Nueve guardiacárceles comenzaron a ser juzgados por su responsabilidad en las muertes de 35 presos, sucedidas el 7 de noviembre de 2007, mientras estaban alojados en la Cárcel de Varones I de Santiago del Estero. Ese día, los internos prendieron fuego a colchones como protesta por las requisas vejatorias que padecían sus visitas. Las llamas se volvieron incontrolables y se extendieron en varios pabellones. Según las denuncias de sobrevivientes y familiares de las víctimas, los guardias habrían trabado las puertas desde afuera, lo que habría impedido que los detenidos pudieran escapar. Casi ocho años después, sobre esos oficiales pesa la imputación de “homicidio y lesiones culposas”.

La audiencia comenzó poco después de las 10 y se extendió hasta pasadas las 14. Durante esas horas, se leyó la requisitoria fiscal de elevación a juicio del expediente. Los acusados son Mariano Cuellar, Segundo González, Osvaldo Martín, Carlos Sánchez, Adrián Bellido, Carlos Salomón, Juan Coronel, Andrés García y Manuel Ocampo.

Un fuerte operativo de seguridad se montó dentro del edificio de Tribunales, en particular en el tercer piso. Allí se encuentran la sala de audiencias y otras dos que fueron habilitadas para que los familiares de las víctimas, por un lado, y de los acusados, por el otro, puedan seguir las alternativas del juicio oral mediante un circuito cerrado de televisión.

El tribunal a cargo del debate es presidido por José Luis Guzmán, quien está secundado por Federico López Alzogaray y Elida Suárez de Bravo. A partir de hoy, las partes harán sus planteos y más adelante tendrán lugar las indagatorias de los acusados. Está previsto que las indagatorias y testimoniales se lleven a cabo este mes y a lo largo de todo junio.

Los guardias llegaron a esta instancia procesados por supuestos homicidios y lesiones culposas en concurso ideal, luego de que la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones modificara la calificación del delito establecida en 2010, que los acusaba por “abandono de persona seguida de muerte”. La figura de “homicidio culposo” es un delito menor y excarcelable, por lo que ninguno de los guardiacárceles está actualmente detenido.

Los imputados son efectivos del Servicio Penitenciario que trabajaban en la Unidad Penitenciaria 1 de Santiago del Estero. El 4 de noviembre de 2007, pasadas las 18, internos del Pabellón 2 se amotinaron y prendieron fuego a colchones y otros elementos después de una pelea con los guardias.

La protesta se centraba en el recorte en el horario de visitas y el maltrato sufrido durante las requisas por las mujeres que los visitaban, y que eran obligadas a desvestirse. En un primer momento, las autoridades penitenciarias atribuyeron las llamas que se desataron en la unidad a un intento de motín.

El fuego generó un incendio que se descontroló y provocó la muerte de 35 de los detenidos. Las autopsias realizadas por el cuerpo de médicos forenses indicaron que los decesos se produjeron por asfixia, debido a la inhalación del gas que despidieron los colchones de poliuretano. La mayoría de las víctimas perdió la vida dentro del edificio penitenciario; el resto, en el Hospital Regional.

La versión de los sobrevivientes del incendio y la de los familiares de las víctimas coinciden en que los guardiacárceles habrían trabado las puertas de los pabellones desde afuera, lo que habría hecho que los internos no pudieran escapar. También denunciaron que muchos de los presos no murieron por asfixia, sino por golpes propinados por los efectivos.

A varios meses del episodio, un grupo de abogados hizo una visita al penal y se encontró con la penitenciaría en un estado de deterioro alarmante. El informe elaborado por representantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Santiago del Estero, la Asociación de Abogados de Buenos Aires, el Colegio de Abogados de Dolores y el Colegio de Abogados de San Isidro, se refirió al edificio como “muy viejo y deteriorado, con instalaciones eléctricas deplorables y peligrosas, con cables externos y al alcance de la mano”.

Además, precisó que en ese entonces seguían sin estar habilitados los pabellones 1, 2 y 3, que fueron afectados por el incendio, mientras que los lugares donde estaban alojados los internos se encontraban “extraordinariamente superpoblados”.

“Los detenidos en su casi totalidad manifestaron de viva voz ser sometidos a vejámenes diversos: requisas arbitrarias, golpes cotidianos, suspensión arbitraria de sus derechos, como visitas, trabajo, estudio, salidas transitorias, comida, comunicación con el exterior, recreos escasos o nulos”, señaló el informe. A su vez, destacó que los internos entrevistados coincidieron en que “la disciplina interna se establece a los palos”.