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Un preso de 31 años condenado por robo calificado confesó ayer ante la Justicia haber llamado a los tribunales de San Isidro para amenazar al camarista Fernando Maroto y a la defensora oficial María Gómez. Según declaró, “estaba indignado” porque se le estaba terminando la tarjeta telefónica y no conseguía que nadie lo atendiera para hablar sobre su causa. Sin embargo, el juez Maroto rechazó que el detenido haya sido el autor de los llamados e insistió en responsabilizar a “sectores oscuros” del Servicio Penitenciario como los autores de la amenaza.