caso, el uniforme pertenece a una empresa de seguridad privada con sede en General Rodríguez que también ofrece servicios de seguimiento de personas. Su director es un ex integrante de la Bonaerense.
“Para la resolución de los secuestros falta estructura e información y eso tiene que ver con que se descuida la seguridad privada, mucha de la cual está en manos de policías retirados, que recogen información que puede ser derivada a la delincuencia”, había dicho Maroto.