“Entraron por la fuerza, parecía más un allanamiento que un desalojo, y en lugar de avisar a los trabajadores que tenían que irse, directamente rompieron la puerta.” Ornella Nociti, representante legal de los empleados del emblemático bar La Robla, del barrio de San Nicolás, contó cómo fue el operativo que dio por tierra con los sueños de recuperar el local mediante una cooperativa. La Policía Federal desalojó por la mañana el lugar pese a que en la Legislatura había dos proyectos de ley para evitar el procedimiento que deja a 21 trabajadores en la calle.

El año pasado, los trabajadores habían formaron una cooperativa para administrar el local gastronómico, ubicado en la esquina de Viamonte y Pasaje del Carmen.

El operativo comenzó a las 5.30 con unos “50 efectivos de la Policía Federal” y según la letrada “todo se realizó de manera irregular y sin cumplir con el protocolo de desalojos, que establece la presencia de una ambulancia y un equipo de zoonosis como también un vallado previo al procedimiento”.

A media mañana los cooperativistas de La Robla continuaban en la puerta del lugar mientras “terminan de arreglar el traslado de los bienes muebles a un depósito, ya que el oficial de justicia dejó a los trabajadores como depositarios judiciales, es decir que autorizó que los trabajadores los tengan en guarda”. Nociti afirmó que denunciarán las irregularidades del operativo y remarcó que “el desalojo está hecho y el juez (Miguel Javier Costas) es intratable, rechazó todos los pedidos de audiencia y nunca quiso recibir a los trabajadores”.

“Ahora lo que intentamos es resolver la situación laboral de los 21 trabajadores, muchos de ellos con más de 10 años de antigüedad, que se quedan en la calle. Intentaremos conseguir un local rápido para alquilar ya que cuentan con esa posibilidad, lo único que pedíamos era tiempo para conseguirlo”, afirmó.

La letrada apuntó además contra el gremio de los gastronómicos, que conduce Luis Barrionuevo, “que no sólo no defiende a los trabajadores, sino que cuando alguien presenta algún reclamo lo entrega y termina siendo despedido por la patronal”. Aseguró que los empleados “no están amparados por este sindicato” y consideró que “Barrionuevo apoyó un paro en contra del Impuesto a las Ganancias cuando el 98 por ciento de los trabajadores del rubro trabajan en relación de dependencia y en condiciones precarizadas”.

El desalojo fue ordenado por el juez Costa, del Juzgado Nacional en lo Civil 93, ante la quiebra de la empresa La Robla SRL. Los trabajadores denuncian que el último titular de la firma, Alex Gordon, comenzó en 2010 “una numerosa serie de maniobras fraudulentas” con el objetivo de realizar el vaciamiento del histórico bar. Ante esta situación, decidieron autogestionarse a partir de agosto del año pasado.

El 14 de mayo último varios legisladores porteños de distintas fuerzas políticas presentaron un proyecto de ley para declarar al bar La Robla como sitio histórico del patrimonio de la Ciudad y así evitar su desalojo.

Con el mismo objetivo también propusieron otro proyecto que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble.