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Hace ya varios meses, Página/12 adelantó que los secuestros extorsivos y express serían la nueva tendencia del delito, tras la exitosa ofensiva contra los desarmaderos y la notoria disminución en el robo a bancos.
Cuando se cumplía un mes del gobierno de Néstor Kirchner, en el marco de dos robos de autos, asesinaron a un joven en Lanús y a otro en Sarandí. Eso provocó que la gente de la zona saliera a la calle y se sumaron, casi en paralelo, dos puebladas en el interior bonaerense. Cuando la cuestión de seguridad levantaba temperatura, el Presidente se metió en la pelea y ante una formación de policías dijo que “esto se debe a policías desleales y a políticos que no están a la altura de los acontecimientos”. La tímida ofensiva que hasta entonces existía contra los desarmaderos –propiedad de policías o ex policías o bien protegidos por los uniformados– se volvió, en cuestión de días, un vendaval. El robo de autos –y en especial las muertes por robos de autos– bajaron casi a la mitad.
Las bandas improvisadas, mayoritariamente de jóvenes, que robaban tres o cuatro autos por día y conseguían en los desarmaderos 300 o 400 pesos por coche, obviamente iban a tener que cambiar de rubro. Y ya entonces este diario insistió en que se iban a dedicar al secuestro express.
Las bandas más organizadas –generalmente integradas o arregladas con policías– también dejaron de apuntar a los bancos porque hoy en día en las cajas es difícil encontrar más de 20.000 pesos y se extremaron las medidas de seguridad. También esas organizaciones resolvieron volcarse a la industria del secuestro.
La fiscal de San Isidro Rita Moreno asegura que entiende en alrededor de 50 casos de secuestros y secuestros express producidos desde agosto, o sea en 90 días. Significa que una sola fiscal –una sola fiscal– registra un secuestro express o extorsivo cada dos días. A ese dato hay que agregar que, según estimaciones de los expertos, sólo se denuncia el 10 por ciento de los casos, lo que habla de que se trata del delito preponderante del momento.
Hace unos días, ocurrieron dos hechos similares en la Capital Federal. La policía perseguía en coche a ladrones, individuos que habían asaltado negocios. En un momento dado, los perseguidos tuvieron que abandonar los vehículos en los que huían. Uno lo dejaron en la Boca y el otro, en una villa porteña. Cuando los uniformados revisaron los autos, se encontraron con secuestrados adentro. El viernes pasado, en Tigre, se realizó un allanamiento y la fiscal Moreno encontró en un solo lugar siete secuestrados, cuatro de ellos “levantados” en un mismo secuestro. Al joven Roberto Sánchez, un humilde distribuidor de galletitas, lo secuestraron en Merlo y apareció en pleno centro porteño, lo que indica que pasaron sin problemas por el operativo cerrojo –al que ya le tomaron el tiempo– instalado en la avenida General Paz.
En el secuestro del joven Pablo Belluscio, seis hombres con fusiles FAL lo interceptaron en Avenida del Libertador, en un operativo que se parece demasiado al secuestro del padre de Leonardo Astrada o al del padre de Cristian Traverso. A su vez, esos operativos se parecen demasiado a operativos policiales y la voz está muy extendida sobre los datos presuntamente aportados por los vigiladores privados de la zona. Asimismo impresiona que se haya descubierto el sitio donde tenían capturados a Astrada –otro secuestrado logró escaparse– y a Florencia Macri, pero igualmente no se avanzó en el esclarecimiento de los casos y, por supuesto, los centenares de miles de dólares pagados por Macri nunca aparecieron.
Esta oleada afecta a miles de familias, en su mayoría de clase media, pero también a sectores humildes. Se han pedido rescates de hasta 150 pesos, por ejemplo. Es casi seguro que no va a ser fácil combatir estas nuevas modalidades, pero será más difícil conseguir resultados si el poder político mira para otro lado y todo queda en manos de las fuerzas deseguridad. Como siempre, los cultores de la mano dura dicen que esto ya es casi igual a la situación colombiana y que requiere, cuándo no, darle mayor poder a la policía e imponer el “orden”. Resulta obvio por la experiencia que ése no es el camino. Por el contrario, seguramente ya llegó el momento de que el gobierno nacional y el bonaerense centren su atención sobre el tema y tanto el Presidente como el gobernador pongan presión sobre funcionarios y policías para que, cuanto antes, se implemente una estrategia inteligente, científica, audaz.
El secuestro, como delito, tiene una ventaja sobre el robo de autos: los secuestradores necesitan a su víctima con vida para poder cobrar. Eso es lo que explica que hasta el momento sólo haya habido dos asesinatos, el de Diego Peralta, en El Jagüel, y el de Juan Manuel Canillas, cerca de la avenida General Paz. Sin embargo, la modalidad se está haciendo tan extendida que, si no se toman medidas, en cualquier momento va a ocurrir un desastre. Y entonces, la reacción puede ser tardía.