SOCIEDAD › JUICIO A UNA MADRE ACUSADA DE DEJAR MORIR AL HIJO
La religión que no alcanzó
Una mujer está acusada de impedir que su hijo fuera tratado del cáncer por convicción religiosa. Podría ser condenada a perpetua.
La mera voluntad de Dios no alcanzó para salvar la vida del chico. Y ahora, Mabel Elizondo está acusada de interrumpir, por motivos religiosos, el tratamiento que debía seguir su hijo, Mauricio Waidatt, de trece años, enfermo de un cáncer de cuello que le provocó la muerte hace dos años. Esta semana se inició el juicio en la ciudad de Córdoba, y en caso de ser hallada culpable, la mujer podría ser condenada a reclusión perpetua, en función de la gravedad que implicaba el vínculo de sangre.
La acusada, de 39 años, es juzgada por la Cámara Primera del Crimen de Córdoba por el delito de “homicidio calificado por el vínculo”. Se la acusa de haber privado a su hijo del tratamiento que necesitaba para sanar del linfoma tumoral maligno que se le detectó en 1998. La mujer, detenida desde el año 2001 en una unidad penitenciaria de la capital mediterránea, es miembro de la Iglesia Evangélica Misionera del Poder y ahora predica desde la cárcel.
Todo comenzó en la ciudad de Río Tercero, cuando a Mauricio le detectaron un tumor en el cuello que resultó ser maligno. Sin embargo, la afección era curable en un 67 por ciento, según lo determinaron los médicos Guillermo Oviedo y Cristóbal Mora, que atendieron al chico en la Clínica Savio de esa ciudad. Recomendaron un tratamiento de quimioterapia en un centro asistencial de la capital provincial. Con el tiempo, los especialistas advirtieron que la enfermedad había avanzado y le preguntaron a la madre de Mauricio si se cumplía con el tratamiento. Por toda respuesta obtuvieron un lacónico comentario: “Todo está en manos de Dios. Hay que seguir rezando”.
Oviedo y Mora decidieron hacer una denuncia ante el juzgado de menores de Río Tercero. Y el juez Fernando Morales ordenó que se realizaran las aplicaciones de quimioterapia que fueran necesarias, en el Hospital de Niños Santísima Trinidad de la ciudad de Córdoba. Mabel se trasladó junto con Mauricio al barrio Ituzaingó de esa capital. Mientras su hijo se trataba en el centro asistencial, ella predicaba en una iglesia de su congregación.
Fue entonces cuando el padre biológico de Mauricio, Ricardo Waidatt, se presentó ante Mabel y le ofreció ayudarla a costear el tratamiento del chico. Pero según asegura nunca obtuvo respuestas. Ricardo y Mabel se conocieron en Río Tercero, durante 1986. Estuvieron de novios durante algunos meses. Ella quedó embarazada de Mauricio, pero la relación se interrumpió. El futuro padre no integraba el mismo culto religioso que ella. Waidatt supo que tenía un hijo cuando Mauricio cumplió cinco años. Ofreció darle su apellido y su madre aceptó.
La jefa del servicio de quimioterapia del Santísima Trinidad, Emma Tramunt, declaró en la primera jornada del juicio que Elizondo “no cumplió” distintas prácticas que le recomendó. “En una oportunidad entró a la sala donde Mauricio estaba internado y le desconectó el suero. Decía que sólo Dios podía ayudarlo. Su actitud era impenetrable, distante para con su hijo. Nunca conocí a una madre que actuara de tal forma ante la enfermedad de un hijo”, contó la médica.
El tratamiento de Mauricio se interrumpía en forma constante por las intervenciones de su madre. En consecuencia, su estado de salud se deterioraba con rapidez. Faltaba a las sesiones de quimioterapia y no tomaba la medicación recetada. En una oportunidad, se sintió mal en el colegio y debió concurrir solo al hospital. Nadie pudo dar con su madre. Finalmente, murió el 3 de agosto de 2001.
El abogado defensor de Mabel Elizondo, Carlos Hairabedian, aseguró a Página/12 que la muerte de Mauricio se debió a que “la obra social PAMI no cumplía con la provisión necesaria de medicamentos ni con la cobertura de las sesiones. La madre tiene fervientes convicciones religiosas, pero nunca le negó a su hijo la asistencia médica que necesitaba. A lo sumo, hubo una actitud dolosa. Pero nunca culposa. En el peor de los casos la pena que le cabe es excarcelable”. Sin embargo, el fiscal de Cámara Marcelo Novillo Corvalán estimó que si se comprueba que existió “una bandono se podría aplicar la máxima pena prevista en el Código Penal: la reclusión perpetua”.
Informe: Leonardo Castillo.